Los “servicios básicos universales” no son alternativa a la renta básica

La renta básica trata de que los ciudadanos compartan la riqueza pública, nuestra renta y riqueza individuales son resultado de los logros de pasadas generaciones, más de lo que ahora hagamos nosotros, si la sociedad acepta la herencia privada, debería permitir la herencia pública de la riqueza social

 

Se han defendido no hace mucho los servicios básicos universales (SBU) como alternativa preferible a la renta básica, sobre la base de que sería una manera más barata y rentable de combatir la pobreza.

Con la premisa de que ‘los servicios esenciales deberían ser gratuitos en situación de necesidad’, en paralelo a la sanidad universal [representada por el National Health Service británico] y la educación pública, y quienes lo postulan han identificado la vivienda ‘básica’ gratuita universal, alimentos gratuitos, licencias gratuitas de televisores [el canon que se paga anualmente en Gran Bretaña], transporte local gratuito y un paquete de comunicaciones ‘básicas’ que incluya teléfonos móviles e internet de banda ancha. Y todo esto, argumentan, costaría 42.000 millones de libras, o cerca del 2,3% del PIB.

Deberíamos estar unidos a la hora de aspirar a más y mejores servicios públicos. Pero mejorar los servicios públicos no se contradice con proporcionar una renta básica. Satisfaría diferentes necesidades y propósitos. Sin embargo, las propuestas de ‘servicios básicos universales’ no son lo que parecen a primera vista.

Para empezar, lo que se propone no es ‘universal’ en ningún uso aceptado del término. Así, por ejemplo, el suministro de ‘alimentos gratuitos’ bajo el pabellón de los SBU resulta engañoso. De acuerdo con el programa de los SBU, el Estado proporcionaría "un tercio de las comidas a los 2,2 millones que se estima experimentan inseguridad alimentaria todos los años". Eso no es universal. Es algo prefijado como objetivo. Identificar a los que sufren de inseguridad alimentaria entrañaría necesariamente una evaluación de medios económicos, o alguna prueba compleja de ‘inseguridad alimentaria’. Como en el caso de todos los programas con objetivos prefijados, no se llegaría a muchos de los aptos para ser incluidos, mientras que los que recibieran alimentos gratis, se enfrentarían a una trampa mayor de pobreza y a la trampa concurrente de la pobreza que existen en el Estado del bienestar social de hoy. El Departamento de Trabajo y Pensiones estima que pasar de prestaciones con evaluación de medios económicos al tipo de demandantes de empleos mal pagados podría conseguir resultados de aumento de ingresos netos en sólo un 20%: una trampa de la pobreza del 80%. Si perdieran también los ‘alimentos gratis’, la ganancia neta sería todavía menor.

La propuesta engendraría también un nuevo riesgo moral. Alguien a quien se juzga en situación de inseguridad alimentaria, y por tanto con derecho a comidas gratuitas, se vería desincentivado para alcanzar seguridad alimentaria, salvo que la comida ofrecida gratis fuera infecta (lo que apenas sí podría ser objeto de una medida política, aunque sería probable que fuera resultado de alguna medida). Ese riesgo moral se vería acompañado de un riesgo inmoral igualmente perverso, puesto que alguna gente gozaría del incentivo de caer deliberadamente en la inseguridad alimentaria con el fin de reclamar comidas gratuitas.

Proveer a ‘los pobres’ de alimentos gratuitos agrandaría el Estado caritativo e institucionalizaría el nocivo sistema de los ‘bancos de alimentos’, que han proliferado en la era de la austeridad. El suministro masivo de alimentos gratuitos supondría también un mayor riesgo de desperdicio de alimentos. Por bien intencionado que pudiera ser el Estado caritativo, la gente que recibe bienes gratuitos tiende a valorarlos menos y a tratarlos con menos cuidado que si tuviera que pagar por ellos.

En la práctica, la elección de qué alimentos serían gratuitos sería arbitraria, basada en opiniones paternalistas de lo que es bueno para ‘los pobres’ y lo que no. Los países que han optado por alimentos altamente subvencionados no han tenido mucho éxito en ello. Y está el efecto probable de estigmatización de los solicitantes de sostén alimenticio, como ha sucedido en los EE.UU. con los cupones de comida. Hay muchos que se sienten tan avergonzados de mostrar su pobreza que se privan de ese derecho suyo.

El siguiente SBU en la lista de sus defensores es la vivienda básica gratuita. Tampoco ese sería un servicio básico ‘universal’, puesto que ‘se ofrecería sobre la base de las necesidades’. Aquí también se darían todos los problemas relativos al suministro de alimentos gratuitos como objetivo prefijado. ¿Cómo podría determinarse la ‘necesidad’ sin una evaluación de medios económicos? ¿Qué pasaría si la gente ya no ‘necesitara’ la vivienda básica: ¿los desahuciarían? Los incentivos para pasar por ‘necesitado’ a fin de cumplir los requisitos para una vivienda gratuita serían enormes, a menos que la vivienda ‘básica’ resultara tan poco atractiva como para dejar fuera a todos salvo a los verdaderamente desesperados, incrementando su marginación en nuevas viviendas sociales en barrios desfavorecidos [‘sink estates’].

Acaso no ha de sorprender que en la última defensa de los SBU, los alimentos y la vivienda gratuitos ‘universales’ en absoluto se mencionen, mientras que hacen su aparición la atención infantil gratuita y la atención social para adultos. Así, en esta manifestación, dos de las necesidades más básicas  –alimentos y cobijo– se consideran en efecto como algo no básico. Y puesto que la atención social para adultos y la atención infantil no se calculaban en el informe originario que propone servicios básicos universales, es probable que 42.000 millones de libras resulten una considerable subestimación. Con los servicios añadidos, los SBU resultarían a buen seguro bastante más caros de lo que afirman quienes los postulan.  

El último informe sobre SBU cita una estimación de 33.000 millones (1,8 % del PIB) para el coste bruto de proveer de atención infantil gratuita, suministrándola los trabajadores si se les paga el salario mínimo. El coste se rebaja hasta unos modestos 1.700 millones de libras al asumir lo que se gana en empleos, en una mayor percepción fiscal y en la reducción en los pagos de ingresos de apoyo. Pero en un truco de manos, al aseverar que los SBU costarían mucho menos que la renta básica, quienes proponen los SBU citan solo lo que afirman sería el coste bruto de una renta básica, no su coste neto. Pero se podría esperar que la diferencia entre costes brutos y netos fuera incluso mayor en el caso de la renta básica, puesto que, aparte del ahorro en el gasto en prestaciones, la renta básica se recuperaría de modo efectivo, mediante el sistema fiscal, de quienes tienen ingresos más altos   

Por lo que respecta a la atención a los ancianos, el informe omite ponerle cifras a su coste. Sin embargo, un informe sobre la financiación de la atención social a adultos publicado conjuntamente por dos comités de la Cámara de los Comunes cita una estimación de 14.000 millones anuales de libras para convertir en gratuitos para todos los servicios de atención personal en Inglaterra; son ya gratuitos en Escocia. Harían falta 15.000 millones adicionales únicamente para devolver los servicios a los niveles anteriores a la austeridad.   

Unas estimación más reciente del Institute for Public Policy Research ha cifrado el coste de la atención personal gratuita en Inglaterra en 8.000 millones de libras, amén de los 28.000 millones que se necesitan para 2030 con el fin de que el actual sistema inadecuado se mantenga a la par de la demanda, contra los 19.000 millones de hoy. Aunque habría algún ahorro por compensación para el NHS, el IPPR contempla un aumento de 2 peniques en el tipo básico de impuesto sobre la renta para financiar la propuesta.

Nada de esto significa argüir en contra de un suministro de mejor calidad y un acceso asequible a la atención de niños y mayores, los cuales son ambos extremadamente necesarios. Pero no son opciones baratas y pueden incluso ser regresivas, beneficiando en su mayoría a los más acomodados, dependiendo de cómo se financien. Mientras tanto, el énfasis paternalista de los que proponen ‘servicios básicos universales’ que suministre gratuitamente el Estado se arriesga a descuidar a los que proporcionan informalmente cuidados a sus propios familiares y los que intentan mantenerse independientes de cuidados mientras sea posible. De acuerdo con el informe de la Cámara de los Comunes, los cuidadores no remunerados proporcionan atención por un valor estimado de 132.000 millones anualmente. No queda claro como gestionarían esos cuidados no remunerados quienes postulan los SBU.  

Resulta interesante que, de acuerdo con el programa de atención social alemán, admirado tanto por los comités de la Cámara de los Comunes como por los partidarios de los SBU, tres cuartos de los beneficiarios optan por pagos en metálico, aunque sean inferiores al valor de los servicios gratuitos en especie ofrecidos, pues los pagos en metálico les dan la flexibilidad de ser atendidos en casa por miembros de la familia u otros cuidadores informales.  

Esto es exactamente lo que los partidarios de la renta básica contemplan al complementar la renta básica para quienes tienen necesidades especiales debido a discapacidad o debilidad física. Y se podría esperar que una renta básica para todos redujera la incidencia de la morbilidad entre la creciente población de ancianos, y promover así un envejecimiento activo más saludable, así como facilitar una mayor labor de cuidados por parte de quienes desean proporcionárselos a sus seres queridos.

Llegamos entonces a la propuesta de transporte local gratuito de los partidarios de los SBU. Una vez más, no se trata de nada universal en sentido alguno. Se refiere sólo a los autobuses, que ya es mala suerte para los usuarios de sistemas ferroviarios y de metro, por no mencionar a las muchas personas que viven en zonas con un deficiente servicio de autobuses o sin servicio alguno. 

Si bien los servicios de autobús son populares, los viajes gratuitos en autobús no son como la atención sanitaria gratuita o la educación gratuita. No todo el mundo quiere tomar el autobús o lo necesita. Y el servicio gratuito puede inducir a un uso excesivo o frívolo. Los autobuses provocan también contaminación. En zonas rurales, en las que la alternativa puede ser el coche privado, pasarse a los autobuses podría reducir la contaminación. Pero en las ciudades podría animar a la gente a tomar el autobús, en lugar de recurrir a alternativas no contaminantes, como ir en bicicleta, caminar o quedarse en casa.  

La privatización y los recortes en subvenciones del Estado a los gobiernos municipales, que han llevado a reducciones drásticas en subvenciones a servicios no rentables de autobuses, implican que hay pocos lugares en Gran Bretaña con servicios fiables de autobuses. Un destacado postulador de los SBU afirma que "los servicios públicos ofrecen seguridad por medio del hecho mismo de que ofrecen mayor permanencia de la que podría proporcionar el dinero sin más". 

Pero lo cierto es que se han suprimido más de tres mil paradas de autobús en los últimos diez años. ¿Qué permanencia? Y, como consecuencia no buscada de la gratuidad de los viajes de autobús para los mayores de 60 años, entre esas rutas de autobús abandonadas se cuentan las que utilizaban de modo predominante los pasajeros con títulos de transporte especiales, los cuales, argumentaban los operadores de los autobuses, no estaban adecuadamente compensados. Sin invertir en la mejora de los servicios de autobuses, el transporte gratuito podría así empeorar los servicios, convirtiendo la prestación en algo sin valor. 

Por añadidura, los autobuses y otros modos de transporte público operan con un modelo de cubo y radios (“hub-and-spoke”), mientras que los coches te llevan de un punto a otro.  Las tarifas de autobús gratuitas beneficiarían a la gente, de modo predominante en zonas urbanas, que vive en la ruta de los autobuses y necesita viajar hasta una cabecera de conexión de líneas, pero poco o nada harían por todos los demás. De hecho, sus impuestos harían que se beneficiaran otros y, como en el caso de la vivienda y los alimentos, cumplir con esos objetivos implicados podría crear resentimiento. Sería más justo un modelo de tarifas modestas, además de subvenciones, sobre todo si existiera una renta básica.  

Eso por lo que respecta a las limitaciones de lo que se propone realmente de acuerdo con los SBU. Pero quienes los proponen van más allá al presentar de modo provocador los SBU como algo preferible la ‘RBU’ (Renta Básica Universal). Antes de considerar esta afirmación, quiero dejar claro que los defensores sensatos de la renta básica no usan ni deberían utilizar el término ‘universal’, pues en la práctica alguna gente no tendría derecho a ella, como los ciudadanos no residentes o los migrantes indocumentados. Presumiblemente, algo similar se aplicaría en el caso de los SBU. Aparte de esa cuestión pragmática, los servicios y la renta básica tienen objetivos y justificaciones distintas. Por lo tanto, deberían utilizarse criterios diferentes para evaluar su deseabilidad.  

Anna Coote, miembro principal de la New Economics Foundation, desecha la renta básica como ‘aceite de serpiente’. Otro tanto hace Tom Kibasi, jefe del socialdemócrata Institute for Public Policy Research, que se permite más hipérboles al afirmar que se trata de un intento de ‘someter a eutanasia a la clase trabajadora como concepto’.

Recurrir al término de ‘aceite de serpiente’ resulta un modo insultante de acusar a los defensores de la renta básica de vender de forma fraudulenta la idea como una suerte de ‘curalotodo’ cuando se trata de algo en realidad inútil. Pero los postulantes progresistas de la renta básica no sostienen afirmación alguna de que pueda ‘curar’ nada. De lo que disponen es de considerables evidencias de que tiene efectos benéficos.

Por lo que respecta a las acusaciones de eutanasia, esa es una afirmación bastante dramática en torno a la idea de proveer a todo el mundo con la seguridad de una renta básica. Recuerda la reacción de Lenin al ver en Suecia los huertos parcelados de los trabajadores de camino a Rusia en 1917. Se mostraba en contra, pues pensaba que tener un trozo de tierra haría menos probable que arriesgaran su vida en una revolución. La insensibilidad de esta postura resulta manifiesta.

Afirma Coote que los SBU "se proponen abordar muchos de los desafíos que los tratan de encarar los defensores de la RBU". Esto no es verdad. Para empezar, los defensores de la renta básica quieren limitar el Estado paternalista, mientras que los defensores de los SBU quieren ampliarlo al seleccionar previamente lo que gente necesita y, como en el caso de la vivienda, ampliar la condicionalidad y los objetivos prefijados. Los defensores de la renta básica dicen: ‘Yo no sé lo que necesitas, pero creo que deberías tener derecho a adquirirlo si puedes’. Lo que dice el defensor de los SBU es: ‘Yo sé lo que necesitas y me voy a asegurar de que puedas tenerlo’.

Una justificación principal para avanzar hacia un sistema de distribución de la renta, del que la renta básica constituye un elemento central, es que el sistema distributivo de la era posterior a 1945 se ha quebrado de un modo irreparable. Hay que construir en su lugar uno nuevo adecuado a una economía global de mercado, a la crisis ecológica, la revolución tecnológica en curso y las formas cambiantes de las unidades familiares. La renta básica, pagada como derecho a cada individuo, sin la condicionalidad de pruebas de evaluación de medios económicos o de conducta, debe ser un pilar del sistema. No es una panacea, es sencillamente una parte necesaria de una estrategia progresista, junto a un Estado social más fuerte.   

Quiero reiterar aquí que las razones principales para desear una renta básica son éticas o morales, independientemente de sus repercusiones sobre la pobreza, la desigualdad o las supuestas amenazas al empleo y la renta que plantean la automatización y las nuevas tecnologías.

En primer lugar, la renta básica es una cuestión de justicia social. Se trata de que los ciudadanos compartan la riqueza pública. Nuestra renta y riqueza individuales son  resultado bastante más de los esfuerzos y logros de pasadas generaciones que de cualquier cosa que hagamos nosotros. Si la sociedad acepta la herencia privada de la riqueza, debería entonces permitir la herencia pública de la riqueza social. El mejor modo de llevar esto a cabo consiste en distribuir ‘dividendos’ iguales a cada ciudadano residente y migrante legalmente reconocido.

Otra forma de plantear el caso de la justicia consiste en pensar en ‘los comunes’, nuestros recursos públicos compartidos, empezando por la tierra, el agua y el aire, y que se extienden a nuestros servicios sociales y cuerpos de ideas heredados. A lo largo del tiempo, las élites y los intereses comerciales han tomado o se les ha otorgado buena parte de nuestros comunes y deberían sentirse obligados a compensar a ‘los comuneros’. La renta básica sería expresión de ello, pagada con tasas a los usos comerciales de los comunes, empezando por las ecotasas recicladas para los comuneros, por medio de los fondos de capital nacional (o de los comunes).

Una segunda justificación ética es que una renta básica acrecentaría la libertad. Fortalecería la capacidad de los individuos de decir ‘no’ ante relaciones opresivas o explotadoras, patronos, cónyuges, burócratas y demás. Fortalecería la libertad liberal – el derecho a ser moral – y la libertad republicana – la capacidad de tomar decisiones con libertad respecto a la gente con un poder sin rendición de cuentas–. Por encima de todo, como revelan los programas piloto de renta básica en India, el valor emancipatorio de toda renta básica es mayor que su valor monetario, mientras que sucede lo contrario en las prestaciones con evaluación de medios económicos o de conducta y en las prestaciones en especie.

La tercera justificación ética es que hasta una renta básica modesta o ‘parcial’ proporciona a la gente una seguridad más básica. La seguridad básica constituye una necesidad humana y se trata de un bien público natural, puesto que el que una persona disponga de ella no les priva a los demás de la misma. En realidad se trata de un bien público superior, puesto que su valor aumenta si todo el mundo dispone de ella.

Los psicólogos han descubierto que la seguridad básica aumenta el coeficiente de inteligencia de la gente y hace a la gente más altruista, tolerante, cooperadora y productiva, como trabajadores y como ciudadanos. Por desgracia, la mayoría de los economistas y responsables políticos no le dan ningún valor a la seguridad básica. Una renta básica se la otorgaría, mientras que el menú de los principales servicios tomados como objetivo bajo el rótulo de SBU no lo conseguiría. Una persona de ingresos inseguros que pueda acceder a viajar gratis en autobús o incluso a la atención infantil o la banda ancha seguiría sufriendo esa inseguridad.  

En última instancia, no hay contradicción entre disponer de servicios básicos universales y una renta básica. Afrontan necesidades diferentes y parten de razones diferentes. Pero disponer de dinero en metálico aumenta la capacidad de elección, resulta potencialmente más empoderador y puede ser más transformador. Ruego a quienes abogan por unos ‘Servicios Básicos Universales’ que cesen de yuxtaponer la idea de más y mejores servicios públicos a la de dar la gente la seguridad de una renta básica.

 

Guy Standing: (1948) es profesor de Estudios de Desarrollo en la SOAS (School of Oriental and African Studies) de la Universidad de Londres, y miembro fundador y copresidente honorario de BIEN (Basic Income Earth Network), la red internacional de renta básica.

Fuente: OpenDemocracy, 6 de junio de 2019

Traducción: Lucas Antón

http://www.sinpermiso.info/textos/los-servicios-basicos-universales-no-son-alternativa-a-la-renta-basica

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