“El salario ya no puede garantizar niveles aceptables de bienestar y seguridad material”

<p>Manuel Aguilar Hendrickson. </p>

Manuel Aguilar Hendrickson, en la Universidad de Oviedo

 

Empecemos por el principio, ¿qué son las políticas sociales? 

 

Podríamos hablar de las políticas sociales en abstracto, pero creo que lo que analizamos y debatimos son los mecanismos, articulados desde lo público, que las sociedades capitalistas desarrolladas fueron poniendo en marcha desde finales del siglo XIX, y más coherentemente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, para hacer compatibles la acumulación de capital, el bienestar material de la gran mayoría de la población y estabilidad política en sistemas políticos de tipo democrático. Eso que llamamos Estado de bienestar o Estado social, entre otros nombres. Se fundamenta en un “círculo virtuoso” entre reivindicación obrera de bienestar material y acumulación de capital en las industrias de consumo masivo.

 

En un mercado de trabajo así, un sistema de garantía de rentas que sólo protege cuando falta el salario (no cuando es insuficiente) pierde mucha de su eficacia protectora

 

Lo que me parece crucial es que no se trata de políticas orientadas a satisfacer necesidades de las personas en abstracto, en cualquier situación, sino en un contexto económico y social muy determinado. El modelo de Estado de bienestar “clásico” fue la forma de cubrir necesidades y proteger frente a riesgos en sociedades de producción industrial masiva, consumo de masas y familia nuclear patriarcal, por resumir mucho. El salario del obrero debía bastar para asegurar el bienestar material de la familia; el Estado debía sustituir el salario cuando se perdía, completarlo en función de las “cargas familiares” del cabeza de familia y producir ciertos bienes públicos básicos, como la educación, la sanidad y, no olvidemos, la vivienda. De los cuidados se ocupaba la otra persona adulta del hogar, es decir, la esposa del trabajador “sustentador del hogar”.

 

Ese Estado de bienestar “clásico” parece estar en crisis desde los años 70. ¿Qué podemos esperar de su desarrollo diz años después de la crisis de 2008? 

 

Desde finales de los 60, y más claramente a partir de los 70 y 80, ese modelo económico entra en crisis y va dando lugar a otro diferente. Pero hay varias cosas que han cambiado profundamente y que ponen en crisis al Estado de bienestar “clásico”, cuyas herramientas no responden bien a nuevos problemas.

 

En mi opinión, el más importante para las políticas sociales es el paso a un modelo de “empleo total”, es decir, de incorporación al empleo remunerado no sólo de los varones cabezas de familia de la época fordista, sino también de las mujeres adultas, que en el modelo clásico “volvían” al hogar al casarse o tener el primer hijo. Esa incorporación se produce, a mi modo de ver, como resultado de otro “círculo virtuoso” entre reivindicación feminista de igualdad y plena participación y necesidades de flexibilidad laboral en el nuevo contexto globalizado.

 

En ese nuevo contexto entran en crisis, en primer lugar, los cuidados, que ya no cuentan con el volumen de trabajo (femenino casi todo) disponible en el viejo modelo familiar. De ahí la “aparición” de nuevas necesidades (habría que decir la emersión de necesidades que antes se cubrían de otro modo) como el cuidado de la primera infancia o los cuidados de larga duración, asuntos clave en la agenda actual de las políticas sociales.

 

Otro de los grandes frentes de crisis del viejo modelo es que, al menos para una parte sustancial de las personas con empleo, el salario ya no puede garantizar niveles aceptables de bienestar y seguridad material. Eso tiene que ver sobre todo con el volumen de trabajo que sectores amplios de la población logran “vender” (empleos de días, a tiempo parcial, etc.), más que con la retribución horaria, aunque ésta también influya. En un mercado de trabajo así, un sistema de garantía de rentas que sólo protege cuando falta el salario (no cuando es insuficiente) pierde mucha de su eficacia protectora.

 

Acaba de publicarse el libro de Sara Mesa Silencio Administrativo sobre los laberintos burocráticos de las prestaciones sociales. Además, el Parlamento Vasco ha estado discutiendo sobre el desarrollo de su Renta de Garantía de Ingresos. ¿Cuál es la situación de estas políticas en España? 

 

Las rentas mínimas son una realidad variada y compleja. Desde sus inicios con el Ingreso Mínimo Familiar vasco en 1989, las rentas mínimas autonómicas han oscilado entre dos polos: un derecho garantizado a un ingreso mínimo, acompañado de ofertas de apoyos para la inserción (con una condicionalidad “limitada”) en un extremo, y unas prestaciones económicas fuertemente condicionadas a seguir un “plan de inserción”, en el otro extremo. En ningún caso han sido totalmente incondicionales, pero los diferentes grados y tipos de condicionalidad hacen a veces difícil tratar a todas las rentas mínimas como la misma cosa. Esa tensión se ha inclinado mayoritariamente hacia la condicionalidad dura (en ocasiones habría que hablar de discrecionalidad en el acceso).

 

La principal excepción a lo largo de estos 30 años ha sido la vasca, claramente situada en el primer modelo, con algunos vaivenes. Navarra y Asturias han sido ejemplos de un modelo intermedio, con elementos de discrecionalidad, pero con cobertura relativamente elevada. Desde 2015 se han producido reformas en varias comunidades que van en esa línea de menor condicionalidad y más cobertura, aunque aún sea pronto para una valoración completa.

 

 la importancia de las rentas mínimas ha aumentado mucho desde la Gran Recesión. Las comunidades han pasado de gastar 440 millones de euros en 2008 a 1.540 millones en 2017

 

Además de sus problemas “internos”, las rentas mínimas arrastran un problema de inserción en la arquitectura general de la protección social en España. Se mueven en el campo de la asistencia social autonómica, cuyo papel sería el de última red subsidiaria de la seguridad social contributiva y no contributiva. Eso requiere un reconocimiento por parte del Estado de ese papel. Pero cuando el Estado decide que se contabilicen las rentas mínimas como ingreso para acceder a la RAI o el subsidio de desempleo, está invirtiendo la subsidiariedad. Cuando el Estado limita prestaciones asistenciales por desempleo en muchos casos está descargando esas situaciones en los programas autonómicos, sin que por ello mejoren los recursos de las comunidades autónomas. La clarificación de responsabilidades y la lealtad institucional son claves cuando se reparten tareas entre niveles de gobierno distintos.

 

Globalmente, la importancia de las rentas mínimas ha aumentado mucho desde la Gran Recesión. Las comunidades han pasado de gastar 440 millones de euros en 2008 a 1.540 millones en 2017. Sin embargo, están lejos de asegurar una protección significativa salvo en el País Vasco, Navarra y Asturias, fundamentalmente. Sin embargo, su cobertura es aún muy insuficiente en la mayoría de los casos.

 

Los debates sobre un sistema de seguridad social basado en una Renta Básica Universal (RBU) tiene precisamente uno de sus frentes en estas deficiencias del sistema actual de rentas mínimas ¿Cuál es su opinión sobre cómo se están produciendo estos debates?

 

El primer problema que veo en el debate sobre la renta básica es que se presenta como una solución sencilla y capaz de resolver de una vez por todas el problema de la pobreza o la inseguridad económica. Sin embargo, cuando se pasa de la idea de la renta básica a su concreción política e institucional, aparecen problemas y aristas que muestran que las cosas no son tan sencillas ni mucho menos.

 

Dos cuestiones que cambian radicalmente el sentido de una RBU es su cuantía y si en paralelo se mantienen las prestaciones y servicios públicos existentes o no. Los defensores de “izquierda” de la RBU suelen defender que se mantengan, los “liberales” o de “derecha” suelen ligarla a su supresión. Es un ejemplo de cómo muchos de los consensos amplios sobre la RBU son más frágiles de lo que parece. Algo parecido sucede cuando se pone sobre la mesa la presión fiscal necesaria para financiarla.

 

En esencia, la idea de la renta básica es la de una garantía de ingresos caracterizada por tres rasgos: universalidad (todo el mundo accede, con independencia del nivel de renta), incondicionalidad e individualización. Los tres rasgos tienen aspectos muy positivos, pero encierran dificultades que a veces se pasan por alto.

 

La universalidad tiene las ventajas de la no estigmatización y ahorrarse la comprobación de ingresos. Sin embargo, la comprobación de ingresos reaparece en toda su intensidad en el sistema fiscal con su presión aumentada, y la universalidad supone redistribuir un volumen mucho mayor de recursos (aunque su efecto neto pueda ser parecido).

 

Hoy conocemos muchos efectos negativos de la condicionalidad, al menos de la condicionalidad “dura”: daños a la salud mental y el bienestar de las personas, focalización en el cumplimiento y no en buscar salidas creativas a los problemas. Sin embargo, la RBU sólo funcionaría si los sectores de la población que “optasen” por no trabajar y vivir “frugalmente” no pasan de un cierto nivel.

 

La individualización supone dar autonomía a los miembros de los hogares rompiendo con la idea (arrastrada del modelo fordista) de que hay un miembro portador de derechos sociales y el resto son “cargas familiares”. Sin embargo, su aplicación estricta supone ignorar las economías de escala que se producen en lo hogares: 600€ para una persona sola no equivalen a 1.800€ para tres que conviven.

 

La individualización supone dar autonomía a los miembros de los hogares rompiendo con la idea de que hay un miembro portador de derechos sociales y el resto son “cargas familiares”

 

Estas dificultades no significan que la universalización, la incondicionalidad o la individualización carezcan de sentido. Pero me llevan a pensar que tiene más recorrido una serie de reformas progresivas en esas tres direcciones que su implantación de golpe en un único dispositivo. Por ejemplo, una asignación universal mensual por hijo a cargo, computable como renta para modularla, sería un inicio de RBU (para una parte de la población). De hecho existe en muchos países. Sería posible rebajar mucho la condicionalidad de las prestaciones de desempleo y de renta mínima sin eliminarla del todo, por ejemplo, considerando la dedicación al estudio o a los cuidados como justificación para rechazar una oferta de empleo. Las prestaciones que toman como referencia el hogar podrían fraccionarse para cada adulto mantendiendo la escala de equivalencia para calcular la cuantía total.   

 

Acaba de pasar otro 8M histórico ¿en qué medida el feminismo puede señalar un camino del desarrollo del Estado de bienestar? 

 

Creo que la posición de las mujeres en el cambio profundo de modelo económico y social al que me refería antes ayuda a explicar la centralidad actual del feminismo. El 8 de marzo es el 1 de mayo del siglo XXI. La flexibilidad/precariedad laboral o la tensión entre trabajo de cuidado y empleo, la cuestión de qué peso y qué papel deben tener cada uno en nuestras vidas, son temas que el feminismo ha abordado porque “afectaban” más directamente a las mujeres pero que van al corazón de las reformas y desarrollos de las políticas sociales para todas las personas que están sobre la mesa.

 

Por último, hay una comunidad bastante activa en twitter de académicos que debate sobre estos temas. ¿Cómo valora este espacio?

 

No me atrevo a juzgar el impacto real de esas conversaciones. La parte más interesante de espacios como Twitter es que, por un lado, pueden ser como los antiguos teletipos de agencia, un flujo de informaciones de interés si sabes seleccionar y no te apabulla el exceso de información. Por otro, a mi me ha permitido recuperar la relación de conversación e intercambio regular con gente con la que la distancia física lo hacía difícil, y entrar en contacto con gente que no conocía. En último término, cada uno somos responsables de cuántas cosas interesantes y cuanta basura aparecen en nuestro timeline.

 

Manuel Aguilar ha centrado en los últimos años su actividad de investigación sobre las transformaciones de los servicios sociales. Nacido en New York en 1958 es uno de los perfiles en redes más activos de especialistas para comentar la realidad de las políticas sociales en España. Es coautor, entre otros, de libros como El salario social sudado (1989) y La caña y el pez (1995).

Manuel Aguilar Hendrickson / Profesor de la Universitat de Barcelona (Escuela de Trabajo Social)

https://ctxt.es/es/20190410/Politica/25450/Alberto-Tena-entrevista-Manuel-Aguilar-Hendrickson-salario-empleo-Universitat-Barcelona-renta-basica-economia.htm

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