El gasto en subsidios se dispara, aunque un tercio de los parados no cobra

LNE

 


La nómina de quienes en Asturias reciben prestaciones de desempleo -incluidos todos los tipos de ayudas- se ha disparado un 31 por ciento durante el último año. El pasado noviembre, último mes del que el Gobierno ha facilitado datos, había en la región unas diez mil personas más que en 2007 percibiendo tales subsidios. Y el gasto del sistema público de protección, gestionado por el Servicio Estatal de Empleo (antiguo Inem), ha aumentado un 37 por ciento, hasta superar los 39 millones de euros al mes.

Es el dinero que llega a quienes están inscritos en el paro y cobran bien la prestación contributiva a la que tienen derecho aquellos que pierden su trabajo bien otros subsidios y rentas de inserción. Pero hay una parte también notable de los parados asturianos que no recibe ayudas públicas porque no encaja en los requisitos. Son más de 17.000 personas, casi un tercio del total de desempleados, según la misma información referida al mes de noviembre de 2008.

Entre los que sí cobran, la prestación media mensual es en Asturias de unos 844 euros, ligeramente superior a la media española. Los parados navarros, vascos y catalanes son los que tienen mayores ingresos, presumiblemente porque también son mayores los salarios y las cotizaciones cuando los trabajadores están en activo.

En total, más de 2,2 millones de desempleados españoles cobran subsidios públicos, casi un millón más que un año antes. De ahí que la estabilidad de las cuentas del gestor de tales ayudas esté en entredicho. Lo reconoció ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, al advertir de que el aumento del paro en España hará que el Servicio Público de Empleo Estatal, el antiguo Inem, cierre con déficit el año 2009. «El Gobierno ha de garantizar mediante aportación extraordinaria este déficit, porque el Inem es clave para el pago del seguro de desempleo al 70 por ciento de las personas paradas», señaló Corbacho.

«El Estado ha de garantizar a través de sus Presupuestos Generales que ninguna persona que pierde el trabajo quede sin recibir la percepción, al margen del resultado presupuestario que tenga el Servicio Público de Ocupación», defendió el ministro Corbacho. Y argumentó también que «el actual modelo de percepción contributiva -financiada mediante las aportaciones de empresas y trabajadores en activo- es bueno y no se tiene que modificar».

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