Represión y criminalización de los movimientos sociales con alternativos

Sirva de ejemplo Vallecas: la participación ciudadana apaleada

 

Un grupo de vecinos acude al Pleno de la Junta de Distrito a expresar
sus quejas porque el Ayuntamiento de Madrid no les permite celebrar
unas fiestas populares en un solar libre. Y el “tolerante” Gallardón,
por medio de su delegada en el distrito, Eva Durán, decide
desalojarlos a palos, con detenciones incluso.


El Ayuntamiento de Madrid, a través de su reglamento de participación
ciudadana, ofrece a los vecinos participar en unos órganos que no
tienen competencia ninguna, los consejos de participación del
distrito. Fuera de este cauce, nada de nada.

Es el dogma de la democracia representativa llevada a su máxima
expresión: Como han sido elegidos (aunque sea con irregularidades,
como ocurrió en la Comunidad de Madrid en 2003), usurpan la voluntad
de sus representados en todos y cada uno de los aspectos de la gestión
pública. Y quien quiera expresar su opinión fuera de los cauces
establecidos, lo que le espera es la represión, como han experimentado
en sus carnes los vallecanos.


No hace muchos años ocurrió algo parecido en la Elipa (Ciudad Lineal),
en cuyo pleno también fue detenido con cargos el presidente de una
Asociación de Vecinos. Son varios los vecinos que han sufrido
sanciones injustas, incluso condenas de cárcel, por protestar contra
la implantación de parquímetros absurdos en la periferia. Y
recientemente fueron detenidos 52 activistas por desplegar una
pancarta en un edificio madrileño. La cosa se está poniendo seria.

El episodio podría haber pasado como un hecho aislado o anecdótico, si
no fuera por los antecedentes mencionados y el contexto en el que se
inscribe.


Falsa apariencia de participación.- El actual equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Madrid, con Gallardón a la cabeza, trata de dar una
imagen tolerante, de buen rollo, incluso progresista, y cercana a los
agentes sociales. Es verdad que ciertas cúpulas de algunas
organizaciones sociales (favorecidas por cierta financiación
institucional) están avalando con su actitud esta imagen que tiene
mucho de propaganda y muy poco de realidad. La prueba palpable es el
Reglamento de Participación Ciudadana mencionado antes, que sólo se
aplica cuando no existen competencias sobre las que decidir, y en
cambio no sirve cuando se trata de compartir las decisiones
importantes, o simplemente no se cumple cuando se trata de la gestión
de los centros municipales.



Centralización absoluta de la vida municipal.- Que no sólo vacía de
competencias a las Juntas de Distrito, sino que conlleva también la
privatización y la eliminación de ciertos acontecimientos populares
como las fiestas de barrio, que fueron rescatadas tras la larga noche
del franquismo, y que este Ayuntamiento las está suprimiendo con la
excusa de la crisis (más bien su ruina presupuestaria), desapareciendo
así uno de los elementos más importantes en la creación del tejido
social en los barrios.



Criminalización de los movimientos sociales alternativos.- La llamada
guerra contra el terror iniciada por Bush, a la que se han apuntado la
mayoría de poderes mundiales, ha instaurado la doctrina del “conmigo o
contra mí”, estigmatizando a las personas o colectivos que no quieren
participar del pensamiento único y que además deciden mostrar sus
opiniones con acciones críticas contra los abusos del poder económico
y político. En el caso de Vallecas, ciertos medios de comunicación y
representantes municipales han querido estigmatizar a algunos
dirigentes de la protesta por el simple hecho de haber formado parte
de una candidatura electoral, perfectamente legal pero que a algunos
no les gustaba. Una vez experimentado con cierto éxito en otros
lugares, se abre en Madrid la veda para que cualquier persona o grupo
protestón pueda ser inculpado como terrorista, tratando de alejarlo de
su base social y aplicando la represión por medio de los cuerpos de
seguridad y del código penal.



Estado policial.- Vivimos una oleada represiva en la que Estado trata
de controlar todos los movimientos y pensamientos de los ciudadanos,
vigilados constantemente y a los que se les identifica por cualquier
motivo o sin él, en particular si presentan rasgos diferenciados.


Entre este estado de cosas y una dictadura, no hay mucha distancia.
Los vecinos y ciudadanos deberíamos prestar más atención a estos
procesos anti-democráticos, mostrando una mayor resistencia en lugar
de refugiarnos en nuestra vida privada, que también está vigilada.
Porque lo que pretende este dispositivo represor es desactivar los
focos de resistencia popular para que los poderes económicos tengan
mayor facilidad para obtener unos mayores márgenes de beneficio a
costa del deterioro imparable de los servicios y las condiciones de
vida de los ciudadanos, en el trabajo, en el barrio o en el centro de
estudios. Nuestra vida mejorará en la medida en que nos preocupemos
por el bienestar colectivo, ya que así podremos alcanzar niveles
satisfactorios de bienestar particular. Y para ello debemos
organizarnos y luchar.

 

Julio 2009

 

 

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