Arquitectura de la Desigualdad (101)

Arquitectura de la Desigualdad (101)

 

"Los modelos de comportamiento en esta sociedad son los arribistas arrogantes, los trepas avariciosos, dispuestos a todo con tal de subir. Esta es la auténtica cara de la “libre empresa”, de la reacción monetarista: la cara de un aventurero sin principios, un ladrón y embustero, un ignorante superficial, un matón en un traje elegante, la personificación de la avaricia y el egoísmo. Esta es la gente que aplaude el cierre de escuelas y hospitales, el recorte de las pensiones y otros gastos “improductivos”, al mismo tiempo que ellos acumulan fortunas sólo con unas llamadas de teléfono, sin producir nada en absoluto en beneficio de la sociedad"

Alan Woods y Ted Grant (“Razón y Revolución”)

 

En el asunto de las pensiones, lo que podemos concluir, a tenor de lo ya expuesto en las últimas entregas, es que es parte de la arquitectura de la desigualdad desplegada en el mundo laboral, que no sólo afecta a la disminución de la riqueza directa de los trabajadores (mediante una agresiva devaluación salarial interna del mundo del trabajo, tanto en salarios como en derechos sociales y laborales), sino también a la riqueza diferida que puedan disfrutar los mismos, una vez se retiren del mundo laboral activo. Todo forma parte de una calculada estrategia para debilitar el Sistema Público de Pensiones, desprestigiándolo, recortándolo, volviéndolo insostenible, y fomentando los planes de pensiones privados. Pero éstos últimos son precisamente los que no son viables, como no lo es ningún derecho fundamental cuando lo transformamos en mercancía para las empresas. En este caso, las empresas son la gran banca privada, que es la primera interesada en que el Sistema Público de Pensiones haga aguas, para reforzar sus planes privados. Pero como nos ilustra Edmundo Fayanás en este artículo para el medio digital Rebelion.org, tenemos muchos ejemplos que desmontan el mantra de los planes de pensiones privados. Valgan los dos siguientes: El golpista General Pinochet, hizo desaparecer el sistema público de pensiones en Chile para transformarlo en un sistema privado. Hoy, miles de pensionistas chilenos toman continuamente las calles protestando por las pensiones privadas, debido a que el 90,75% de las mismas cobran solamente 333 dólares, casi la mitad del salario mínimo chileno. Traducido a nuestro país, esto significaría tener una pensión aproximada de 330 euros mensuales. Ya el dictador en su momento declaró que "la meta es hacer de Chile no una nación de proletarios, sino de emprendedores", lo que enlaza con el siguiente asunto que abordaremos. 

 

El segundo ejemplo que nos pone el autor es que los planes de pensiones privados en España tenían a fecha de septiembre de 2016, una capitalización de 104.580 millones de euros. Los planes de pensiones invertidos en renta variable se han revalorizado en los últimos años una media del 1,36%, y los de renta fija un 1,25%. A esta escasa rentabilidad hay que restarles el 0,8% que se embolsa la banca en concepto de comisión de gestión, que le supone alrededor de 1.830 millones de euros de beneficio anual. Además, hay que quitar el efecto de la inflación acumulada, que a lo largo de los últimos 10 años ha sido del 12,1%. Como consecuencia de todo ello, resulta que nuestras inversiones en fondos de pensiones privados suponen un gran beneficio para la banca, pero una clara pérdida de poder adquisitivo para los participantes en dicha inversión. Pero la gran banca, que no se da por vencida, contrata anualmente a un ejército de economistas, analistas y periodistas, también a políticos que se alinean con su perverso ideario, para intentar convencernos de que el sistema público es insostenible, y que la alternativa viable son sus planes privados de jubilación. Para ello difunden complicados cálculos matemáticos (todos fallidos), alegan la evolución demográfica de la sociedad, argumentan los déficits del sistema de la Seguridad Social (cuando ellos mismos son los que contribuyen a su deterioro, ya que son los promotores de las reformas laborales que devalúan el trabajo y los salarios), e intentan convencernos de que el sistema público será insostenible de aquí a pocos años. Los gobiernos neoliberales se inscriben en estas posturas, y contribuyen con sus políticas y con sus medidas a apoyar las tesis de la banca privada, legitimando la arquitectura de la desigualdad proyectada a estos ámbitos. 

 

Y es que el neoliberalismo golpea en el corazón mismo de la relación capital-trabajo, motor de la imperante desigualdad, haciendo del trabajador (y del pensionista) un ser absolutamente desprotegido, indemne, precario, abandonado a su suerte, lo cual está en consonancia con su más profundo ideario. Su concepto del mundo y de la vida (el neoliberalismo no cree en la sociedad) es salvaje, competitiva, despiadada. Se precarizan las condiciones de trabajo hasta tal nivel de humillación y perversión que las desigualdades no es que aumenten, es que se disparan de forma irracional. Los ejércitos de desempleados aumentan, se les niega la posibilidad de trabajar dignamente, se fragilizan y empobrecen sus condiciones de contratación y de despido. Y como nos dice Marcelo Colussi en este artículo: "Eso desarma, desarticula e inmoviliza mucho más que un ejército de ocupación con armas de alta tecnología". Según datos de la OIT, 2.000 millones de personas en el mundo (es decir, dos tercios del total de trabajadores de todo el planeta) carecen de contrato laboral, no tienen ninguna ley de protección social, no se les permite la sindicalización, y trabajan en las más terribles condiciones laborales, sujetos a todo tipo de abusos y vejaciones. La precariedad laboral barre el planeta, mientras los altos ejecutivos y directivos empresariales cobran en un año lo que sus subordinados no cobran en toda su vida. Hoy día, el 75% de los trabajadores de todo el planeta tiene una escasa o nula cobertura en leyes laborales y protección social (seguros de salud, fondos de pensiones, seguros por maternidad, seguros por incapacidad o desempleo...). Actualmente, el déficit mundial de trabajo decente es precisamente uno de los puntales básicos de la arquitectura de la desigualdad, que atemoriza la fuerza de trabajo y la explota salvajemente para gloria y fortuna de los grandes capitales y de las empresas transnacionales. 

 

¿Y cuál es la alternativa que nos vende esta despiadada sociedad para que podamos llevar una vida digna? Pues está muy clara: ¡Hacernos empresarios! Se viene imponiendo, de un tiempo acá, la que pudiéramos denominar "filosofía emprendedora", como un mantra absoluto de cuáles deben ser nuestras aspiraciones en la vida. Para ello no dudan en demonizar no sólo al empleo público sino también a los empleados públicos, a los funcionarios y al personal laboral de las distintas Administraciones. Crean como una nueva división de ciudadanos, de primera y de segunda categoría: aquéllos que quieren crear riqueza (los emprendedores, los autónomos y los empresarios) y aquéllos que viven de la riqueza creada por otros (los empleados públicos), otro paso en la dirección de ir desprestigiando el sector público, para que todo quede bajo la órbita del sector privado, y disparar aún más las desigualdades. Desde este punto de vista, y mientras van fomentando la disminución de empleados/as públicos en todos los sectores, nos quieren hacer ver que la solución principal para acabar con el desempleo es que cada desempleado/a monte su propia empresa, y se lo "curre" por su cuenta. Falacia total donde las haya. Pero es un mensaje que cala, y ya, de hecho, superamos el número de empresas de Alemania, con una población de personas ocupadas mucho menor que dicho país. Y es que el pensamiento dominante, la conceptualización y la terminología hacen mucho daño en el imaginario colectivo. Por ejemplo, una persona que trabaje cosiendo en casa para grandes multinacionales textiles no es una "emprendedora", sino que está autoexplotada/o. Se trata por tanto de extender un mensaje subliminal que propague la idea de la "responsabilidad" de cada persona en aportar a su sociedad mediante la creación de su propia empresa. 

 

En esa línea irá integrada la idea de "competir" con todos los demás (es decir, con todos los que también han montado una empresa) para sobrevivir, para ser el mejor, para desbancar a los demás. "Emprendedores a cualquier precio", como titula uno de sus artículos Jesús González Pazos, una perversa filosofía que ha de ser abolida. En el fondo, toda esta filosofía del emprendimiento obedece a la construcción de una nueva sociedad con dominio absoluto de los mercados, y totalmente desideologizada. Los Consejos de Administración de los grandes emporios financieros, bancarios y empresariales desean que las grandes mayorías sociales no aspiren a un puesto de trabajo público, sino que deseen ser empresarios, emprendedores. Los mensajes son del tipo de que "Debemos tener iniciativa individual, debemos hacer nuestra propia empresa, debemos ascender en la escala social, debemos enriquecernos, y todo ello a cualquier precio". El Estado y los empleos públicos son un escollo en el camino, y los empleados públicos se presentan como unos inútiles o unos conformistas. Y así, disfrazando su ideología tras la aparente preocupación por el paro galopante que sufrimos, nos proponen una transformación de nuestros valores sociales, para que abandonemos la solidaridad, la cooperación, el bien común, etc., y nos centremos en la competencia, el egoísmo y la insolidaridad. Se nos insta a buscar el éxito empresarial como la mejor manifestación del éxito social y profesional. Pero como ya denunciara el escritor inglés Owen Jones, uno de los objetivos del neoliberalismo en su discurso dominante es "acabar con la clase obrera como fuerza política y económica en la sociedad, reemplazándola por un conjunto de individuos o emprendedores que compiten entre sí por su propio interés". De esa forma acaban también con la noción de bien colectivo, de interés común, abatiendo los pilares más profundos de las sociedades. Continuaremos en siguientes entregas.

 

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