Arquitectura de la Desigualdad (93)

Viñeta: Josetxo Ezcurra

 

"El principio de esperanza se concretará solamente cuando la mayoría de la población sea consciente de que sus condiciones de vida no se deben a ningún designio divino ni a ninguna ley natural, sino a la voracidad insaciable de un puñado de potentados, a la riqueza y al poder de los pocos que generan la pobreza e impotencia de los muchos"

Vicente Romano

Porque la desigualdad no es algo natural ni justo, ni es producto de la libertad, como algunos piensan, sino como estamos demostrando a lo largo de estos artículos, fruto de una arquitectura política, social y económica minuciosamente proyectada y planificada para crearla, incrementarla y mantenerla, y con ella, los privilegios de los más ricos y poderosos frente a la miseria de las mayorías sociales. Leonardo Boff, en su artículo "Dónde está hoy el poder en el mundo", asegura: "Hay un hecho que debe preocupar a todos los ciudadanos del mundo: el desplazamiento del poder de los Estados-nación hacia el de unos pocos conglomerados financieros que operan a nivel global, cuyo poder es mayor que el de cualquiera de los Estados tomados individualmente. Estos realmente detentan el poder real en todas sus ramas: financiera, política, tecnológica, comercial, medios de comunicación y militar". Y lo más importante, resalta Boff, es conocer su propósito y su lógica: buscan simplemente ganancias ilimitadas. Sea como sea. A toda costa. De ahí la planificada arquitectura de la desigualdad, para que las normas nacionales y las internacionales favorezcan sus intereses e instauren y conserven la hegemonía ideológica de sus intereses, en detrimento de las propias clases trabajadoras. Leonardo Boff nos documenta que, a nivel mundial, 16 grupos empresariales controlan casi todo el comercio de materias primas (cereales, minerales, energía, tierra y agua). Debido a que toda la industria alimentaria obedece a las leyes del mercado globalizado, los precios de los alimentos suben o bajan a merced de la especulación, quitando a vastas poblaciones pobres el derecho a tener acceso a una alimentación suficiente y saludable.

 

Por ejemplo, la facturación de la empresa Black Rock es de 14 billones de dólares, mientras que el PIB de los Estados Unidos es de 15 billones de dólares y el del pobre Brasil escasamente llega a 1,6 billones de dólares. Estos gigantes planetarios manejan alrededor de 50 billones de dólares, el equivalente a la deuda pública total del planeta. El poder de estas corporaciones es, pues, gigantesco, inmenso, incontrolable. Y a más poder de estas organizaciones, más poder para explotar salvajemente a sus trabajadores/as, y para influir en las decisiones políticas y económicas que les favorezcan. Se necesita pues, imperiosamente, si es que queremos revertir esta peligrosa arquitectura de la desigualdad, poner fin a la impunidad jurídica de las corporaciones, cortar el vínculo entre poder económico y democracia, devolver al sector público todas las empresas de los sectores económicos estratégicos, impedir el acceso corporativo a los bienes comunes de la naturaleza, y poner en cuestión los principios generales de la globalización, así como a los organismos e instituciones que los defienden. Hay que detener los procesos de desmantelamiento del Estado de Bienestar, revertir la privatización de los servicios públicos, denunciar la desregulación económica, regular la apertura comercial de los Estados, e impedir la primacía de los derechos de los inversionistas sobre los derechos humanos. Este capitalismo extremo es la causa de este desmedido poder corporativo que impera hoy en el mundo, y que proyecta sin reparos esta aberrante arquitectura de la desigualdad. Todo ello se adereza con los lobbies empresariales, las puertas giratorias, la ingente maquinaria de la corrupción, y la constante vigilancia de los organismos internacionales que velan por la continuidad de este perverso sistema. 

 

Tenemos a este respecto una idea clara: mientras los mercados sean más potentes que los Estados, y sus contextos legales y normativos (nacionales e internacionales) sean más respetados y defendidos que las fuentes del derecho internacional sobre los derechos humanos, la arquitectura de la desigualdad estará servida. Tenemos que reaccionar ya. Y el mercado laboral, como venimos contando en este bloque temático, es una expresión muy clara donde se plasma y se proyecta esta arquitectura de la inequidad, y de la falta de redistribución de la riqueza. Pero no es la única manifestación: también existen los crímenes corporativos relativos a los fraudes y estafas, crímenes contra los consumidores o clientes, y crímenes medioambientales, que degradan también nuestras condiciones de vida, y contribuyen a la desigualdad en todos sus frentes. Por su parte, la complicidad estatal en todos estos crímenes corporativos se da desde el punto y hora en que los gobernantes abrazan sin fisuras los dogmas neoliberales, y consagran sus políticas en favor del gran capital. En el fondo, se impone una forma de gobierno consistente en someter todas las esferas de la vida a las lógicas del beneficio empresarial y del lucro incesante y maximizado. Hay que recordar que las empresas han necesitado de la acción de respaldo continuada y constante del Estado para garantizar su supervivencia (esto ha podido comprobarse una vez más durante esta última crisis de 2007). Los recientes rescates bancarios representan el episodio más burdo de esta acción de defensa que los Estados ejercen a favor del capital. Los niveles masivos de daño social causados son incalculables, así como los índices de sufrimiento personal y colectivos que estas prácticas han desencadenado. Es desigualdad en estado puro: favorecer a unos y perjudicar a otros, consagrar a unos y sentenciar a otros, defender a unos y atacar a otros. 

 

Las leyes favorecen a los actores empresariales, instalando su imaginario y su hegemonía ideológica, consagrando sus dogmas, identificándose con sus preceptos. Y de todo ello se deriva la miseria generalizada del conjunto de la población. Mientras pensionistas y jubilados en general no pueden llegar a fin de mes, los altos directivos cobran cientos de veces más que sus empleados, y se adjudican indemnizaciones millonarias. Mientras se nos inculcaba que "habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades" (cuando además son ellos los que habían instalado la llamada "cultura del pelotazo"), las empresas incrementaban el saqueo y expolio de los sectores económicos estratégicos, y de los recursos naturales. Mientras los bancos estafaban impunemente a sus clientes (incluso a los más desfavorecidos), eran a su vez los destinatarios de cientos de miles de millones de euros destinados a sus rescates. Y mientras desalojaban a las personas de sus viviendas, ellos eran poseedores de enormes bolsas de viviendas vacías, destinadas a la especulación salvaje. ¿Acaso no son todas ellas manifestaciones de una desbordante desigualdad? Y a la vez que todo ello ocurría, se les abría la puerta grande a las empresas para que entraran a "externalizar" los servicios públicos, en la sanidad, en la educación, en las pensiones, en las universidades, etc. ¿No es esto un trato de favor sin paliativos que expone sin ambages la desigualdad más descarada? Lo podemos resumir de la siguiente forma: la economía política de los gobiernos ha consistido básicamente en favorecer los crímenes de los poderosos. Un aluvión de corporaciones de todo tipo (de telecomunicaciones, de agua, de energía, sanitarias, mediáticas...) campaban a sus anchas en todas las facetas de nuestra vida, con el fin de precarizarla. 

 

Y mientras, como decimos, los Estados se limitan a "gestionar" estos crímenes corporativos, esto es, a defender a las empresas, a extender leyes y normativas a su servicio, a disculpar sus excesos, a proteger su corrupción, y a allanarles el camino para la invasión y desprestigio de lo público. ¿No atenta todo ello contra la más mínima ética de la igualdad? Los Estados y sus gobernantes son los representantes legítimos del pueblo, de la sociedad a la que representan. Por tanto, si ellos se alinean con los que intentan atacar a la sociedad, a las mayorías sociales, al conjunto de la población, únicamente para su enriquecimiento, estamos, simplemente, ante un crimen masivo perpetrado de forma legal. Como las corporaciones no pueden reformarse en su más profunda esencia, hay que presionar desde todos los frentes para que los Gobiernos, los Estados y sus líderes políticos sean capaces de diseñar sistemas legales y normativos que impidan continuar al gran capital por la senda destructiva que nos amenaza, y que consagra y perpetúa esta arquitectura de la desigualdad. Es posible hacerlo. Pero para ello, hemos de romper muros, desmontar mitos y criticar las falacias que envuelven la labor de las empresas, porque con esto podremos conseguir fragilizar su ideario, desmitificar sus mensajes, denunciar sus fines. La criminalidad empresarial ha de ser atacada, y para ello no existe otra manera que diseñar contextos legales que despojen al gran capital de su poder, influencia e impunidad. De lo contrario, la arquitectura de la desigualdad (manifestada aquí sobre todo en el desprecio al trabajo humano y a los recursos naturales, las dos fuentes de riqueza por excelencia) continuará su diabólico crecimiento. Hasta la próxima entrega.

 

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