Es más grave que una corrida cambiaria

En cualquier caso, en tanto subsiste el sistema capitalista, las crisis siempre la pagan los trabajadores

 

 

En una nota anterior, publicada a fines de marzo, decíamos que el sostenimiento de la demanda basada en alto déficit fiscal y de cuenta corriente, financiados con entrada de capitales especulativos y deuda creciente, era insostenible en el mediano plazo, y agregábamos: “se sabe cómo suele terminar esta historia: llega un punto en que comienza la salida precipitada de los fondos especulativos (en una situación de fragilidad económica el disparador puede ser cualquier elemento que los inversores consideren negativo), con las consecuencias de violentas devaluaciones cambiarias y profundas crisis financieras” (aquí).

 

Pues bien, la salida de capitales se desató mucho antes de lo que preveíamos en esa nota, a partir de la suba de la tasa de interés en EEUU y la agudización de diferencias y tensiones, no solo entre la oposición y el Gobierno, sino al interior de la misma coalición de Cambiemos. Desde que se inició la corrida, el Banco Central perdió el 8% de sus reservas, el peso se devaluó en un solo día (el 3/05) un 8%, y la sangría solo fue frenada, parcialmente, con una suba de la tasa de interés de referencia de 1250 puntos básicos, desde el 27,5% al 40%. Sin embargo, no se trata solo de la corrida cambiaria: también cayeron los bonos de la deuda (el riesgo país aumentó desde 397 a 471 puntos básicos en menos de un mes) y las acciones se derrumbaron. Al momento de escribir esta nota el dólar sube a $23,5 y el Merval se hunde más del 4%. Hasta el presente, más que “volatilidad” hubo caída libre. Y está abierto el escenario para una crisis financiera.

 

Subrayamos: es imposible sostener indefinidamente un elevado déficit de cuenta corriente con entrada de capitales especulativos. Incluso la historia de años recientes muestra que cuando el déficit de cuenta corriente se acerca al 5% del PBI, las crisis llamadas sudden stop (interrupción brusca de la entrada de capitales de portfolio, y salida de los mismos) se hacen casi inevitables. Ocurrió en México 1994, en Tailandia 1997 y en Argentina 2001. El gobierno de Cambiemos apostó a la entrada de esos capitales ofreciéndoles altas rentabilidades con la bicicleta financiera, pero por esta vía no hay salida. Precisamente, en referencia al carry trade, en abril del año pasado escribíamos:

 

“… la entrada de capitales financieros especulativos ahora aprecia la moneda argentina. No es entonces una apreciación que sea expresión de una mejora estructural de la economía, basada en el desarrollo de las fuerzas productivas, en el aumento de la productividad. De hecho, la inversión productiva sigue sin repuntar: en 2016 la inversión bruta fija (medida a precios corrientes) fue de apenas el 14,8% del PBI, el nivel más bajo de la serie del Indec desde 2004. Dada la baja productividad de la industria, muchos empresarios dicen que con este dólar no pueden competir. De ahí también el ataque del Gobierno y las cámaras empresarias al salario –perdió por lo menos seis puntos porcentuales solo en 2016- y a las condiciones de trabajo. Los acuerdos de productividad por sector, realizados con la complicidad de la burocracia sindical, son una muestra. Una vez más se comprueba que la política monetaria “dura” es un arma puesta al servicio del aumento de la explotación del trabajo. La alternativa, de todas maneras, sería una fuerte devaluación, acompañada de una política de contención de salarios” (aquí).

 

Y aunque en 2017 hubo un cierto repunte de la inversión, estamos muy lejos de un crecimiento sostenido de la acumulación de capital productivo.  Por eso el subdesarrollado capitalismo argentino solo puede insertarse en la economía mundial a partir de bajos salarios, y solo en algunas y contadas ramas.

 

En consecuencia, vuelve a plantearse –lo han expresado funcionarios del gobierno- la meta de ganar competitividad con salarios permanentemente devaluados en términos de la moneda mundial. Para esto, el gobierno de Cambiemos, los gobiernos provinciales y las cámaras empresarias intentarán, con la colaboración de la burocracia sindical, mantener los aumentos promedio del 15% frente a una inflación que seguramente superará el 25%. Es lo que el marxismo llama un aumento de la tasa de plusvalía, o sea, de la relación entre la plusvalía (ganancias, intereses, rentas) y el valor de la fuerza de trabajo.

 

De manera que el conflicto en torno al salario está en el centro de la agenda en las próximas semanas. El gobierno y las cámaras patronales amenazarán con la desocupación. Con una economía estancada, o en descenso, aumenta la presión del desempleo sobre la clase trabajadora. En el mismo sentido juega el chantaje de la huelga de inversiones –“si los trabajadores no aceptan tal o cual condición, no invertimos”. A su vez, la suba de la tasa de interés y la salida de capitales ponen presión para llevar adelante un “ajuste” del gasto público. Lo que potenciará la desocupación y debilitará aún más la demanda. Agreguemos que la devaluación aumentará el peso de la deuda externa, que ha crecido sin parar en los dos últimos años.

 

Alternativamente, si la lucha de clases obligase a conceder aumentos salariales, los empresarios descargarán esos aumentos en los precios. Si a su vez la clase obrera recupera salarios con nuevas luchas reivindicativas, se entraría en una espiral inflacionaria, reflejo monetario de la agudización del conflicto entre el capital y el trabajo. Y si la inflación sigue su curso, se desembocaría en una crisis similar a la de finales de los 1980 (que legitimó ante la opinión pública las políticas del menemismo). En esos escenarios, el discurso de la clase dominante es que “los trabajadores y su egoísmo son los culpables de la inflación”.

 

En cualquier caso, en tanto subsiste el sistema capitalista, las crisis siempre la pagan los trabajadores. No es posible superarlas con medidas parciales, o votando alguna ley milagrosa que evite los padecimientos para los millones de personas sometidas a la lógica de la ganancia y del capital. Los problemas de fondo exigen soluciones de fondo, esto es, modificar las relaciones de producción subyacentes, la propiedad privada del capital.

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