Dos soluciones para un mismo problema judicial

El CGPJ archivó en 2006 un expediente a un juez de Gijón por acumular sentencias, frente a los cinco meses de expulsión impuestos a Rosario F. Hevia

LNE

 

¿Influyó lo ocurrido con el juez de Huelva Rafael Tirado y la presión pública ejercida por el «caso Mari Luz» en la sanción impuesta a la magistrada de Gijón Rosario Fernández Hevia o fue del todo independiente? ¿Y el reciente cambio de los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Lo que parece claro es que, influencias o no, existen soluciones opuestas para problemas semejantes.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó en 2006 un expediente abierto a un juez de Gijón por retrasos injustificados en la redacción de sentencias de casos que habían concluido años antes. A primeros de este mes, el mismo órgano de gobierno de los jueces, aunque con miembros recién estrenados, decidió apartar de la carrera durante cinco meses a la magistrada gijonesa Rosario Fernández Hevia, por el mismo motivo. Hevia fue expedientada en junio de 2007 porque arrastraba una bolsa de 148 asuntos -además del trabajo habitual de su Juzgado- que el CGPJ consideraba que, por su antigüedad, deberían haber sido sentenciados ya hacía meses o incluso años. La mayoría eran de 2005 y 2006, aunque había alguno cuyo juicio se había celebrado en 2002 y que aún no tenía fallo definitivo. En el otro caso, el juez, titular de un Juzgado de primera instancia, llegó a acumular 84 casos a fecha de 19 de marzo de 2004, algunos de los cuales habían sido concluidos, es decir, sólo estaban pendientes de la sentencia, en 2001.

En aquella ocasión, el Consejo General del Poder Judicial se basó en una enfermedad que padecía el magistrado, un trastorno depresivo que explicaría los retrasos. El juez, según el expediente abierto por el CGPJ, estaba en tratamiento desde abril de 2003 y, coincidiendo con esto, se produjo una reacción positiva en su trabajo, pero no se consolidó a más largo plazo.

El informe psiquiátrico emitido a petición del instructor del expediente determinó que las sentencias que acumulaba sin dictar eran las que le entrañaban mayor dificultad porque en ellas tenía que aplicar lo que se denomina el «arbitrio judicial», lo que le retrasaba en la toma de decisiones. El especialista concluyó que el juez padecía un trastorno obsesivo-compulsivo, que le generaba ansiedad. En el caso de Fernández Hevia, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó en rueda de prensa que para la sanción se habían tenido en cuenta «las especiales circunstancias médicas que afectan» a la juez, que «aminoran su responsabilidad» en los retrasos.

Fernández Hevia fue sancionada por una falta muy grave y otra grave por retrasos injustificados y hacer caso omiso a los requerimientos del Consejo. Inicialmente, en el caso archivado, el juez gijonés fue expedientado por dos faltas graves. No obstante, tras la instrucción, el CGPJ decidió degradarlas a dos faltas leves, atendiendo a «los esfuerzos del magistrado» para poner al día su Juzgado una vez que obtuvo el alta. Sin embargo, en función de las fechas en que habían tenido lugar los hechos denunciados se consideró que habían prescrito -las faltas leves «caducan» antes que las de mayor gravedad-, con lo que el caso fue archivado directamente. Según fuentes del CGPJ, en enero, de las 148 sentencias que acumulaba Fernández Hevia sólo quedaba sin dictar una veintena.

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