En algún momento habrá que empezar a hablar de la totalidad de la represión franquista

Entrevista a Francisco Etxeberria, miembro de la comisión de expertos sobre los desaparecidos de 1936

 

 

sinPermiso 

Baltasar Garzón ha solicitado la formación de una comisión de expertos para ayudar a esclarecer el caso de los desaparecidos de 1936. Los familiares de víctimas han nombrado a Francisco Etxeberria como miembro de la comisión.

El forense y miembro de la Asociación de Ciencias Aranzadi Francisco Etxeberria (Beasain, Guipúzcoa, 1957) ha acogido con tranquilidad la propuesta de los familiares de las víctimas de la guerra de 1936. Participará, por tanto, en la investigación que ha emprendido el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón sobre los crímenes de guerra de 1936. Etxeberria tiene clara su tarea: «Hay diversos niveles, el de los políticos, el de los jueces, el de los técnicos y el de las asociaciones y no pueden mezclarse. A nosotros nos piden una cosa muy concreta: proporcionar información para saber la verdad y punto». Es subdirector del Instituto Vasco de Criminología y profesor en la UPV y lleva ocho años investigando las fosas comunes del franquismo. Abrió la primera fosa utilizando el método científico en Priaranza del Bierzo (León, España) en el año 2000. Desde entonces se han abierto unas 170 fosas y Etxeberria ha estado en la mayoría de ellas.

¿Cuál es la tarea de la comisión de expertos que está a punto de formarse?

Algunos estaremos a modo de asesores para ordenar la información que llegue a Garzón. Yo diría que la cosa también es nueva. En los procesos penales, normalmente, cada experto realiza el informe según su disciplina. Aquí, en cambio, estaremos en la misma comisión juristas, historiadores y médicos. Si no me equivoco, nuestra tarea consistirá en extraer de los papeles lo que sea de interés para lo que plantea Garzón.

Hay debate en torno a si Garzón tiene competencia o no para juzgar el caso…

Si a Garzón, o a cualquier otro juez, se le plantearan tres problemas, no podría negarse a investigar, a pesar de que la Fiscalía y algunos jueces no estuvieran de acuerdo. Esos tres elementos son éstos: el primero es que la represión fue general y ocurrió en todas partes; el segundo, que los muertos son población civil, y el tercero, que jamás se han juzgado esos sucesos, ni con las leyes de la República, como es evidente, ni con las leyes franquistas ni con ninguna otra legislación. Esos tres elementos obligan a la autoridad judicial, a Garzón o a cualquier otro, a decir y hacer algo.

Según la Fiscalía, son las audiencias provinciales quienes tienen que juzgar el caso…

Durante estos años, cuando se han exhumado cadáveres de las fosas, siempre se ha hecho saber a los tribunales. Y los tribunales de instrucción han archivado los hechos. Con el beneplácito de la Fiscalía (a menudo no escrito, pero sí verbal). Han dicho que, hasta que en el organigrama de la administración de justicia española no haya criterios claros, no entrarán en eso. Garzón ha entrado y ha hecho un auto, un auto extraño: ha decidido que tiene competencia y ha dicho que quienes hicieron eso son criminales. Es la primera vez que se les llama criminales en un documento judicial y, además, ha hecho una lista.

Y el propio sumario ¿tiene validez?

Al final es posible que todo esto sea simbólico, pero aunque no saliera adelante, los documentos de Garzón tienen un tremendo valor simbólico. De aquí a varios años se dirá que la administración de justicia, de la mano de un juez, consideró esos sucesos como crímenes imprescriptibles y que, además, nombró a los responsables. Eso no lo ha hecho nadie hasta ahora y era necesario que alguien lo hiciera. Tirando de ese hilo están investigando actualmente los crímenes de la dictadura en Chile, a pesar de que no pueda juzgarse a Pinochet porque está muerto. Da igual, la administración de justicia debe investigar los hechos. Eso en España no lo han querido hacer. La Ley de la memoria histórica soslaya esa columna básica de los derechos humanos, hacer justicia. Verdad, justicia y reparación. Ésa es la cuestión.

¿Qué información tiene ahora Garzón en sus manos?

Que yo sepa, le ha llegado una avalancha de papeles. Hay numerosas listas, listas incompletas, errores, etc. Hay de todo. Por otra parte, nosotros hemos exhumado cadáveres del fuerte de San Cristóbal (Pamplona, Navarra) de presos muertos por inanición o por falta de atención sanitaria. Esos también son víctimas, pero no asesinados. O sí, según cómo se mire. ¿Son desapariciones? Tampoco: algunas familias sabían que estaban allí enterrados. Por tanto, ¿tampoco entrarán en la lista de desaparecidos? No lo sé. Esas cuestiones habrá que ir aclarándolas.

Se ha solido decir que no se ha tenido en cuenta a todas las víctimas: batallones de presos, a quienes les robaron el patrimonio, etc.

Garzón ha empezado por el tema que es más mediático, pues las fosas comunes son muy mediáticas. Los historiadores llevan años poniendo pruebas sobre la mesa, pero la imagen de las fosas comunes da una imagen de un terror, de un crimen. Aquí, mañana o pasado, pero en algún momento habrá que empezar a hablar de la totalidad de la represión franquista. La historia de la guerra del 36 está ya muy estudiada. No nos interesa hablar de la historia de la guerra del 36, nos interesa hablar de la historia de la represión franquista, y ése es un tema que llega casi hasta nuestros días. De aquí a varios años se hablará con naturalidad sobre lo que sucedió en la década de 1960 y en la de 1970.

¿Piensa, por tanto, que se abrirá el debate?

Al abrir fosas, no sólo abrimos tierra. No han aparecido huesos, han aparecido personas que tenían una ideología, maltratadas en aquella época y en la historia. Han sido doblemente víctimas. Eso ha cogido mucha fuerza, pero nos llevará a hablar de otras situaciones, y deberá hacerse una crítica severa del modelo de la transición, o de cuestiones que sucedieron en la década de 1970 y que jamás se han investigado. Creo que es eso lo que preocupa a algunos: «éstos ahora hablan de fosas, pero después me hablarán de los estados de excepción en el País Vasco y de cómo se violaron derechos humanos y de quiénes los violaron».

¿Qué queda por hacer en torno a las fosas comunes?

La última la hemos abierto en Palencia (España), hace quince días. Iremos a Palencia porque aquí, en San Sebastián, vive un nieto de un muerto. Nos llamó él. Emigró al País Vasco entre mucha gente que, aunque hasta ahora no haya dicho nada, vino empujada por la represión y que en muchos casos ha pasado inadvertida. Hemos abierto muchas fosas a petición suya. Por lo demás, quedan muchas fosas, pero no se puede decir que vayamos a recuperar todos los cadáveres. Hay que intentar investigar; a veces habrá que exhumar los cadáveres, pero no puede pensarse que puedan exhumarse todos o que todos puedan identificarse. A veces no hemos encontrado las fosas o, sí, las hemos encontrado, pero no se han podido identificar los cadáveres. No se puede crear falsas esperanzas. Pero, sobre todo, faltan políticas públicas de memoria histórica, discursos pedagógicos para educar en una postura contraria a la guerra. No es posible que un alzamiento militar destruya un régimen democrático.

Parece que ahora es más fácil hablar de la memoria histórica.

Ahora todo el mundo habla de la memoria histórica, pero no ha sido así en años anteriores. Ha habido una terrible incomprensión, mucho miedo. No obstante, en algunos lugares en que se han abierto fosas los antropólogos culturales han realizado investigaciones y han dicho que, en lugar de abrir heridas, las han cerrado. Algunos alcaldes nos han dicho lo siguiente: «en nuestro pueblo la guerra se acabó el día en que dimos a la familia rastros del cadáver». Pero hay mucho que hacer. Mire, una editorial alemana me ha pedido una fotografía de una fosa común para utilizarla en una ficha didáctica. Distribuirán 5.000 ejemplares. Mientras tanto, aquí se quiere hacer un homenaje en un pueblo y hay gente que lo ve mal… Llegará el día en que aquí también veremos fichas didácticas de este tipo.

Traducción para www.sinpermiso.info: Daniel Escribano
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