Desahucios en La Camocha

 

 

 

Hoy lunes, 30 de septiembre, comienzan los desahucios de las 37 familias que viven en las antiguas viviendas que fueron propiedad de antigua mina de La Camocha, en Gijón.

Se incia así el (in) cumplimiento, una vez más, de la Constitución Española de 1978. Suma y sigue.

Título I. De los derechos y deberes fundamentales (sobre todo deberes, los derechos está por ver)

Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica

Artículo 47

Todos los españoles tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunicad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

El contenido de este artículo de la CE se ha convertido, de hecho y de derecho, en un insulto a los ciudadanos. Basta para ello con que las autoridades, desde las municipales hasta el propio Gobierno, respondan de cómo y por qué van cientos de miles de desahucios, poniendo en la calle a otras tantas familias, cuando ni se ha dado alternativa alguna que no haya sido, precisamente, potenciar a los beneficiarios de dichos desahucios, a las entidades financieras, a los bancos.

A la burla que supone el Artículo 47 de la CE hemos de sumar la modificación del Artículo 135 en el 2011, realizada con la mayor impunidad por el Gobierno y por el propio Parlamento y por el Senado, dando prioridad absoluta a la "estabilidad presupuestaria" y al "pago de la deuda pública". De ello se encargó el Partido Socialista y Obrero, llamado PSOE, siendo presidente Rodríguez Zapatero. Se sumaron sin pestañear el PP y Unión del Pueblo Navarro. La precariedad de los servicios públicos y de las prestaciones sociales quedaba servida en bandeja al poder económico. De eso se trataba, no otra cosa.

 

 

 

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