Asturias, la administración pervertida o cómo instalar un fraude de ley masivo en el corazón del sistema

La diputada Alejandra Cuétara se queda con esta cara ante el fraude de ley de las empresas públicas


 Asturbulla

 

La negativa del gobierno asturiano a enseñar las cuentas y documentos de sociedades  y entes públicos como Recrea, Sedes, Gispasa, Vipasa, RTPA, Serpa, Sogepsa, creadas para gestionar dinero público, sin controles públicos, reales -¿para qué están los diputados de la oposición?- con el pretexto de mejorar la “agilidad”, la “eficacia” y la “calidad” de los servicios, debería conducir todas las miradas, en un momento de crisis, hacia la forma en que la administración pública asturiana gestiona cantidades ingentes de dinero que procede de los bolsillos de todos los ciudadanos.

 

Cuando se alegan los más burdos pretextos para negar a los representantes del pueblo la información sobre cómo se gestiona lo público, y esto se hace de manera masiva y sistemática, llega el momento de que se ponga sobre la mesa la posibilidad de iniciar algún tipo de actuación en defensa del interés general, y contra lo que parece un fraude de ley a gran escala, realizado en un ámbito, el público, en el que por definición, el fraude de ley no es posible, dado que precisamente es la administración pública, la encargada de conseguir que las leyes se cumplan, pues ella es la que tiene la obligación de hacerlas cumplir

 

El fraude de ley es uno de los motivos constantes de conversación entre las personas preocupadas por la marcha de los asuntos públicos, en un país, en el que se ha producido un proceso masivo de transferecia de competencias del Estado a las comunidades autónomas, que a su vez han recibido, a través de los estatutos de autonomía, buena parte de las posibilidades del control que tenían las Cortes Españolas, a los parlamentos autonómicos.

 

Los delitos contra la administración pública, es decir aquellos que se cometen genéricamente en detrimento de los principios constitucionales que inspiran la gestión de lo público, son aquellos que violan el necesario sometimiento de la administración a las leyes y al derecho, y se resumen en cuantro tipos, la prevaricación, el cohecho, la malversación y el tráfico de influencias, pero no hay sin embargo, hasta donde se me alcanza, ningún tipo, fuera de estos cuatro, que defina la consciente y deliberada violación de las leyes, que se ejecuta cuando alegando unos fines de interés general, se crean empresas públicas de derecho privado, con la única intención de evitar la aplicación del control parlamentario del sometimiento a las leyes de los actos de las autoridades.

 

Es como si el ordenamiento jurídico español, estuvise concebido, en cuanto a la violación de las leyes, mediente su burla deliberada, sólo para evitar y castigar el fraude cometido por los particulares, puesto que el fraude de ley es un supuesto perseguido en el ámbito del derecho civil, y especialmente en el tributario, pero que carece de las necesarias cautelas en el derecho administrativo que rige la gestión de lo público. Al menos yo no veo el camino legal, salvo un interminable procedimiento, caso por caso, que no lleva a ninguna parte, pues siempre resultará imposible, o casi, probar el animus fraudendi en este ámbito. Siempre habrá quien diga que lo que se persigue, por mucho que al final se haya malversado, es la maldita “agilidad” que siempre se invoca como vil pretexto.

 

Los contratos públicos, deben atenerse, por definición, al interés general, y tienen que ofrecer igualdad de oportunidades a los contratistas, amén de ser homogéneos en sus formas, por lo que se establece que en ningún caso pueden violar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, que los diferencian de los contratos privados, en los que rige el interés particular, como es lógico, pues las empresas privadas son instituciones creadas para canalizar los intereses particulares.

 

Si Recrea, Sedes, Gispasa, Vipasa, la RTPA, Serpa, Sogepsa y compañía, basan su “agilidad” en que adjudican sus contratos a quien les da la gana, de la manera en que a quien sea le sale de las glándulas -por poner un ejemplo: ¿cómo se adjudican los fondos de los convenios que firma la TPA con el propio gobierno, y eso que ni siquiera es una sociedad anónima?,- sin publicidad, sin concurrencia, de manera desigual, y discriminando a los ciudadanos en el acceso a esos contratos, y encima, niegan la información a la oposición parlamentaria, alegando en muchos casos que son empresas privadas, a la vista está que la “agilidad” importa muy poco, y que lo que se persigue con la creación de tales sociedades y entes descentralizados, no es otra cosa que violar las leyes defraudándolas a gran escala, con la intención de imponer la opacidad en la gestión del dinero público, confiando la gestión a personas nombradas a dedo, y evitar que el pueblo soberano tenga acceso a la información pública, no ya directamente como ahora se discute en Europa, sino incluso a través de sus diputados electos, a los que también se niega la información.

 

Si no estamos ante un fraude masivo, que abre una enorme puerta a la corrupción y a la sospecha, que se está realizando de manera masiva, a la vista de todo el mundo, en un momento de crisis económica sin parangón, que baje Dios y lo vea. En estas condiciones, y ante la enorme gravedad de los hechos, se pone de manifiesto que la clase política española está incurriendo en una responsabilidad que va muchísimo más allá del enorme despilfarro que supone su mera existencia multiplicada entre los dicecisiete cacicatos autonómicos, pues mucho más grave que su mera existencia y financiación como clase, es la enorme y oculta responsabilidad que se genere a partir de las desmesuradas cifras que administra de manera claramente ilegal y oscura, amparándose en lo que a todas luces es un desproporcionado y masivo fraude de ley.

 

Luego, el catedrático Óscar Rodríguez Buznego, que suele participar en numerosas tribunasde la partitocracia gobernante, nos cuenta en La Nueva España que a los ciudadanos no nos interesa la política. No veo, en ningún periódico, opinión alguna de nuestros catedráticos, sobre los fraudes de ley a gran escala de la partitocracia, concretado en Asturias en asuntos tan clamorosos, como éste de las sociedades públicas y entes públicos, o el de la elaboración, diseño y aprobación de estrategias regionales globales que se ocultan a la vista de los ciudadanos y los parlamentos, como es el caso de la Estrategia Energética del Principado de Asturias. ¿Cómo van a preocuparse de la política aquellos a quienes los políticos les esconden la información y les arrebatan su derecho a la participación, sin dejar resquicios legales aparentes para la persecución de estos infames comportamientos? ¿Dónden están escondidos los expertos en ciencia política, derecho político, derecho administrativo y libertades públicas, que no abren los ojos a la ciudadanía sobre los caminos para recuperar la calidad de un régimen con enormes zonas de sombra y contaminaciones autoritarias, represivas, en los que a todas luces florece la corrupción, puesto que carecemos ya, incluso de mecanismos de control parlamentario?

 

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