Arquitectura de la Desigualdad (100)

Fuente Viñeta: https://www.eldiario.es/

 

"Junto a la sostenibilidad ambiental y la lucha por la justicia redistributiva, cualquier agenda de progreso social, que luche por erradicar las diversas formas de explotación indebida de recursos y la marginalización de las personas, debe expresar su compromiso con la igualdad de género y con la equidad o corresponsabilidad en la distribución de las tareas de cuidado de las que depende la reproducción del tejido social y de la especie humana"

Lina Gálvez y Ruth Rubio

 

Otra falacia ligada al neoliberalismo relativa a los mercados de trabajo, que también incide y propaga la desigualdad, tiene que ver con el asunto de la "desregulación" de dichos mercados laborales. Porque como bien lo señalara Samir Amin, la llamada "desregulación" del neoliberalismo no es otra cosa que la regulación que los grandes conglomerados empresariales imponen sobre los mercados, disimulada tras el manto ideológico de una supuesta "desregulación". Traemos a colación en este sentido la cita de entradilla que publicamos en la entrega anterior, donde Daniel Raventós nos decía que "No existen los mercados libres, existen las configuraciones políticas de los mercados". La falacia que nos colocan de salida es la siguiente: "¡Los mercados laborales están muy regulados! ¡Hay que flexibilizarlos!", cuando detrás de esta afirmación, lo que en realidad quieren decir es que no les gusta la orientación de dicha regulación, y quieren establecer otra más favorable hacia las empresas y corporaciones. Es decir, se nos vende una imagen engañosa sobre la necesidad de una desregulación, cuando lo que en verdad se impone es una regulación a la medida de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Un perfecto ejemplo de ello lo podemos encontrar en los innumerables Tratados mal llamados de "libre comercio" que los diferentes países han firmado durante décadas, instigados sobre todo por los grandes lobbies empresariales, que son los primeros interesados en que existan estos perversos instrumentos económicos. En realidad, lo que firmaban eran una serie de condiciones y regulaciones de los mercados a favor de estas grandes empresas. Actualmente, vuelven a la carga con el TPP, el TISA, el CETA y toda la nueva hornada de tratados comerciales que se están firmando, sobre todo en el contexto de la Unión Europea, una comunidad supranacional orientada a favorecer a los grandes capitales, sobre todo financieros. 

 

Para revertir la arquitectura de la desigualdad favorecida por estos instrumentos, de lo que se trata es de que efectivamente la regulación sea verdadera, y sea instituida por un Estado democrático atendiendo a las necesidades del bienestar general de la población, y no, como ocurre con la regulación empresarial actualmente en vigor, a las de la rentabilidad del capital en detrimento de los pueblos y el medio ambiente. Bien, otro asunto sobre el que hay que incidir en el mundo laboral para revertir la arquitectura de la desigualdad es el relativo a lo que pudiéramos denominar como la "pobreza en diferido", es decir, la desigualdad intergeneracional, o si se quiere, el problema del Sistema Público de Pensiones. No insistiremos demasiado no obstante en este asunto, ya que le dedicamos en su momento una serie de artículos propia a este tema, titulada "Hablemos de pensiones", cuya lectura recomiendo a mis lectores y lectoras interesadas. Allí abordamos con profundidad toda la problemática en torno a este asunto, y sus diferentes enfoques y posibilidades. Aquí la arquitectura de la desigualdad se manifiesta en un continuo empobrecimiento y pérdida de poder adquisitivo de los y las pensionistas, que lógicamente hay que atajar dotando a nuestros mayores de unos ingresos mínimamente dignos. La esencia del Sistema de Seguridad Social se ha enfocado a la solidaridad intergeneracional y a los ingresos por cotización, pero este sistema, debido a los azotes propugnados por el neoliberalismo, necesita ser reformado hacia un garantismo que ahora no posee. Las nefastas medidas tomadas por los Gobiernos han provocado su cacareada inviabilidad (otra falacia más), pero como decimos, son parte de una calculada estrategia implementada por el gran capital para hacerlas insostenibles, inviables, míseras e injustas, favoreciendo así los planes privados de pensiones. 

 

Para ello no han dudado en disparar toda la munición que tenían en sus manos, elaborando informes basados en criterios demográficos y otros, que no se sostenían desde un punto de vista científico y social. Es cierto que la evolución demográfica obliga a replantear las bases del modelo, pero ello ha de hacerse desde el punto de vista de considerar la pensión pública como un derecho humano fundamental, y no como una limosna sujeta a mercantilización. Varias contrarreformas llevadas a cabo por los últimos gobiernos del PSOE y del PP han atacado al Sistema Público de Pensiones en sus líneas de flotación básicas, poniéndolo en cuestión y en crisis permanente, lo que ha conducido además a que prácticamente todo el colectivo de pensionistas se echara a las calles para manifestar su protesta pública ante tanta injusticia y desatino. Por su parte, durante los últimos años de gobierno del PP se ha vaciado prácticamente la llamada "hucha" (el Fondo de Reserva) de la Seguridad Social, que servía precisamente para abonar las pensiones y pagas extraordinarias en períodos de crisis del sistema. Esto obedece a la caída de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social, pero es una caída provocada por sus propias políticas, basadas fundamentalmente en las rebajas de las cotizaciones a las empresas, en las bonificaciones y exenciones a las mismas por diferentes conceptos, y en la salvaje precariedad donde han situado las condiciones laborales. Pero como decimos, la pensión pública suficiente debe enfocarse como un derecho fundamental, basada en una cuantía digna y actualizable, y en un sistema de financiación que garantice su sostenibilidad. Hay que desandar el camino andado, derogando las últimas contrarreformas de pensiones, y establecer nuevos sistemas de cotización (basados en nuevos impuestos), así como garantizar desde los PGE (Presupuestos Generales del Estado) su suficiencia económica. 

 

Para el sindicato CGT, los factores que explican el camino hacia el desmantelamiento del Sistema Pública de Pensiones son los siguientes: 

 

1.- En primer lugar nos encontramos que la gran destrucción de puestos de trabajo, las horas extraordinarias no pagadas (y en consecuencia, no declaradas ni cotizadas) y los contratos precarios, suponen una disminución de ingresos de más de 30.000 millones de euros. 

 

2.- El segundo factor es el mercado de trabajo: el empleo nuevo que se genera, sus salarios por debajo de los 750 euros y las cotizaciones de éstos, han hecho entrar en una dinámica que sitúa en tasas negativas los ingresos respecto a los gastos. Es decir, la Seguridad Social ingresa casi 2 puntos menos de lo que se gasta en prestaciones, mensualmente. Las tarifas planas y las exenciones de cotización empresarial hasta los 500 euros, además de las bonificaciones a la creación de empleo, provocan que se deje de ingresar otros 1.500 millones de euros.

 

3.- La otra gran sangría es el mantenimiento de los topes máximos de cotización y las rentas salariales que se exoneran de cotizar, lo que representa una cantidad superior a los 25.000 millones de euros no ingresados por el Sistema Público.

 

4.- Y, en el mismo sentido conservador de todos los gobiernos, tenemos la no equiparación de las bases medias de cotización entre el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) y el Régimen General, que sustrae alrededor de otros 7.000 millones de euros.

 

5.- Por su parte, las subvenciones por bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social han supuesto más de 20.000 millones de euros de ahorro para las empresas, a cambio de crear empleos basura, esto es, precarios, inestables y baratos.

 

6.- Y por último, los últimos recortes en la Ley de la Dependencia han supuesto en cuatro años, desde que el PSOE despidió a cientos de miles de cuidadores y cuidadoras, la pérdida de más de 4.000 millones de euros en cotizaciones. 

 

Claro, con todo este deprimente panorama, es muy fácil lanzar proclamas declarando el fin del Sistema Público de Pensiones por insostenible, aunque más bien debiéramos decir que muere por inanición, es decir, porque no es alimentado. Rompemos los esquemas básicos de la cohesión social, en favor de los sistemas privados de pensiones, dejando a los sistemas públicos como elementos residuales, que es precisamente el gran objetivo que se marca la arquitectura de la desigualdad para este ámbito. Continuaremos en siguientes entregas.

Fuente Viñeta: https://www.eldiario.es/

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