Cómo no tocar las pensiones

Ni reducir el salario a los funcionarios, ni quitarles el subsidio a los parados, ni recortar ningún derecho más al ya sufrido ciudadano... Hace alrededor de dos años, en estas mismas páginas, me publicaban una carta que había titulado como «La crisis perfecta». La verdad es que me hubiese gustado no acertar en mis previsiones, pero a pesar de las críticas sufridas, incluso se rebasaron. Ni entonces, ni ahora, creo ser ningún iluminado, y mucho menos un pesimista recalcitrante, sino un simple ciudadano informado. Como tampoco dispongo de ninguna receta mágica que hiciera posible cambiar el difícil panorama en el que nos encontramos.

Sin embargo, estoy absolutamente convencido de que existen muchos capítulos de gastos que podrían reducirse sustancialmente, e incluso eliminarse. Invito al lector a que analice conmigo si las propuestas que apunto a continuación podrían ser o no realizables:

1) Exigir a bancos y cajas de ahorros, principales artífices del desastre, que devuelvan cuanto antes los más de 200.000 millones de euros que en su momento les inyectó el Gobierno, es decir, todos. Es vomitivo que se ayude antes a los bancos que a las personas.

2) Establecer un nuevo impuesto con una tasa impositiva del 90% sobre las escandalosas pensiones millonarias de banqueros y demás pelaje.

3) Eliminar la bicoca a los señores diputados. Además de que cada uno pague de su bolsillo el móvil y el portátil, retirarles el extravagante derecho a cobrar la pensión máxima con solo dos legislaturas de actividad. Por supuesto, contemplar la eliminación del Senado, ya que después de treinta y cinco años, continuamos sin saber exactamente para qué narices sirve.

4) Eliminación total de coches oficiales. Desde la Casa Real y hasta el último Ayuntamiento, empresa pública o similares, que cada cual se pague los desplazamientos de su peculio personal.

5) Erradicar las cuantiosas partidas de dinero que se destinan a partidos políticos, sindicatos, patronales, etcétera. Que cada cual sostenga con sus medios las infraestructuras que deseen tener.

6) Reducir los ministerios hasta un número máximo de cuatro (Hacienda, Defensa, Asuntos Exteriores e Infraestructuras). El resto de funciones ya están transferidas a las comunidades autónomas. Esta medida llevaría aparejado la desaparición de toda la legión de asesores, direcciones generales, etcétera.

7) Cerrar todas las televisiones públicas, tanto Televisión Española como las de las autonomías, que como bien es sabido son auténticos pozos sin fondo. Con los canales digitales existe oferta más que suficiente.

8) Supresión de todas las diputaciones provinciales, carentes absolutamente de sentido desde el establecimiento del Estado de las autonomías.

9) Ajustar el personal desplazado en las muchas embajadas y consulados que nos representan en el mundo. Por supuesto, establecer también unos topes salariales que impidan, por ejemplo, que un simple concejal de un Ayuntamiento pequeño llegue a cobrar 60.000 euros anuales como que no quiere la cosa.

10) Eliminar al mínimo imprescindible el uso de aviones de las Fuerzas Armadas para desplazamiento de personalidades.

Podría enumerar seguramente un buen número de capítulos de gastos «ociosos» que también se podrían eliminar, pero con los que he expuesto estamos contemplando una reducción de costes que se puede cifrar en centenares de miles de millones de euros. Sólo con la adopción de estas medidas podríamos entender que además se nos exigiera que nos ajustáramos el cinturón. Y si al final de todo aún no cuadraran las cuentas, y teniendo en cuenta que a día de hoy la Seguridad Social aún goza de superávit, pues nadie nos rasgaríamos las vestiduras por tener que contribuir con un impuesto accesorio que garantizara la dignidad de las pensiones para nuestros mayores, puesto que ése ha de ser nuestro destino común.

Lo contrario es pretender que paguemos sólo los más débiles económicamente el desastre financiero que propiciaron quienes precisamente quieren saquear ahora nuestros bolsillos para tapar sus fechorías con la anuencia del Gobierno. Si como es de prever, los políticos se muestran ineficaces a la hora de aportar alguna solución que no pase por arruinar a los ciudadanos, mucho me temo que, aparte de seguir cosechando los índices de rechazo jamás vistos, cabe pensar que la paciencia de los ciudadanos termine por colmarse. Y si eso llegase a suceder, creo que no hará falta que apunte las desastrosas consecuencias que podrían acarrear.

Martín Montes Peón (Oviedo)

Lne.es (cartas)

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