Desahucios, una lacra social que no cesa

<

Echar a vecinos de sus casas por impago del alquiler o la hipoteca sigue a la orden del día. Las entidades de vivienda piden a la Administración que tome medidas, pero creen que los cambios solo los forzará la calle

Ya se ha cumplido una década de la aparición de las camisetas verdes que paralizan desahucios. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha sido un halo de esperanza para mucha gente que no alcanza a pagarse un techo. Con frecuencia la PAH ha sido la única ayuda ante un mercado inmobiliario cuya preocupación es sacar rédito de la vivienda y unas Administraciones públicas cuyas soluciones se han demostrado insuficientes, empezando por la falta estructural de vivienda social. La posible configuración de un Gobierno estatal entre PSOE y Unidas Podemos no garantiza por sí mismo que se produzca un cambio sustancial en las políticas, opinan desde las entidades que defienden el derecho a la vivienda. Unas organizaciones que, por primera vez en una década, diseñan un programa conjunto de actuación y defienden que solo la calle podrá seguir forzando los cambios necesarios.

 
Vidas al borde del desahucio

Las imágenes de la comitiva judicial dirigiéndose a desalojar un piso, a veces incluso con polémicas actuaciones de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, siguen siendo una constante. Solo en Barcelona ciudad se ejecutaron 2.381 desahucios en 2018, la mayoría por impago del alquiler, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estos han disminuido de forma progresiva y son un millar menos que cinco años atrás, pero la realidad es que el año pasado aún se practicaron cerca de diez diarios, si se cuentan solo los días laborables. Es así pese a la llegada a la alcaldía de Ada Colau (BComú), exportavoz de la PAH y en cuyo programa electoral de 2015 proponía evitar los desahucios por motivos económicos. La entonces candidata aseguraba que frenarlos era cuestión de «voluntad política», pero la realidad parece indicar que con eso no basta.

Voski Valyan, de 49 años, es una madre de origen armenio que llegó a Barcelona con 23 años, la edad que ahora tiene su hija. Vino huyendo de la guerra. Trabajando de cocinera terminó con una hernia discal y se pasó a la limpieza, pensando que sería un trabajo más amable para la salud. Pero no fue así. En 2012 la echaron de una empresa que quebró. Con la reforma laboral, le pagaron «dos duros», recuerda. Luego realizó trabajos domésticos con contrato, pero su salud empeoró. «Nunca me miraba a mí, solo me esforzaba para pagarlo todo», añade. En 2017 tuvieron que operarla de la rodilla, lo que requeriría un año de recuperación. Tras un mes de baja, le dijeron que no volviera. En el paro supo que habían tramitado una baja voluntaria que no lo era. En un juicio quedó acreditado que el suyo había sido un despido improcedente, pero hasta julio de este año no pudo acceder a la renta garantizada, porque supuestamente el trabajo lo había dejado ella.

 

Entonces se encontró con que no podía pagar el alquiler. Trató de negociar sin éxito con la inmobiliaria Ento SL, propietaria del piso en el que reside en el barrio de Vilapicina, en Barcelona. «Le expliqué al propietario que no podía pagar, que podíamos negociar, que había pagado siete años. Y él me denunció. No lo veo justo», relata. Su hija se vio obligada a dejar los estudios de derecho para trabajar y que entrara algún ingreso en casa. «Cuando pagas eres buena. Cuando no puedes, ya eres mala», lamenta tras pasar por un calvario que la ha hecho enfermar todavía más. «He tenido en un año seis desahucios, dos de ellos con fecha abierta», dice. Todos se pudieron evitar gracias al apoyo de la PAH. A Voski se le saltan lágrimas de alegría cuando habla de la entidad que la ha ayudado a seguir en el piso con un alquiler social. «Solo tengo a la PAH, a nadie más», insiste, y desea que su hija pueda retomar los estudios.

Nadia Mermouri, de 31 años, vive con su marido y sus dos hijas, de 9 y 12 años. Ella y su pareja tienen un historial laboral con diversos trabajos en negro. Estaban de alquiler en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, pero en 2017 les quisieron subir el precio hasta los 600 euros. «Pagaba 500 y ya iba endeudada», recuerda, ya que en aquella época los ingresos de la familia no alcanzaban los 850 euros. Entonces conoció a la PAH, que también le prestó su ayuda. En mayo de 2017 llegó la primera demanda de desahucio. Tras varios intentos, se fijó con fecha abierta para entre el 15 y el 31 de julio de 2018. «¿Sabes qué día vinieron? El 31», recalca. «Si no llega a ser porque ese día la Brimo de los Mossos no podía venir, ese desahucio se ejecuta», asegura.

Ahora viven en un piso puente del barrio de la Trinitat Vella. La mesa de emergencia les acaba de adjudicar uno de alquiler social. Han pasado 27 meses desde que lo pidieron. Una vez establecidos, tratarán de rehacer su vida. El marido ya tiene el título para conducir un toro mecánico y ella, que es miembro de la PAH y del sindicato de la vivienda, quiere estudiar para asistenta social. Se le ilumina la mirada cuando habla de ello. «Será lo que ya hago, pero con un título y pagado», asevera.

Por lejanas que puedan llegar a parecer estas situaciones, casi nadie puede asegurar con certeza absoluta que nunca se verá al borde de un desahucio. En Badalona, un centenar de familias han denunciado recientemente que el fondo de inversión Lazora quiere aplicarles una subida de hasta el 80% en el alquiler, que lo elevaría hasta más allá de los 1.800 euros mensuales. Los inquilinos ya pagan unos 1.000 euros por cada piso, ubicados en el número 131 de la calle Indústria. Una cuantía que ya de por sí no está al alcance de muchos. De hecho, situaciones como esta abren la puerta a los llamados desahucios invisibles: aquellos en los que los inquilinos deciden dejar la vivienda por su cuenta, forzados por el aumento inasumible del alquiler.

Las reclamaciones de las entidades

La ley catalana 24/2015 obliga a los grandes tenedores de viviendas a evitar el desahucio de familias vulnerables mediante un alquiler social. Este año, de enero a agosto, ya se habían firmado más de 400 en Catalunya, según la portavoz de la PAH Barcelona, Lucía Delgado, quien defiende que hay que incrementar el número de beneficiarios e incorporar a las familias que ocupan pisos vacíos de grandes propietarios, una práctica que la entidad facilita.

La PAH sigue evitando los desahucios a domicilio mediante la concentración de activistas frente a la puerta de la vivienda afectada por la orden de desalojo. Solo en Barcelona, de enero a julio, paralizaron más de 170. «La situación de emergencia habitacional no ha bajado», avisa Delgado, ante lo que reclama a un eventual Gobierno PSOE-Podemos que les llamen para hallar soluciones. «Somos idóneos para generar cambios legislativos», afirma. En su opinión, se precisan «políticas valientes, porque los grandes tenedores no pueden hacer lo que les da la gana». Delgado también reclama «responsabilidad» a los pequeños propietarios que «se suben al carro de la burbuja» y aplican incrementos desorbitados del alquiler. «No decimos que no ganes dinero. Pero lo que no puedes hacer es especular con la vivienda. Es un derecho y no una mercancía», defiende la portavoz.

En el Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera –que comparte con la PAH reivindicaciones como la de regular los alquileres y construir más vivienda social– pone el foco en los «pequeños rentistas» que tienen un mínimo de cinco viviendas en alquiler y que viven de las rentas. La mitad de los 2.000 afiliados al sindicato residen en pisos propiedad de estos «pequeños buitres», con los que, asegura, no es fácil negociar. Pese a ello, el sindicato ha logrado desde febrero de 2018 que el precio del alquiler se haya congelado o subido solo moderadamente en un millar de contratos. Palomera no espera demasiado de un nuevo Gobierno de izquierdas ante el «bloqueo político» imperante. Si bien Podemos ha asumido las demandas del sindicato en su programa, el portavoz de la entidad insiste en que «cualquier cambio sistémico pasa porque la ciudadanía se movilice».

Las intervenciones de empresas como Desokupa, con empleados musculados que amedrentan a inquilinos en proceso de desahucio, generan preocupación. La concejal de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, no duda a tacharlas de «prácticas pseudomafiosas fuera de la ley» y promete que el Consistorio llegará «hasta donde la ley permita para acabar con estos abusos». Según Marc Serra, concejal de Derechos de Ciudadanía, la simple presencia de técnicos municipales, Mossos  o Urbana hace que los miembros de Desokupa desistan de sus prácticas, que se basan, sobre todo, en la intimidación, casi siempre sin utilizar la fuerza, con lo que el daño es muy difícil de probar en un juzgado. El Ayuntamiento de Barcelona se ha presentado como acusación popular en algunos casos, pero acaban archivándose. En uno fue porque la víctima no se presentó al juicio, posiblemente cohibida por la situación.

Las entidades no se olvidan de Colau, que había sido portavoz de la PAH. Delgado advierte a la alcaldesa de que lo que hace «no es suficiente» porque «hay una emergencia habitacional que se está desbordando». Y se muestra muy crítica por el hecho de que haya 600 familias realojadas en pensiones esperando un piso de emergencia social. Por su parte, el Gobierno de Colau –que ahora comparten Barcelona en Comú y PSC– asegura que la vivienda es una prioridad, lo que se traduce en medidas como el apoyo a familias desahuciadas. Mediante el Servicio de Intervención y Mediación ante Situaciones de Pérdida de Vivienda y/o Ocupaciones (SIPHO), se atendió a 2.270 familias en 2018, un número similar al de 2017. Entre enero y octubre de este año ya son 1.905 familias –hasta 4.853 personas, de las cuales 1.700 son menores–. «La emergencia habitacional nos preocupa mucho», garantiza la concejal de Vivienda, Lucía Martín, que carga contra las actuaciones «desmedidas e injustificables» de los antidisturbios en los desahucios, añadiendo que son «una mala gestión de los recursos públicos».

La concejal reivindica la tarea municipal con el proyecto Aprop (Alojamientos de Proximidad Provisionales), los pisos prefabricados que sirven para alojar a los más vulnerables. Próximamente se inaugurarán los primeros 12 en el Gòtic, y en año y medio el Ayuntamiento prevé tener 40 más. Martín asegura que la Generalitat también «parece interesada en asumir promociones propias» de Aprop en la ciudad. Pero le reclama que aporte los recursos que le corresponden para vivienda –el 60% en base a su peso en el Consorci de l’Habitatge y no el 20% como ahora–. Y con la vista puesta en un eventual Gobierno PSOE-Podemos pide que el Estado «juegue un papel» con recursos –tras el recorte del 70% del Gobierno del PP–, ponga fin a los desahucios abiertos y permita a los Ayuntamientos limitar los precios «abusivos» del alquiler.

Pese a los esfuerzos para paliar los efectos de los desahucios, sigue siendo habitual que concejales de Colau, como Jordi Rabassa –del distrito de Ciutat Vella–, opten por pedir la colaboración ciudadana a través de las redes -sociales para paralizarlos. «La emergencia habitacional no puede afrontarla ningún Ayuntamiento solo», afirma Martín. Por eso aplaude la iniciativa del primer Congrés d’Habitatge de Catalunya, celebrado a mediados de noviembre en Barcelona y que recogió el sentir de unas 70 entidades. La portavoz del congreso, Clàudia Ruscalleda, lo tildó de «histórico» y prometió que «la voz de los sin voz se hará sentir» y que llevarán «el miedo» hasta las casas de los especuladores. También recordó que el nuevo Gobierno solo hará cambios si se le presiona. El congreso concretó sus líneas de trabajo: parar los desahucios, «pinchar la burbuja inmobiliaria» y expropiar pisos de fondos buitre y de grandes propietarios. Empezarán por llevar a cabo acciones conjuntas contra el fondo Divarian, vinculado al BBVA, implicado en casos de todas las entidades. Calculan que tiene 30.000 pisos solo en Catalunya.

Sin embargo, el cómo se pondrá todo ello en práctica deberá esperar a diciembre, cuando lo comunicarán e interpelarán a los políticos. «Deberán decidir si están con la gente o con los fondos buitre», avisa Ruscalleda. Entre las medidas que pueden plantear figura congelar los precios e ir a una huelga del pago del alquiler, que podría limitarse solo a algunas comunidades de vecinos afectadas. Prometen que pronto despejarán las dudas.

LO QUE DICE LA LEY

No es lo mismo ser desahuciado por no pagar el alquiler que por no sufragar la hipoteca. En cuanto al alquiler, el propietario puede poner la demanda tras un mes de impago, aunque el plazo es mayor en caso de familias vulnerables y cuando la propiedad es una inmobiliaria o un banco. En relación con la hipoteca, el plazo se ha ampliado a los 12-15 meses de impago, según explica Sergio Nasarre, director de la cátedra Unesco de vivienda de la Universitat Rovira i Virgili (URV). No obstante, y al menos hasta mayo de 2020, rige una moratoria que impide expulsar a una familia vulnerable de su casa, aunque exista una sentencia firme. España está en la media europea en cuanto al tiempo que se tarda en desahuciar desde que se interpone la demanda: entre cinco y seis meses en el caso del alquiler y entre seis y siete en el de las ejecuciones hipotecarias.

LOS MOSSOS BAJO LA LUPA

La actuación de los Mossos ha vuelto a generar polémica. De hecho, el cuerpo anunció una investigación interna por las cargas policiales durante un intento de desahucio que no prosperó el 19 de septiembre en el barrio de Sants de Barcelona. Otro que fue controvertido se produjo el 16 de octubre en Santa Coloma de Gramenet. Doce días después, los Mossos detuvieron a Juan Pastor, un activista de la PAH de 64 años y que pasó una noche en comisaría acusado de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Pastor cuenta a El Quinze que durante la movilización para parar el desahucio se produjo «un forcejeo» por un chaval que la Policía tenía retenido, pero que es «totalmente mentira» que hubiera golpes contra los Mossos.

OCUPACIÓN FRAUDULENTA O POR NECESIDAD

Tras Barcelona, el segundo lugar con más desahucios del área metropolitana es el partido judicial de Terrassa, con 723 en 2018. Le siguieron L’Hospitalet de Llobregat (549) y Badalona (516). Tiene que ver con los precios altos y la población migrante, que a menudo no puede pagar, según el teniente de alcalde de Derechos Sociales de Terrassa, Noel Duque (Tot per Terrassa), que se queja de la falta de medios de los Ayuntamientos para afrontarlo. «Nos preocupa la gente a la que atendemos y más aún a la que no llegamos», afirma. Ahora ultiman un protocolo para enterarse con antelación de los desahucios y discriminar entre quien ocupa por necesidad y quien lo hace fraudulentamente. «Hemos detectado mafias que venden llaves de pisos que ya tienen un lanzamiento», explica Duque. Al nuevo Gobierno le pide evitar los de familias vulnerables y menores, regular el alquiler y acabar con el «racismo inmobiliario» de las empresas que no alquilan pisos a migrantes. «Confiamos mucho en Podemos en materia de vivienda», añade el teniente de alcalde.

 

Foto. Pedro Mata y Sira Esclasans

https://temas.publico.es/el-quinze/2019/11/28/desahucios-una-lacra-social-que-no-cesa/

Top