Democracia: asignatura pendiente

España no está entre los 25 países de la UE que cuentan con una ley que permita a los ciudadanos acceder a la información pública

Público

 

 

Hace algunos años, en desarrollo de mi labor periodística, solicité a varios ministerios información sobre sus gastos en papelería. Me había llegado el rumor de que el suministro de papel se estaba contratando a un sobreprecio exorbitado con determinada empresa, y quería verificarlo. Los responsables de prensa de los ministerios se quedaban estupefactos con mi petición –que seguro se les antojaba estrafalaria– y, tras consultarlo con sus superiores, me soltaban el mismo estribillo: “Lo sentimos, eso es información interna”. De nada valieron mis argumentos de que la información del Estado ha de ser pública, salvo que tenga la consideración de clasificada y siempre que respete la normativa de protección de datos.


Nada ha cambiado desde entonces. Seguimos careciendo de una ley específica que permita, no sólo a los periodistas, sino a cualquier ciudadano, acceder a la información pública. España no está entre los 25 países de la UE y los 70 del mundo (incluidos Azerbayán o Zimbabue) que cuentan con una legislación en tal sentido. Zapatero se comprometió a impulsarla en sus programas electorales de 2004 y 2008, pero ha incumplido.
Una ley de libertad de información no garantiza que ésta se ejercite efectivamente. La norma de Estados Unidos cuenta de entrada con nueve excepciones y su cumplimiento está sujeto en buena medida al arbitrio del presidente de turno. George W. Bush recortó la libertad de información con el pretexto de los atentados del 11-S. Sin embargo, con todas sus limitaciones, lo mínimo que se puede exigir a una democracia moderna es una ley que regule el derecho de los ciudadanos a saber qué hace el Gobierno sufragado con los impuestos de todos.


Pero ello no basta. En el contexto de la actual crisis financiera, son muchos los ciudadanos que reclaman un cambio de modelo social. Frente a la democracia representativa –que limita el papel del ciudadano a unas citas periódicas con las urnas–, quieren una más directa, sea de índole participativa o deliberativa. En algunas circunscripciones británicas se están ensayando ya esas fórmulas. No estaría mal que Zapatero, que llegó al poder con promesas de transparencia y de desarrollo democrático, incursionara también en ese territorio. Los ciudadanos aceptan cada vez menos que se les trate en materia democrática como a críos: que se les invite a consumir como única receta contra la crisis, o que se utilice su dinero en planes de rescate financiero de los que se les hurta toda información.

 

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