El conflicto de Naval Gijón: los prejubilados exigen garantías en le pago de sus prestaciones

 

Los trabajadores prejubilados de Naval Gijón se concentraron a las puertas del astillero para exigir garantías en el pago de las prestaciones económicas que perciben. Tras la reciente resolución de la Dirección General de Trabajo, dependiente de la Consejería de Industria, que autoriza el cierre del Astillero, las prestaciones correspondientes corren el grave peligro de no ser efectivas y plantean una seria duda al colectivo de los trabajadores afectados.

Tras celebrar una asamblea, los prejubilados, se trasladaron al Astillero con el objetivo de acceder a su interior con el fin de mantener una reunión con la dirección de la empresa pero un fuerte dispositivo policial, situado dentro y fuera del Astillero, les impidió la entrada.

 

Naval Gijón lleva ya varios días desarrollando su actividad a puerta cerrada para impedir cualquier acto de protesta y poder garantizar así la botadura del ultimo buque que se está construyendo en sus dársenas.

 

El colectivo de los trabajadores prejubilados ha denunciado, en numerosas ocasiones, su temor a no percibir las prestaciones como consecuencia del último acuerdo alcanzado entre el Astillero y las federaciones de UGT y de CCOO. El “acuerdo” afecta a la totalidad de la plantilla y ha provocado el despido de todos los trabajadores no prejubilados y el cierre del Astillero.

 

También denunciaron la actitud del Delegado del Gobierno, Antonio Trevín, al que acusan de ser un especialista en convertir los problemas laborales en problemas de orden público, protegiendo a los empresarios y a los políticos, a los que consideran como los verdaderos responsables de la crisis, mientras que reprime con toda la dureza policial posible a los trabajadores.

 

El colectivo de prejubilados se ratifica, y así se ha manifestado, en que no renunciará a sus reivindicaciones y que seguirá manteniendo su posición ante el Gobierno Regional, la Dirección de Naval Gijón y PYMAR hasta que puedan lograr una garantía en las prestaciones económicas a las que tanto la empresa como las autoridades se han comprometido.

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