Desigualdad y nuevos escenarios de la lucha de clases

grafico desigualdad 

La distribución de la renta disponible sobre lo que nos hemos referido en un artículo previo no es la única ni la principal expresión de la desigualdad, hay otras manifestaciones, tanto o más importantes, de una intensa pugna sociopolítica que no se limita a los estrechos márgenes de las diferencias de ingresos.

 

El aumento de la desigualdad de rentas en la última década se da en el marco histórico de una lucha de largo aliento, que comienza con la revolución neoliberal de los años 80 del pasado siglo XX, en la que los más ricos intentan recuperar parte de los porcentajes de la riqueza (expresión contable de los activos o capitales netos, no de las rentas) que acaparaban antes de la Primera Guerra Mundial y durante el periodo de entreguerras. Se trata de una disputa prolongada, aún inacabada, en la que las clases dominantes están consiguiendo apoderarse de una parte creciente de la riqueza a costa de las grandes mayorías sociales. Esa pugna se agudizó a partir del estallido de la crisis global de 2008 y se extendió a la distribución de la renta y a otros muchos aspectos de una crisis socioeconómica y de representación política en la que desaparecidos actores del método, Reagan o Thatcher, han sido reemplazados por dos histriones, Trump y Johnson, y un tropel de líderes ultras que defienden la intensificación de esa guerra por otros métodos y han sustituido la ideología reaccionaria neoliberal por un batiburrillo neosoberanista reaccionario.

En el gráfico anterior (Zucman, 2019) se puede observar con nitidez el punto de inflexión que se produce en los primeros años 80 del siglo XX, tras una larga carrera descendente de medio siglo de la parte de la riqueza nacional que acaparan los más ricos (el 1% de la población), que disminuye desde alrededor del 50% en 1930 hasta poco más del 20% en 1980, momento a partir del cual comienza una nueva ofensiva de los más ricos para recuperar la riqueza perdida. Se trata de un fenómeno global que afecta a los grandes países capitalistas (USA, Reino Unido o Francia) y que acaba alcanzando, a partir de la caída del Muro de Berlín en 1989, a Rusia, el principal heredero de los desaparecidos sistemas de tipo soviético en Europa, y a China, por una vía específica o nacional de convivencia entre su viejo modelo de socialismo real y su nuevo modelo capitalista emergente. Actualmente, el 1% de los más ricos en Rusia acaparan un mayor porcentaje de la riqueza nacional que el percentil más rico de EEUU. Y lo mismo pasa con los más ricos en China, respecto a los de Francia o Reino Unido.

Actualmente, el 1% de los más ricos en Rusia acaparan un mayor porcentaje de la riqueza nacional que el percentil más rico de EEUU. Y lo mismo pasa con los más ricos en China, respecto a los de Francia o Reino Unido

Aclaremos, para eliminar obstáculos innecesarios que pueden entorpecer el examen de los hechos, que el concepto de lucha de clases que utilizamos en este análisis es de carácter instrumental, con unas connotaciones o cargas ideológicas más bien livianas y una vinculación débil con las categorías marxistas y los artefactos teóricos de análisis del modo de producción capitalista excesivamente pesados surgidos a mediados del siglo XIX. La utilización del concepto de lucha de clases sólo sirve aquí para expresar los diferentes conflictos socioeconómicos entre los diferentes sectores o clases sociales existentes en España. Parece conveniente remarcar también, aunque sea obvio, que se intenta describir la desigualdad y el conflicto social en la España actual, es decir, en la compleja sociedad existente en un país capitalista integrado en la UE y la eurozona, con una renta relativamente alta, a pesar de las grandes bolsas de pobreza y exclusión social, un régimen democrático asentado, a pesar de las dudas y la erosión que suponen la corrupción política y la aguda crisis territorial y de representación política que se observa desde 2014, y un Estado de Bienestar relativamente desarrollado, aunque insuficiente en relación a los retos económicos pendientes y a las necesidades de los sectores en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social, que ofrece una menor oferta de bienes públicos y protección social que la de buena parte de los países de nuestro entorno europeo.  

A partir del estallido de la crisis global en 2008, además de la disputa en torno a la distribución de la renta y la riqueza nacional, destacan dos frentes importantes de la lucha de clases en los que se dirimen la extensión y el peso de los bienes públicos y el volumen de las transferencias públicas.  

En el primero de estos frentes, en el que están en juego los bienes públicos, se inició una lucha defensiva prolongada poco después de la aceptación en 2010 por parte del Gobierno Zapatero de la estrategia de austeridad impuesta por las instituciones comunitarias. Se produjo, a partir de entonces, una intensa movilización social en defensa del mantenimiento de los bienes públicos (especialmente, en sanidad y educación), que se intensificó con la vuelta del PP al gobierno, en diciembre de 2011, y sus intentos de dar nuevas vueltas de tuerca a los recortes.

La crisis global que estalla en la economía española en 2008 había reducido sustancialmente los ingresos fiscales y, según los dictados marcados por la ideología económica dominante y las instituciones europeas, era imprescindible recortar el gasto público 

La crisis global que estalla en la economía española en 2008 había reducido sustancialmente los ingresos fiscales y, según los dictados marcados por la ideología económica dominante y las instituciones europeas, era imprescindible recortar el gasto público para conseguir una rápida consolidación fiscal. Lejos de conseguirla en los plazos y ritmos convenidos, los déficits fiscales fueron limados muy lentamente y las políticas de devaluación salarial y austeridad ocasionaron una segunda recesión entre 2011 y 2013. Además, las reformas fiscales regresivas aprobadas consiguieron reducir los costes fiscales de las empresas y de los sectores sociales con mayores niveles de renta y riqueza, logrando así aumentar la rentabilidad empresarial, a costa de reducir los ingresos fiscales y provocar cambios en la carga fiscal que favorecían a las rentas del capital y a los grandes patrimonios y perjudicaban gravemente a las rentas del trabajo. Especialmente, a los salarios más bajos, que se multiplicaron y se erosionaron por la doble vía de incrementar las tasas impositivas del IVA y los impuestos especiales al consumo del alcohol, el tabaco o los hidrocarburos y aprobar nuevas formas de recaudación a través del incremento de las tasas de matriculación en las etapas educativas no obligatorias (a partir de la ESO), los copagos o repagos de los medicamentos y los precios intervenidos de diferentes servicios públicos. Por otra parte, la pérdida de ingresos tributarios vinculada a la segunda recesión y a la nueva pérdida de empleos, salarios y actividad económica impedía financiar el nivel previo de bienes públicos, convirtiendo su deterioro en la coartada perfecta para hacerlos pasto de unos intereses privados que, para ser beneficiados por la subcontratación, los conciertos o la privatización de los segmentos que acreditaban una demanda potencial con capacidad de pago, no dudaban en premiar a la maquinaria política y a los políticos que les cedían tan suculento negocio.

La corrupción aceitó y excitó la imaginación de políticos corrompibles, entusiasmados con una ideología ultraliberal que consideraba dañinos y antieconómicos los bienes públicos y la presión fiscal que hacía factibles esos bienes públicos y la igualdad de oportunidades y la protección social que suponen. El ataque a los bienes públicos por parte de las derechas y los ideólogos neoliberales se extendía a cualquier actuación o intervención económica del Estado que no fueran la desregulación del mercado laboral, reformas contra la progresividad fiscal o salvar bancos y ayudar a empresas y sectores en bancarrota.  

En el segundo frente se produce una lucha defensiva por parte de los sectores directamente amenazados por los recortes de las transferencias públicas de renta que estuvieron acompañados por una mayoría social progresista en la tarea de intentar mantener las más importantes manifestaciones de solidaridad organizada, especialmente la capacidad adquisitiva de las pensiones, pero también los subsidios de desempleo, las rentas mínimas a los hogares y personas en riesgo de pobreza o las rentas destinadas a que las personas dependientes pudieran ser partícipes del Estado de bienestar. Transferencias públicas que estaban amenazadas por las políticas de austeridad y por una creciente competencia fiscal entre los Estados miembros de la eurozona que se concretó en una presión permanente para reducir la carga fiscal de las grandes empresas y las rentas del capital que redujo los ingresos tributarios y las capacidades de financiación pública de las transferencias de renta.

Más de una cuarta parte de la población, alrededor de 13 millones de personas se benefician en España de esas transferencias públicas que permiten reducir de forma significativa la desigualdad primaria de rentas

Más de una cuarta parte de la población, alrededor de 13 millones de personas se benefician en España de esas transferencias públicas que permiten reducir de forma significativa la desigualdad primaria de rentas, antes de las transferencias públicas, que genera el mercado. De este modo, esas desigualdades primarias que en España se asocian a las altas tasas de desempleo y las bajas tasas de actividad y empleo, las reducidas competencias de parte de la población activa y la menor calidad del sistema educativo que la de nuestros principales socios y competidores, son corregidas por políticas redistributivas de gran tamaño que permiten reducir significativamente las desigualdades de renta disponible.

Así, según datos de la OCDE, aunque las desigualdades de renta en 2016 medidas por el Índice Gini de mercado (antes de las transferencias públicas) eran similares (escala 0 a 100) en EEUU (50,7), Reino Unido (50,6) y Zona Euro (50,3), tras las transferencias públicas se reducían de forma notable, aunque con una intensidad muy diferente según el peso de esas transferencias y, por tanto, de la mayor o menor presión fiscal para financiarlas: el Índice Gini tras las trasferencias públicas se reducía a 30,4 en la Zona Euro, mientras RU (39,1) o EEUU (48,8) mantenían niveles de desigualdad de la renta disponible mucho más elevados. Y algo parecido ocurría en el interior de la eurozona, con niveles de desigualdad, antes de las trasferencias públicas, muy altos y parecidos en Alemania (50,4), Francia (51,6), España (51,6) o Italia (51,7), pero el importante volumen de las transferencia públicas hacía que las desigualdades disminuyeran en todos los casos, aunque de forma muy desigual, en función de los diferentes niveles de las trasferencias públicas: en España, el Índice Gini de la renta disponible caía hasta el 34,1 y expresaba mayores niveles de desigualdad que en Italia (32,8), Alemania (29,3) o Francia (29,1).

La conclusión es tan sencilla como contundente, la intensidad de la desigualdad está íntimamente vinculada a los bienes públicos y al volumen de las trasferencias públicas existentes y, por tanto, a los niveles de presión fiscal que permiten su financiación. Ambos, bienes públicos y transferencias del Estado, constituyen los grandes pilares de la solidaridad, la cohesión social, la estabilidad sociopolítica y la igualdad de oportunidades. Sin ellos, las identidades patrióticas y la adhesión de la población a esas identidades se quedan en fórmulas vacías de contenido o en señuelos que tratan de asegurar una unión nacional sustentada en el aire de los símbolos patrióticos. De los datos anteriores, cabe extraer otras lecciones importantes: ni todos los modelos existentes del sistema capitalista son iguales o intercambiables ni todas las sociedades tienen el mismo grado de aceptación de la desigualdad de rentas y oportunidades, por mucho que el sistema capitalista se mueva con la misma lógica de acumulación o reproducción ampliada del capital y aliente las mismas tendencias a la concentración del capital y la polarización de rentas y riquezas.

La intensidad de la desigualdad está íntimamente vinculada a los bienes públicos y al volumen de las trasferencias públicas existentes y, por tanto, a los niveles de presión fiscal que permiten su financiación

Las dos luchas mencionadas, en torno a los bienes públicos y la redistribución de la renta que realiza el sector público a través de las transferencias, responden a los intereses de la mayoría social y a los valores de la ciudadanía progresista. Y están estrechamente vinculadas a la reafirmación de los derechos humanos, las libertades democráticas y la ampliación de derechos que hace a todos los seres humanos libres e iguales frente a los sectores reaccionarios que quieren imponer sus ideas, creencias, intolerancias e identidades excluyentes al conjunto de la sociedad.  

A las manifestaciones principales de la lucha de clases en los centros de trabajo o vinculadas a la negociación colectiva o a su limitación, tanto en lo que se refiere a los tradicionales conflictos y objetivos sindicales como a los más recientes (igualdad de género, responsabilidad social y ecológica de la acción empresarial, fórmulas de participación democrática en la gestión de la empresa…) hay que sumar las disputas en torno a los bienes públicos y a la redistribución de la renta que realiza el Estado a favor de los sectores sociales más necesitados, que son precisamente los que presentan los menores niveles de organización o expresión y mediación sindical y política. Se trata de nuevos escenarios de la lucha de clases que ya no competen en exclusiva ni principalmente a los sindicatos y obligan a éstos a subrayar su vertiente y acción sociopolíticas, emprender la búsqueda de compañeros y compañeras de viaje en la mayoría social no sindicada y participar en el impulso de las alianzas entre fuerzas políticas progresistas y su cooperación con los movimientos sociales.

En el tercer y último artículo de esta serie, centrada en el análisis de los diferentes escenarios y formas de lucha contra la desigualdad, me referiré a los grandes cambios o transiciones en las que está embarcada la economía mundial, en los terrenos demográfico, tecnológico y energético, que están empezando a suponer ya una nueva y enorme presión contra el nivel de vida de la mayoría social que favorece un reforzamiento de las tendencias al aumento de la desigualdad y un desafío mayor para las fuerzas progresistas y de izquierdas que intentan gestionar esos cambios e impedir que sigan su curso natural y descarguen sus costes y riesgos sobre la mayoría social.

Gabriel Flores
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/desigualdad-nuevos-escenarios-lucha-clases/20190905094906165873.html
Top