Análisis forense de la crisis financiera española

La Comisión de investigación de la crisis financiera de España del Congreso ha finalizado.

A falta de publicarse las conclusiones, ya se puede analizar las causas de una crisis de la que todavía no hemos salido.

Comparecencia de Rodrigo Rato en la comisión de Investigación

Comparecencia de Rodrigo Rato en la comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España

 

Acaba de concluir en el Congreso de los Diputados la Comisión de investigación de la crisis financiera de España y el programa de asistencia, que se inició el 11 de mayo de 2017. En la comisión han comparecido los principales representantes de las entidades de crédito, representantes de las instituciones reguladoras y supervisoras regionales, estatales y europeas, políticos que participaron de la gestión y administración de entidades o que tomaron decisiones importantes en relación a la crisis, técnicos, académicos, investigadores, y también representantes de los afectados por las malas prácticas y fraudes de estas entidades.

 

Ha permitido concluir que las prácticas llevadas a cabo por parte de los responsables del sistema financiero español han sido corresponsables, junto a factores internacionales, de causar la crisis de tal sistema, que a su vez llevó a una crisis económica que ha hecho un daño social enorme, especialmente entre las capas humildes de la población, que se traduce en elevados niveles de desempleo, pobreza y desigualdad. Además, tales prácticas han afectado a cientos de miles de familias a través de los productos de préstamo y de ahorro que contrataron con estas entidades, habiéndose vulnerado colectivamente sus derechos como consumidores. Por añadidura, el proceso de reestructuración del sector financiero a partir de la quiebra de estas entidades, que ha llevado a una gran concentración del sector y a la práctica desaparición de las cajas de ahorros, ha impuesto unos costes tremendos sobre los ciudadanos españoles. Además del dinero público inyectado en las entidades financieras que no ha sido devuelto, que supera los 60.000 millones de euros, se han impuesto duras medidas de ajuste en el sector público, a los trabajadores, a pensionistas, y a la ciudadanía española generalmente, con el motivo de estabilizar el sistema financiero español y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y la permanencia dentro de la zona del euro, responsabilizando a la mayoría de una crisis que no han provocado.

 

Las oligarquías regionales, y en menor medida estatales, intervinieron y en algunos casos se apropiaron de los órganos directivos de las entidades de crédito, en especial de las cajas, para usarlas en su propio beneficio, tanto político como económico. Estas élites regionales han estado formadas por personas relacionadas con las directivas de las entidades de crédito que, ostentando posiciones empresariales especialmente en el sector inmobiliario y constructor, pero también en otros, intentaron llevar a cabo operaciones que no correspondían con las condiciones de mercado. También formaron parte de estas élites los cargos políticos electos, a menudo de gobiernos autonómicos, que usaron su influencia y/o presencia en los órganos de dirección con retribuciones desaforadas y/o motivaciones políticas, que facilitaron que los directivos de las entidades crediticias para financiar a sus propios gobiernos de forma cuestionable y para financiar a agentes inmobiliarios con el objetivo de que éstos llevaran a cabo operaciones inmobiliarias dudosas y muy a menudo fraudulentas. Las motivaciones de esto fueron diversas: en ocasiones políticas y electorales, en otras para enriquecimiento personal y en algunas sirvió para financiar el propio partido. Por último, formaron parte de estas élites regionales algunos de los directivos de las mismas cajas y bancos, en ocasiones nombrados por los gobiernos autonómicos y sin mucha experiencia previa en el sector. Esas entidades se usaran como la ‘barra libre’ crediticia de estos entramados clientelares y en ocasiones corruptos.


Por su parte, las grandes cajas de Madrid y Barcelona, Caja Madrid y La Caixa, crearon carteras de grandes empresas participadas estratégicas, entrando a formar parte de los consejos de administración de las grandes empresas del Ibex 35. Su objetivo era crear grandes conglomerados empresariales que otorgaran poder político y económico a quien controlara estas entidades financieras. En el caso de Caja Madrid esta fue una de las causas de su agresiva estrategia de inversión y expansión crediticia, y de su posterior fracaso. Bankia, entidad surgida de la fusión de entidades durante la reestructuración del sector, de la que Caja Madrid era parte mayoritaria, sería nacionalizada y forzada a desinvertir su cartera de empresas participadas como condición del Memorando de Entendimiento (MoU) de 2012. La Caixa, a pesar de la disminución de su cartera de participadas, ha salido mejor parada, pudiendo mantener su gran influencia tras la crisis ya en la forma de banco.

 

La responsabilidades de la crisis por tanto recaen sobre los miembros de los órganos de administración y gestión que con sus decisiones hundieron el sector y engañaron a los clientes, sobre aquellos empresarios externos que buscaron tratos de favor, y sobre las instituciones políticas y supervisoras, que no intervinieron para evitar que esto sucediera, y que en muchos casos participaron de las prácticas irregulares y de las actividades ilegales que llevaron a su quiebra, por acción u omisión.

 

En esta comisión se han investigado estas prácticas, con el objetivo de identificar los responsables concretos que generaron la crisis, para que resarzan a la ciudadanía española por el mal generado. También es necesario analizar cuál ha sido el modelo institucional que ha permitido esta gran estafa, para poder alejarnos de él para que esto no vuelva a suceder en España. El resto de este artículo mencionará algunos de las conclusiones y hallazgos de la comisión de forma no exhaustiva, dado que el dictamen del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el que se basa contiene más de 300 páginas.

 

La crisis financiera se gestó en el contexto de una desregulación financiera y de una liberalización en el ámbito de la vivienda y del urbanismo, promovidas a partir del inicio del neoliberalismo en Europa a mediados de los 70, y de la consiguiente entrada de España en la Comunidad Económica Europea a mediados de los 80. Distintos cambios normativos facilitaron tal dinámica clientelar, en especial en el subsector de las cajas, a través de la desregulación de sus actividades crediticias, y de la autorización a su expansión territorial fuera del lugar de origen. Este proceso que se iniciaba, al que se ha denominado ‘bancarización’, iba enfocado a que las cajas compitieran en el mismo mercado que los bancos españoles y europeos.

 

La comisión también ha permitido constatar que se produjo una excesiva exposición el mercado inmobiliario por parte de las entidades de crédito. Estas entidades realizaron una agresiva participación en este mercado, muy a menudo mediante la creación de sociedades participadas que actuaron como promotoras inmobiliarias a las que las mismas entidades otorgaban préstamos. A mediados de los 90 el peso de los créditos en el sector inmobiliario de los bancos era del 31% sobre el total del crédito al sector privado residente y del 59% en el caso de las cajas. En 2009, el peso de los créditos inmobiliarios se había subido en el 57% para los bancos y el 74% para las cajas. En el caso de los bancos, el crecimiento se debía especialmente al crédito a promotores, que pasó desde el 4% al 18% en ese periodo, mientras que para las cajas pasó del 5,5% al 21%.

 

Cabe destacar que las grandes entradas de crédito internacional se acentuaron de forma pronunciada con la entrada en el euro en el año 1999. El euro provocó un persistente déficit por cuenta corriente en España. Cualquier unión monetaria entre regiones necesita del mantenimiento estable de los tipos de cambio reales. Esto significa que la variación de los precios en las distintas regiones debe corresponder a los aumentos de productividad de cada una de ellas más un objetivo de inflación acordado de forma comunitaria, que en el caso de la Eurozona es el objetivo de inflación del 1,9% comprendido en el mandato de estabilidad de precios del BCE.

 

Alemania, a partir de finales de los 90 no respetó este acuerdo y contuvo los salarios significativamente por debajo de este índice (la evolución de los salarios guarda una correlación casi perfecta 1:1 con la evolución de los precios), mientras que España y otros países periféricos superaban este índice por arriba. Tal divergencia entre Alemania y el resto generó una devaluación del tipo de cambio real en Alemania que facilitó que ésta se convirtiera en una gran exportadora de mercancías y capital a sus vecinos de la zona euro. En el caso español tales déficits exteriores se financiaron a través del crédito captado en los mercados mayoristas, que se usó para hinchar la burbuja inmobiliaria.

 

Uno de los ejemplos destacables del desatino llevado a cabo por las entidades en el sector inmobiliario fue la creación por parte de Caixa Catalunya de un complejo entramado inmobiliario al mismo tiempo que se dedicaba a otorgar hipotecas desde la propia entidad. Según declaraciones de su exdirector, Adolf Todó, en la comisión de investigación del Parlament de Catalunya realizada en 2013-14, Procam, el holding inmobiliario de la caja “fue uno de los cinco mayores holdings inmobiliarios de España. A través de este holding de 80 filiales se invirtieron 4.500 millones de euros en actividad promotora en España y el extranjero”.

 

Otro ejemplo de ello fue la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en el periodo entre 2001 y 2008. Según cifras oficiales la entidad tenía un riesgo de entre 11 y 16 mil millones en créditos a sociedades promotoras inmobiliarias. La CAM era partícipe hasta en 66 sociedades y 104 proyectos vinculados al sector inmobiliario. En esos años, según declaraciones de sus propios exdirectivos, la caja avalaba préstamos a constructores con un simple solar rústico, suponiendo que en un par de años su precio se iba a multiplicar como consecuencia de la especulación y la recalificación.

 

Todo este proceso se llevó a cabo con el visto bueno de las entidades reguladoras y supervisoras como el Banco de España y la CNMV a nivel estatal, y el BCE a nivel europeo, los cuales se ha constatado que eran conscientes del enorme riesgo que suponía el modelo de crédito clientelar centrado en el sector inmobiliario. Esta situación solo puede explicarse por la captura de los órganos reguladores por parte de intereses de las élites políticas y económicas, de forma parecida a lo sucedido en las cajas y bancos mismos por parte de las élites autonómicas y locales. Esta dinámica se vio reforzada por la creciente participación de empresas privadas de auditoría externa en la evaluación del riesgo crediticio, y de consultoras que asesoraban estratégicamente a las entidades, generando una carencia total de transparencia y creando situaciones de conflicto de intereses. Empresas como Deloitte y KPMG han sido sancionadas en España por haber realizado infracciones consideradas “muy graves” y “graves” en su actividad auditora de entidades crediticias. Otras, como Boston Consulting Group (BCG), a la que Caixa Catalunya externalizó su toma de decisiones estratégicas, no lo fue a pesar del enorme perjuicio para la entidad y para el sector que provocó su asesoramiento, dado que sus decisiones contribuyeron a la dinámica de inflación de la burbuja y llevaron a la quiebra de Caixa Catalunya.

 

Buena parte de la expansión crediticia se llevó a cabo mediante la concesión de préstamos cuya liquidez provenía de los mercados mayoristas de crédito, mediante la emisión de títulos de deuda de las entidades, muchos de los cuales eran cédulas hipotecarias. La emisión de títulos de deuda se hacía con un plazo de retorno significativamente inferior al que tenían paralelamente los préstamos hipotecarios que servían como garantía.

 

Las entidades de crédito llevaban a cabo una política agresiva de captación de clientes entre sectores vulnerables, ofreciendo préstamos hipotecarios en condiciones abusivas y pasivos híbridos como las cuotas participativas, las preferentes y las subordinadas, sin que en muchos casos estos clientes fueran plenamente conscientes de los riesgos de lo que estaban contratando.

 

Las cifras de desahucios y ejecuciones hipotecarios son un indicador de la laxitud con la que se otorgaban préstamos hipotecarios, y de los abusos que se produjeron en este campo. Durante el periodo anterior a la crisis se concedieron préstamos hipotecarios sin verificación de rentas y los ingresos no eran comprobados. Tampoco se utilizaba la información de la Central de Información de Riesgos para determinar la idoneidad de los clientes para endeudarse. Además, se dieron hipotecas a quien no había tenido capacidad de ahorro previa. Tampoco se consideraba la seguridad del empleo como criterio, dado que se otorgaban los préstamos con demostrar que se había recibido un salario el último mes. Frente al incremento de precios de la vivienda y para tener créditos hipotecarios con una cuota mensual baja, se alargaron los plazos por sobre los 30 o 40 años, llegando a conceder hipotecas hasta de 50 años plazo.

 

Posteriormente, cuando empezó la crisis, los bancos y cajas de ahorros ante la morosidad y falta de pago de las cuotas hipotecarias comenzaron una agresiva campaña de ejecuciones hipotecarias, muchas de ellas fundamentadas en cláusulas abusivas que protegían sus intereses. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde inicio de la crisis en las 2007 y hasta 2017 se han producido cerca de 750 mil desahucios y 585 mil ejecuciones hipotecarias. El 55% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas corresponde a hipotecas constituidas entre 2005 y 2008. Las entidades desplegaron una agresiva estrategia de persecución judicial en contra de los deudores hipotecarios para usufructuar, enriquecerse y aprovecharse de los clientes, amparados en una tolerante política neoliberal de auto-regulación y de vigilancia no invasiva. Esta flagrante agresión se ejecutó a vista de las autoridades regulatorias del Banco de España y del Ministerio de Economía que no protegieron a los consumidores frente a la ejecución de las cláusulas abusivas de cientos de miles de contratos hipotecarios.

 

En el caso de los pasivos híbridos su comercialización fue directamente una estafa premeditada para absorber los ahorros de los clientes para compensar las pérdidas que debían aflorar debido al proceso de reestructuración del sector, todo ello con consentimiento de los reguladores. De hecho, como ha expuesto Andreu Missé en su libro “La gran estafa de las preferentes”, las entidades de crédito colocaron más de 14.000 millones de euros en participaciones preferentes entre su clientela entre octubre de 2008 y septiembre de 2009, cuando se congeló el mercado interbancario, todo ello con aquiescencia del Banco de España. Para las autoridades, la prioridad fue asegurar la solvencia de bancos y cajas, aunque fuera a costa de engañar a los ahorradores para que asumieron las pérdidas de las entidades de su propio bolsillo. De hecho, éstos fueron los primeros en Europa en sufrir un bail-in (el rescate interno llevado a cabo con el dinero de los inversores y ahorradores del mismo banco, que también se aplicó posteriormente en la resolución y venta del Banco Popular), cuando en 2011 vieron que no podían disponer de sus ahorros y que éstos fueron convertidos forzosamente en acciones, tras sufrir fuertes quitas. El Memorando de Entendimiento de 2012 fue la base para infligir ulteriores quitas, que se aplicaron a los ahorradores atrapados en estos productos, que en algunos casos alcanzaron el 70%. En España, las sanciones totales impuestas por la CNMV fueron ridículas comparadas con el volumen total de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas comercializadas entre pequeños ahorradores hasta 2013, que ascendió a más de 42 mil millones de euros

 

Otro caso que cabe mencionar fue el de la salida a bolsa de Bankia, de julio de 2011. Bankia, entidad nacida de la fusión de cajas destacadas como Caja Madrid en la primera ronda de rescates y fusiones llevada a cabo en 2010, prometía bajo la presidencia del flamante Rodrigo Rato, ser una entidad moderna y solvente que pudiera afrontar el futuro con esperanza. La entidad salió a un precio de 3,75 euros por acción, por el cual captó 3.092 millones de euros. En sólo un mes la acción se desplomó más de un 80%. El 60% de los inversores eran minoristas con inversiones de entre 5.000 y los 6.000 euros. La responsabilidad del Gobierno en este caso es clara, dado que aprobó un decreto en febrero de 2011 que la posibilitó la salida a bolsa de Bankia. Las autoridades (CNMV, Banco de España y Ministerio de Economía-FROB) habían aceptado los estado financiero que presentó Bankia en el folleto de salida a bolsa. El propio ex presidente de Bankia, expuso la estrecha relación entre el FROB y Bankia debido a que la entidad estaba intervenida por el FROB como contraprestación a los 4.600 millones que se le habían prestado. Según Rato, el FROB aprobaba con carácter trimestral sus planes, que incluía sus cuentas. Sin embargo, a finales de 2012, con el valor de la acción cercano a cero, el FROB tendría que inyectar otros 17.959 millones de euros para sanear y nacionalizar la entidad.

 

Por su parte, la excúpula de la CAM falseó sus cuentas con el objetivo de saquear la entidad mediante el cobro de bonificaciones ilegales ligadas al buen funcionamiento de la entidad y prejubilaciones millonarias, cuando ésta estaba técnicamente en quiebra. También se habrían realizado operaciones inmobiliarias a través de una sociedad participada, a la que la misma caja habría financiado para construir y adquirir hoteles y parcelas en el Caribe, principalmente en México y República Dominicana, y con la que se desviaban fondos a otras sociedades situados en paraísos fiscales del Caribe. Por otro lado, el expresidente de la entidad Modesto Crespo ha admitido la irregularidad de los cobros de dietas de 300.000 euros anuales a través de una sociedad participada, aceptando 9 meses de cárcel como autor de un delito de apropiación indebida agravada.

 

El último caso sonado que debemos mencionar es el de la resolución y venta del Banco Popular al Santander por un euro en junio de 2017. El proceso se llevó a cabo supuestamente por una crisis de liquidez de la entidad, pero en cambio las declaraciones de los directivos y reguladores en los meses anteriores a su quiebra cuestionaban su solvencia, generando el miedo y la incertidumbre que provocó la huida de depósitos. De hecho a marzo de 2017 el banco no había perdido apenas depósitos respecto al año anterior. Por otro lado todas las auditorías externas e internas, así como los stress test de la EBA mostraban que el banco era solvente. A pesar de todo esto, y sin haberse iniciado aun la fase crítica de huida de depósitos que supuestamente mató al banco de un infarto, el día 31 de mayo Reuters reportó que la presidenta de la Junta Única de Resolución Europea Elke König, avisó a las autoridades europeas de que el Popular “podría ser liquidado si no encuentra compradores”.

 

Posteriormente sabríamos que las administraciones públicas españolas sacaron centenares de millones de euros depositados en el Popular durante los días críticos de su crisis de liquidez. Además, la resolución y venta se llevó a cabo el martes 6 de junio por la noche, pero la huida de depósitos se inició en la semana anterior, por lo que ya con un ratio de cobertura de liquidez por debajo del permitido los supervisores permitieron que el Popular abriera las puertas el lunes. Al día siguiente el BCE declaró que el Popular “quebrará o es probable que quiebre”, por lo que la Junta de Resolución Bancaria puso en marcha una subasta exprés esa misma noche al cierre de los mercados, basándose en un informe de un experto independiente, Deloitte, que afirmó que su valor era de entre 8.200 y 2.000 millones de euros negativos. Ello representa una diferencia de al menos 13.000 millones y de un máximo de 20.000 millones entre la evaluación la externa y las cuentas del banco a marzo de 2017, que declaraban un patrimonio neto de más de 11.000 millones de euros positivos. La resolución llevada a cabo por el Mecanismo Único de Resolución bancaria de la zona euro y las autoridades españolas supuso el bail-in de un total de 6.000 millones de euros en acciones y 2.000 millones en bonos convertibles, preferentes y subordinados en el proceso de venta al Banco Santander. Casualmente, la valoración de Deloitte, que ha permanecido en secreto hasta hace pocos meses y solo se hizo pública parcialmente, permitió realizar un bail-in limpio en el que no se tocara el dinero de la deuda senior y de depositantes. La operación fue coordinada de primera mano entre De Guindos y König, siendo la primera aplicación ‘exitosa’ del bail-in, en un momento en el que el rescate del Monte dei Paschi en Italia había dinamitado la credibilidad de la nueva regulación de la Unión Bancaria que entró en vigor en enero del 2016. La operación desvió la atención de Italia, reforzó la credibilidad de la Unión Bancaria, sumó puntos para De Guindos, que ahora es vicepresidente del BCE, y sobretodo, permitió que continuara la consolidación del sector en favor del Banco de Santander, que absorbió a uno de los bancos tradicionalmente más exitosos en el campo de la banca de empresas medianas, después de ser recapitalizado por sus propios clientes y accionistas, y todo ello por tan solo un euro.

En definitiva, de esta investigación se puede concluir que el sistema financiero necesita un replanteamiento profundo, para que el lucro y el beneficio económico de los directivos dejen de ser protagonistas, y en el que la regulación financiera delimite las actividades de las entidades de crédito. Para ello es necesario que las entidades de crédito adquieran un carácter público y democrático. También queda claro que es necesaria una reforma profunda de la administración del estado, en especial de los cuerpos reguladores y supervisores del sector, para que su captura no vuelva a suceder. También será necesario sustraer de las manos de los agentes privados el rol de tasación, calificación de riesgo y auditoría para evitar la opacidad y el conflicto de intereses presente en esta crisis. Finalmente, será necesario eliminar el neoliberalismo económico engranado en las instituciones europeas, dado que la arquitectura del euro ha generado los desequilibrios que nos han llevado a la crisis, y el corsé de la austeridad impuesto en sus tratados no permite a España salir de ella.

 

Josep Vendrell, Diputado de En Comú Podem
Foto: Dani Gago
https://www.elsaltodiario.com/crisis-financiera/analisis-forense-de-la-crisis-financiera-espanola
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