El Gobierno saliente del PSOE incumplió el plazo legal para poner en funcionamiento el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias

 

 

 

El Gobierno  que ahora abandona las sedes oficiales de la Comunidad Autónoma se despide con un incumplimiento legal clamoroso: no ha sido capaz de poner en marcha el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias dentro del plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, tal y como exige la disposición adicional segunda de dicha  ley.

 


En efecto, el texto de esta disposición legal es claro e inequívoco:

 

Segunda. Dotación de medios

 

La Administración del Principado de Asturias proveerá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, en un plazo no superior a seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, de los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones.

 


Como la Ley entró en vigor a los tres meses de su publicación en el BOPA, según establece su disposición final quinta, es decir, el 24 de diciembre del 2018, el plazo de seis meses para dotar de medios personales y materiales al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, venció el  pasado 24 de junio.

 


Sin embargo, como es bien conocido, ni el Consejo, ni la cacareada Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, que debería depender del mismo, se encuentran en funcionamiento, ni tan siquiera se ha anunciado plazo alguno para ello.

 


Nueve meses (tres desde que su publicó la ley hasta que entró en vigor, más los seis adicionales)  son un plazo más que suficiente para poder destinar el personal y los recursos necesarios para la puesta en marcha de este nuevo aparato burocrático y si no se ha hecho ello se deberá, seguramente, a la poca gana que tenía el Gobierno del Sr. Fernández de que ese Consejo funcionase o a la intención de mantenerlo desactivado el máximo tiempo posible. Por algo será.

 

 

 

Todo ello contrasta con la exhibición propagandística que en su momento se hizo de la nueva Ley de Transparencia. El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ya denunciaba en junio de 2018 que la Oficina de lucha contra la Corrupción que se regulaba en dicha ley era un instrumento manifiestamente averiado, al dejar su funcionamiento – medios personales y materiales – en manos del Gobierno del Principado. Por entonces decíamos lo siguiente:

 

“La dependencia orgánica directa del Gobierno del Principado, al que debe fiscalizar y cuyas posibles conductas corruptas debe perseguir, mina totalmente la autonomía del Consejo de Transparencia – y, por tanto, de la Oficina Anticorrupción -, al que se priva de la potestad de autoorganización. En efecto, la organización, estructura y funcionamiento del Consejo de Transparencia, debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno (artículo 70), por lo que se deja en manos del Organismo que debe ser controlado y fiscalizado la aprobación de los medios personales y materiales y de los mecanismos de funcionamiento del Órgano fiscalizador. ¿Puede concebirse un grado mayor de desactivación legal de la independencia e imparcialidad del Consejo de Transparencia y de la Oficina de Lucha Contra la Corrupción?

 

Lo llamativo e inquietante del caso es que el Proyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés del Principado de Asturias, haya optado por esta fórmula de captura del Órgano fiscalizador por el fiscalizado, cuando otras leyes muy recientes de otras Comunidades Autónomas, en las que se regulan figuras similares, establecen de forma inequívoca y clara la independencia orgánica de esa Oficinas del Gobierno de turno”

 

 

El tiempo ha venido, lamentablemente, a darnos la razón.

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