Bótalos, ¡qué menos!

El PP y el PSOE salpicados por casos de corrupción, enseñan de un modo diáfano en qué consiste el bipartidismo en un sistema corrupto

 

La corrupción acecha de un modo severo al PP y al PSOE, las dos columnas vertebrales del sistema político. No hay día sin noticias de casos donde algún concejal, alcalde o consejero, hayan hecho uso de su cargo público para enriquecerse. En “Leer más”, facilitamos algunos de ellos, pero, como se podrán imaginar, no serán los últimos. El problema es el sistema, las constructoras que han financiado irregularidades y enriquecimientos ilícitos, repartiendo dinero a los políticos y a las arcas de los partidos. Las empresas son las que de verdad han puesto y quitado gobiernos, como manda el catecismo del capitalismo.


PSOE

PINTO

Algo más de 10.000 euros en una relojería de Sevilla. 580 euros de un móvil. Una factura de casi 700 euros en ropa de caballero. La cuenta de un hotel sevillano que supera los 500 euros. 350 botellas de vino por las que se pagaron más de 5.000 euros. Todo eso se cargó a las cuentas de la empresa municipal de servicios de Pinto (Aserpinto) entre 2005 y 2006, cuando el máximo responsable de la sociedad pública era el que fuera alcalde del municipio, el socialista Antonio Fernández.
Fernández, regidor entre 1995 y 2005 y presidente de Aserpinto hasta enero de 2007, fue denunciado por la Fiscalía de Madrid por enriquecimiento ilícito ante la Audiencia Provincial, que finalmente archivó el caso.
No son las únicas facturas. El PP de la localidad presentó ayer medio centenar de ellas, abonadas tanto en efectivo como con la tarjeta de la empresa municipal. Entre ellas hay pagos de hoteles y compras de ropa. En la relación de facturas hay también pequeños gastos: una visita al estadio Bernabeu y al Museo Thyssen o las consumiciones de un bar en Málaga. EL PAÍS intentó ayer sin éxito conocer la opinión de Fernández.
Sin embargo, la oposición de Pinto fracasó ayer en su intento de que estas facturas, sean enviadas al Tribunal de Cuentas para su estudio. El pleno, con los votos de los tres partidos que conforman el gobierno municipal, PSOE, IU y Juntos por Pinto, tumbó ayer la petición.
La tarjeta de crédito de Aserpinto no abandonó su actividad frenética durante el gobierno del PP en la ciudad. Entre enero y junio del pasado año se cargaron 14.292 euros a esta tarjeta, que también utilizaba el consejero delegado de Aserpinto, Julio López Madera.

 

 


BAENA


En el Ayuntamiento de Baena, regido por el senador socialista Luis Moreno, se ha descubierto una sistema de facturas falsas que servía para financiar los pagos en un exclusivo club de alterne a varios cargos del Consistorio. El alcalde podría tener conocimiento de los hechos.
La trama de está siendo investigada por la Guardia Civil a instancias del Juzgado de Instrucción número uno de la localidad.
Las facturas falsas básicamente se conseguían en la emisión de facturas a nombre del Ayuntamiento en las que aparecían una serie de trabajos inexistentes. Posteriormente, una vez blanqueado el dinero, algunos cargos utilizaban estos fondos para acudir a exclusivos clubes de alterne en Puerto Banús como el Milady Place así como para otros caprichos.
Según las escuchas telefónicas de la Guardia Civil, el coordinador de esta red sería el secretario del alcalde, Rafael Santano, acusado de malversación de caudales públicos o falsificación de documentos, entre otros delitos.
Pero la Benemérita dice en su informe que Luis Moreno "parece estar al tanto" de las "anomalías" contables. De hecho, subrayan que "pudieran haberse utilizado viajes inexistentes para tapar o camuflar las cuentas, estando asimismo el alcalde en conocimiento de esta irregularidad".
En una conversación pinchada entre el alcalde y su secretario, el regidor le dice: "las cuentas llévalas mejor, ¿eh? Las cuentas de la otra vez son infumables". "Vamos a ver, esas cuentas pueden dar un mal rato en cualquier momento, así que nunca mais", sentencia Moreno.
Pero Santano le replica y subraya que "pero que no, no voy a hacer yo algo que nos pillen por un viaje, habremos hecho cosas peores".
Durante las grabaciones de la Guardia Civil, también se ve la preocupación del secretario por no utilizar nunca su dinero, aunque fuera sólo de adelanto, para los clubes de alterne.
En una conversación entre el secretario y otro empleado, ambos imputados, Santano le dice que "te estoy diciendo que, hombre, no te adelante mucho, que te adelante, ohh, unos mil euros, con mil euros tenemos para mañana". Y el hombre de confianza del alcalde concluye diciendo que "a mi me da cosa gastarme dinero mío...en estas cosas".
Desde el gobierno municipal de Baena, se aseguraba ayer que "ni el alcalde ni cargos del PSOE hacían o estaban al tanto de las supuestas facturas falsas". Todo obedece, según ellos, "a una trama orquestada por elementos de IU.

ALCAUCÍN

Alcaucín, cuyo alcalde, José Manuel Martín (PSOE), ha sido detenido junto a otras 12 personas en una operación contra la corrupción urbanística, es un pequeño pueblo del interior de la Axarquía malagueña que en los últimos años ha estado en el punto de mira de los ecologistas.
El portavoz del PP en la Diputación de Málaga, Francisco Salado, afirmó que "el que no ha querido ver lo que estaba pasando con el urbanismo es porque no ha querido hacer absolutamente nada". En su opinión, "esto se veía venir por el urbanismo en la Axarquía, donde crecen las casas como hongos" y citó otros municipios vecinos como La Viñuela y Sayalonga.
GENA-Ecologistas en Acción ha denunciado en varias ocasiones el proceso urbanizador en el suelo rústico de esta comarca, donde calcula que se han construido en el campo unas 20.000 viviendas.
En el caso de Alcaucín, municipio de 2.469 habitantes y una extensión de 46 kilómetros cuadrados, los ecologistas denunciaron en noviembre de 2006 ante la Fiscalía de Medio Ambiente lo que consideraron "una agresión al urbanismo tradicional" de la Axarquía, por la construcción a la entrada del pueblo de un gran edificio que contrastaba con la tipología de viviendas bajas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población de este municipio malagueño creció un 8% entre 2007 y 2008 hasta los 2.469 habitantes, y un 63,4% en relación al año 2000, cuando contaba con 1.511 habitantes.
La Diputación Provincial, cuyo servicio de arquitectura está siendo investigado en el marco de la operación, entregó en diciembre de 2008 la adaptación del plan de Alcaucín a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Al margen del acoso de los ecologistas, sobre el alcalde socialista, de 56 años y albañil de profesión, pesaba una denuncia de la Fiscalía por conceder supuestamente licencias de reforma cuando en realidad se trataba de nuevas construcciones en suelo no urbanizable.
La operación de la Guardia Civil ha destapado una trama organizada que se dedicaba presuntamente a construir urbanizaciones y viviendas aisladas sobre suelo no urbanizable en la comarca de la Axarquía.
La trama, en la que también ha sido detenido un empresario en Huelva, supuestamente promocionaba, construía y luego comercializaba las viviendas, principalmente a extranjeros.

SAN AMARO


El consejero de Medio Ambiente y cabeza de lista del PSOE por Orense, Manuel Vázquez, ejecuta desde hace año y medio obras de ampliación en su vivienda para las que carece de la pertinente licencia. Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Vázquez tan sólo informó al Ayuntamiento de San Amaro -pequeña localidad orensana en la que se sitúa la casa- de que pretendía reparar el tejado, para lo que sólo abonó una autorización de obra menor.
En septiembre de 2006, María Josefa del Carmen Pérez, mujer del consejero, presentó ante el Ayuntamiento una solicitud de licencia de obra para «reparación de cubierta de la vivienda mediante la sustitución de la teja actual por teja cerámica nueva y colocación de planchas onduladas bajo teja, cambio de piezas del entablado de madera que están en mal estado, y limpieza y reparación de pontones del entramado de madera».
La solicitante estima el importe total de las obras en 4.000 euros, y abona al consistorio en concepto de tasas «80 euros», según las fuentes municipales consultadas. El 9 de noviembre se acepta la petición de la mujer del consejero, calificándose las obras como «menores» y señalándose en un informe municipal que «no se podrán bajo esta licencia hacer obras diferentes a las solicitadas» y «no se podrá realizar aumento de volumen ni alteración de fachada ni del tejado que se reteja», entre otras puntualizaciones.
Las fuentes municipales consultadas explicaron a ABC que una reforma del volumen de las planteadas en la casa «necesita de un proyecto de un arquitecto que no han presentado en el Ayuntamiento». «Se han visto afectadas todas las estructuras», ya que según detallaron, «han convertido unas antiguas cuadras en viviendas»,
Así, valoraron la obra «entre los 400.000 y los 600.000 euros», por lo que al consistorio le habrían correspondido de licencia «entre 6.000 y 12.000 euros», en virtud del 2% de tasas que el Ayuntamiento percibe por la realización de este tipo de construcciones, y no los 80 euros abonados por concepto de obra menor.
Manuel Vázquez ha sido consejero de Medio Ambiente durante esta legislatura, y es la cabeza visible del PSOE en la provincia de Orense. Antes de formar parte del gobierno de Emilio Pérez Touriño fue alcalde de Carballiño entre 1995 y 2005. Su mujer fue concejal en Piñor de Cea entre 2003 y 2007, y desde las últimas elecciones municipales lo es por el PSOE en la corporación donde fue alcalde su marido.

GALICIA


Sercoysa, la constructora donde trabaja como ejecutivo el cuñado del presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, multiplicó por seis los ingresos provenientes de adjudicaciones de la Administración autonómica en la última legislatura. Su director financiero es Camilo Cid, hermano de la mujer de Touriño, que se incorporó a la compañía coincidiendo prácticamente con la llegada al poder del Gobierno bipartito.Según ha sabido Intereconomía, el aumento de las contratas de Sercoysa a cargo de la Xunta creció exponencialmente la última legislatura. Si entre 2001 y 2005 obtuvo 4.258.978 euros en adjudicaciones, entre 2005 y 2009 la cifra se situó en 25.756.169 euros.
Camilo Cid Cadavid, hermano de la esposa de Touriño, Esther Cid Cadavid, es el director financiero de la constructora que ha recibido, entre otras adjudicaciones, la edificación de varias de las polémicas galescolas que impulsa el Gobierno bipartito.
Fuentes del sector en Galicia aseguran que, aunque Sercoysa era ya una empresa fuerte dentro de la rama de obra civil, ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años gracias a las adjudicaciones de la Xunta.
Las sospechas de este aumento recaen en las relaciones familiares de su director financiero, Camilo Cid, con el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, según aseguran las mismas fuentes.
Sevilla
El secretario del distrito Macarena y mano derecha del alcalde del PSOE de Sevilla, José Marín, y el empresario José Pardo han sido declarados culpables de los delitos de malversación de caudales y falsedad documental.
Un jurado popular ha corroborado las sospechas que llevaron al Partido Andalucista a denunciar, en 2005, irregularidades en el Ayuntamiento que dirige Monteseirín.
Marín y Pardo se enfrentan a penas de cárcel superiores a los tres años, ya que el importe del delito supera, según el veredicto, los 4.000 euros. En concreto, el jurado considera que el empresario José Pardo “cobró indebidamente” una cantidad de dinero por obras no ejecutadas o parcialmente ejecutadas con el conocimiento de José Marín por un importe de 6.474 euros. La colaboración del dirigente socialista era imprescindible, según el jurado, pues el empresario fue beneficiado por Marín con pagos de más de un millón por trabajos que el secretario del distrito sevillano de Macarena sabía a ciencia cierta que no se habían realizado.

PP

Madrid

La trama corrupta de Francisco Correa ha llegado a la sede del Partido Popular. Ayer se conoció que el juez Baltasar Garzón considera que existen indicios racionales de criminalidad en la conducta del tesorero del PP, Luis Bárcenas, que tiene la condición de senador por Cantabria, lo que determinaría que la competencia para investigar los hechos correspondería a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La identidad de Bárcenas y de otro aforado fue incorporada a un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF) que el martes a las 15.30 horas fue entregado al juez para su valoración. Fuentes de la investigación consideran que se trata del núcleo de la trama corrupta.
El dictamen policial está basado en los documentos en papel y en los archivos guardados en los ordenadores y las unidades de memoria que habían sido intervenidas en los registros de los domicilios de varios de los imputados y en el piso de seguridad que la trama corrupta disponía en la calle del General Martínez Campos, de Madrid.
A la vista de las nuevas pruebas, de las que Garzón pudo tener conocimiento verbal el viernes anterior, antes de que tuviera que ser internado en una clínica de Madrid por una subida de tensión, el magistrado realizó una nueva consulta. En una providencia dirigida al fiscal anticorrupción, Garzón explicaba que "los nuevos datos podrían resultar fundamentales para la remisión de las exposiciones razonadas", ya que han aparecido nuevos posibles aforados.
El fiscal había informado con anterioridad al juez de que, a la vista del contenido de la causa, debería remitirla al Tribunal Superior de Justicia de Madrid -existen indicios contra Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid; Benjamín Martín Vasco, parlamentario madrileño y ex presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje, y Alfonso Bosch, diputado de la Asamblea de Madrid y gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla del Monte-. Y también que una parte, perfectamente escindible, que afecta al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y a otro aforado de esa comunidad, en idéntica medida, debería remitirse al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad.
Sin embargo, la aparición de nuevos aforados, entre ellos Bárcenas, cuyo eventual enjuiciamiento correspondería al Supremo, determinó que Garzón preguntase al fiscal si procede elevar exposición razonada al Tribunal Supremo sobre los casos de su competencia, o si, a la vista de que los hechos se refieren a varias comunidades autónomas, correspondería al Supremo la investigación y enjuiciamiento de todo el caso.
El juez ha dado un plazo al fiscal que concluye hoy, pero no se descarta que el fiscal se tome más tiempo y que el presumible auto de inhibición a la Sala Segunda del Supremo -o a tres tribunales distintos- no se conozca hasta después de las elecciones del próximo domingo.
Fuentes de la investigación recuerdan que en una de las grabaciones realizadas al principal implicado en la trama de corrupción, Francisco Correa, en diciembre de 2007, se escucha a éste decir en relación con el entonces gerente y hoy tesorero del PP: "A Bárcenas yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa".
Correa no aportó ninguna prueba de tal acusación y el propio Bárcenas tachó en su momento esa afirmación de "absolutamente falsa y calumniosa". Sin embargo, el juez ha estimado que existen indicios de su participación delictiva y le ha incluido entre los aforados.
El informe de la investigación policial en el que se ha basado Garzón para implicar a parlamentarios nacionales del PP también incluye alusiones a Gerardo Galeote, europarlamentario popular. El padre de Galeote está muy vinculado con los gobiernos municipales del PP en Boadilla del Monte, donde fue concejal ocho años, asesor del ex alcalde (imputado por Garzón) y consejero de la empresa de suelo y vivienda del municipio. La red corrupta de Correa hizo negocios en Boadilla del Monte y, según las declaraciones grabadas al jefe de la trama, pagaron comisiones al entonces alcalde de la localidad a cambio de adjudicaciones.
El informe policial también incluyó el nombre de Esteban González Pons, diputado y responsable de comunicación del PP, que resultaba salpicado por un asunto muy menor, y por el que el juez de la Audiencia Nacional no consideró oportuno imputarle, ni incluirlo en la lista de aforados.

Boadilla del Monte


El ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, ha suspendido voluntariamente su militancia en el PP de Madrid, después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le haya imputado en el sumario de la 'Operación Gürtel'.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Esperanza Aguirre, quien ha afirmado que el lunes próximo el Comité de Dirección del partido designará una gestora para hacerse cargo de los asuntos del partido en Boadilla del Monte, que hasta ahora dirigía el propio González Panero.

El pasado 10 de febrero González Panero formalizó su dimisión como alcalde, después de trascender que es uno de los imputados por el juez Baltasar Garzón en relación con la presunta trama de corrupción y tráfico de influencias relacionada con algunos cargos del PP.

El encargado de dirigir la gestora, hasta la elección de una nueva ejecutiva local, será el alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Federación Madrileña de Municipios y Provincias, Bartolomé González, secundado por la concejala de Boadilla Miriam Villares.

Bartolomé González ya fue comisionado por el PP madrileño para dirigir las gestiones que llevaron a la elección de Juan Siguero Aguilar como alcalde de Boadilla el pasado día 20.

Está previsto que González Panero acuda el 4 de marzo a la Audiencia Nacional para ser interrogado por Garzón en el marco de la investigación por la "operación Gürtel".
Jerez de la Frontera

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) se ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional y de cualquier otro órgano judicial para el esclarecimiento de los asuntos que sean objeto de investigación y que incumban a las actuaciones realizadas en el pasado por la Administración municipal y, de hecho, ha remitido por propia voluntad al juez Baltasar Garzón "todo el expediente" relativo a la contratación con varias empresas que están siendo investigadas en el marco del denominado "caso Gürtel".
Dichas contrataciones, según figura en un comunicado del Ayuntamiento, están fechadas en 2004 y tenían por objeto la presencia de Jerez en la Feria Internacional de Turismo de ese mismo año en que gobernaba el PP en coalición con el PSA.. La amplia y detallada documentación remitida consta de todo el expediente administrativo completo de la contratación con las empresas 'Special Events', 'Teleanuncio' y 'Down Town Consulting' (actualmente denominada Easy Concept), así como diversos soportes informáticos cuya naturaleza, origen, fechas, destinatarios y remitentes "pueden arrojar luz sobre las presuntas irregularidades que están siendo objeto de investigación judicial".
Por otra parte, el Ayuntamiento invitó a todos los grupos políticos de la Corporación municipal, y muy particularmente al PP, a colaborar con la Justicia y "no realizar declaraciones que puedan entorpecer el total esclarecimiento de los hechos y el trabajo de la Justicia, y que pretendan desviar la atención sobre el asunto principal".
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