La radiotelevisión pública asturiana en la era post-ornia: ¿cambio real o cosmético?

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Resumen
El artículo estudia la gestión reciente de RTPA a partir de una serie de controvertidas prácticas empresariales, laborales y lingüísticas habituales en el período 2006-2011, sobre todo, la opacidad en la contratación, la alta remuneración de directivos, las cesiones de trabajadores y el desinterés por la lengua autóctona. Más específicamente, el texto relaciona la evolución de esas prácticas con la acción política en torno a RTPA desde 2012. La conclusión principal es que la prioridad del poder político en estos tres años ha sido mantener el control sobre RTPA y ofrecer una apariencia de austeridad, no resolver las disfunciones citadas.

 

Palabras clave
RTPA, Asturias, televisión autonómica, relaciones laborales, lengua asturiana.

1. INTRODUCCIÓN

 

La gestión reciente del sector audiovisual europeo ha girado en torno “a la reestructuración de la televisión pública, a la concentración de los operadores de servicios digitales de ondas hertzianas, de cable y satélite, y a la nueva orientación de las políticas de apoyo al cine dentro del ámbito genérico de las industrias culturales y creativas” (Campos-Freire, 2013: 90).

 

Los primeros síntomas de esta gestión se remontan a los años finales del siglo XX. En el Protocolo número 29, anexo al Tratado de Ámsterdam, sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros (1997), la radio y la televisión públicas se relacionan “con la democracia, las necesidades sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo en los medios de comunicación”. Su organización y financiación son potestad de los Estados, que pueden aportarles fondos siempre que se trate de medios de servicio público y las aportaciones respeten las normas del mercado. Al año siguiente, el Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Política Audiovisual ahonda en el concepto de servicio público, y lo liga a la fortaleza de la radio y televisión públicas en la competencia por las grandes audiencias. Las bases de la actual regulación europea terminan de delinearse en sendas Comunicaciones, en 2001 y 2009, que matizan y clarifican algunos aspectos de los documentos anteriores (Campos-Freire, 2012: 151).

 

El cambio legislativo europeo comienza a implantarse en España con la aprobación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y televisión de titularidad estatal y la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, e inicia su avance hacia el ámbito autonómico en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Este avance culmina con la redacción y aprobación, en los primeros meses de Gobierno del Partido Popular (PP), de la Ley 6/2012, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 7/2010, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos.

 

Aprovechando el contexto de crisis económica, la Ley 6/2012 relaja la prohibición de externalización de informativos y la exigencia de emisión de una mayoría de producción propia que la Ley 7/2010 imponía a las televisiones públicas, y remueve los obstáculos legales que impedían satisfacer una histórica demanda conservadora: la privatización de las televisiones públicas autonómicas. Como consecuencia, la televisión de Murcia es privatizada, la externalización se incrementa en las de Aragón y Extremadura, y el debate en torno a la función social y los costes del resto, ya intenso por la crisis y la interesada presión de la televisión comercial, se intensifica aún más. Entre 2012 y 2013, el conjunto de televisiones públicas españolas sufre importantes recortes de presupuesto, reducción de canales, caída de audiencias, contracción de plantillas, aumento de la externalización y, en el caso específico de la Radiotelevisión Valenciana, el cierre. La Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) no es, obviamente, ajena a estas dinámicas.

 

Constituida como empresa pública en 2005, al amparo de la Ley del Principado de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social, RTPA se justifica inicialmente, como la televisión aragonesa o la balear, “en la necesidad de contar con información autonómica, contribuir a la cohesión, reforzar la identidad, impulsar el sector audiovisual y el desarrollo económico, normalizar o extender la lengua propia” (Zallo, 2015: 329). Con José Ramón Pérez Ornia como primer director general, RTPA se configura sobre un modelo de gestión externalizado, un sistema de financiación mixto, y unas cifras de personal propio y presupuesto comparativamente modestas, alcanzando en 2010, año de mayor expansión, un techo presupuestario de 37,2 millones de euros. Con estos recursos, RTPA consigue elevar el número de empresas audiovisuales del Principado hasta 114 (Menéndez Otero, 2013: 524) y alcanzar una cuota de pantalla media anual del 7,6%.

 

Si sólo nos centráramos en estos datos, podríamos afirmar que todos los problemas de RTPA comenzaron con la victoria electoral de Foro Asturias (FAC), la formación regionalista conservadora que fundó Francisco Álvarez Cascos tras la negativa del PP a presentarle como cabeza de lista en las elecciones autonómicas de 2011. Decidido a reformar por las bravas lo que insiste en denominar “chiringuitos socialistas”, una de las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo de FAC es la suspensión unilateral de la transferencia a RTPA de 11,3 millones de euros comprometida en el presupuesto vigente para el último trimestre de 2011. Aun cuando la activación de la prórroga presupuestaria aliviaría ligeramente la situación, durante varios meses, RTPA y buena parte de sus proveedores quedan al borde de la quiebra.

 

Resulta innegable que la suspensión de FAC fue un serio ataque a la línea de flotación de RTPA. Ahora bien, es obligado subrayar también que la gestión de RTPA durante el período 2006-2011 tuvo muchas zonas oscuras y, sobre todo, que los recortes presupuestarios se iniciaron meses antes de que Álvarez Cascos asumiera el Gobierno regional — el presupuesto de RTPA en 2011 fue de 32,8 millones de euros, 4,4 millones inferior al de 2010 — y han continuado durante el mandato del socialista Javier Fernández, presidente de Asturias tras ganar las elecciones autonómicas anticipadas que Cascos, incapaz de conseguir una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar su proyecto presupuestario, convoca para el 25 de marzo de 2012.

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

 

El presente artículo estudia la gestión de RTPA durante el período 2012-2015 más allá del compromiso de mantenerla abierta y bajo titularidad pública. En particular, deseamos determinar si los sucesivos cambios introducidos en estos años, culminados en la aprobación de la Ley del Principado de Asturias 8/2014, de 17 de julio, de segunda reestructuración del sector público autonómico, apuntan hacia un nuevo modelo, más eficiente, plural y transparente, de televisión pública en Asturias o, por el contrario, sólo persiguen enmascarar ineficiencias, discrecionalidades y opacidades derivadas del modelo vigente desde 2005.

 

El artículo sigue una metodología cualitativa. La técnica de investigación fundamental ha sido de carácter documental, con una especial prioridad del texto legal citado; el diario de sesiones de la Junta General del Principado de Asturias; noticias periodísticas; artículos académicos, y comunicados e informes de partidos políticos, sindicatos, organizaciones de defensa de la lengua asturiana y la propia RTPA. Algunos de los datos que se presentan han sido contrastados con profesionales del sector audiovisual asturiano y trabajadores del Ente, pero ninguno de ellos nos ha autorizado expresamente a revelar su identidad.

 

3. EMPRESA, RELACIONES LABORALES Y LENGUA EN RTPA (2006-2011) (01)

Como apuntaba recientemente Pérez Ornia (2015: 146), RTPA nació sin consenso político. Ni el principal partido de oposición, el PP, ni muchos sectores dentro del partido gobernante, la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), estaban a favor de un proyecto que consideraban un dispendio a mayor gloria del entonces presidente regional, Vicente Álvarez Areces, y su personal proyecto de modernización de la región, sustentado en la Universidad Laboral de Gijón, el Centro Cultural Óscar Niemeyer de Avilés y la propia RTPA.

 

Sólo el asturianismo llevaba tiempo apostando sin reservas por la creación de una televisión autonómica en Asturias, pues confiaba en que, al igual que había sucedido en las CC.AA. históricas, este medio pudiese liderar la normalización de la lengua autóctona. La irrelevancia del conocimiento de asturiano en las oposiciones a redactores de RTPA fue, sin embargo, el principio de una gran decepción que pronto culminó la parrilla de programación. TPA no emitió contenidos en asturiano hasta finales de marzo de 2007 y, cuando comenzó a hacerlo, estos programas fueron generalmente relegados a horarios y géneros de baja audiencia, emitidos sin promoción y, sin contar las redifusiones, apenas supusieron el 2% de la parrilla (Ruitiña, 2012: 233).

 

Entretanto, el sector audiovisual regional, que se había sumado a los apoyos de RTPA al conocer que buena parte de la producción sería externalizada, no tardó en sentirse defraudado ante la sistemática adjudicación directa de contratos mayores a filiales de grandes grupos nacionales, en ocasiones, a precios superiores a los de mercado y sin exigencia alguna de solvencia técnica y económica. Aunque la Sindicatura de Cuentas del Principado constató hasta 23 irregularidades de contratación sólo en el ejercicio 2006, el contrato de mayor repercusión mediática fue el de Plural Entertainment, una filial del Grupo Prisa que, entre 2007 y 2009, recibió casi 10 millones de euros por una serie de programas de servicio público que causó estupor por su baja calidad y porque la empresa ni siquiera tenía delegación en Asturias cuando le fue adjudicado el contrato. Por otra parte, si bien Zebra y Mediapro tomaron la precaución de asociarse con empresas locales para crear filiales en Asturias — Proima-Zebrastur y Asturmedia, respectivamente — antes de concurrir a las licitaciones de RTPA, no pasó inadvertido que, entre las dos, acapararon una media del 72% de los presupuestos de producción externa del Ente. Asimismo, los 4,6 millones de euros anuales que RTPA comenzó a abonar a Mediapro en 2010 por los derechos de emisión, en simulcast con laSexta, de la Fórmula 1, la Liga BBVA y la Champions League, aunque reportaron índices altos de audiencia, fueron percibidos como un intercambio de favores entre el PSOE y el grupo de comunicación.

 

Si la decepción del sector fue grande, mucho más grande fue la de los trabajadores audiovisuales. Durante años, el proyecto de televisión autonómica se había presentado a la opinión pública como un gran generador de empleo de calidad, directo e indirecto. La plantilla propia de RTPA nunca ha superado, sin embargo, el umbral de 160 personas y las promesas iniciales de conversión en indefinidos de decenas de contratos temporales se diluyeron pronto en una vorágine de externalizaciones de departamentos inicialmente adscritos al Ente, de los que los trabajadores eran despedidos para, a continuación, ser reincorporados al mismo puesto como personal externo en condiciones precarias. Ahora bien, como apuntamos más adelante, la nula aportación de medios exigida a muchas contratas ha permitido a decenas de trabajadores demostrar el carácter fraudulento de las prácticas laborales de RTPA en el período 2006-2011.

 

Por último, cabe destacar que todo esto sucedió con la connivencia de las principales fuerzas políticas y medios de comunicación regionales. Las primeras, porque estuvieron mucho más interesadas en recompensar la fidelidad partidista de miembros de sus directivas con las generosas dietas del Consejo de Administración que en auditar las cuentas y actividades del Ente — incluido el PP, cuya opinión de RTPA cambió una vez que sus representantes aceptaron formar parte del Consejo. Los segundos, porque RTPA recompensó su silencio cómplice a partir de 2007 con adjudicaciones directas de producción de noticias, retransmisiones deportivas y gestión publicitaria, y varios de ellos resultaron asimismo beneficiados en el reparto de licencias autonómicas de TDT que llevó a cabo el Gobierno autonómico.

 

4. LAS ELECCIONES DE 2012. DE LOS PROGRAMAS ELECTORALES AL RECORTE PRESUPUESTARIO

 

A pesar del atronador ruido mediático y político que acompañó la suspensión de la transferencia a RTPA en 2011, con la única excepción del de Izquierda Unida (IU), los programas electorales de las formaciones políticas que obtienen representación en las elecciones de 2012 (02) apenas ofrecen propuestas concretas respecto al Ente de Comunicación regional. Así, en las 245 páginas del programa del partido ganador, la FSA-PSOE, RTPA sólo es citada en un breve párrafo sin vinculación a proyecto audiovisual o modelo de televisión alguno:

 

Los recursos de producción generados con la puesta en marcha de la RTPA han supuesto la consolidación de importantes proyectos y generado numerosas oportunidades para los creadores asturianos. Las iniciativas de la RTPA, permitirán con seguridad la aparición de nuevas iniciativas profesionales y la cada vez mayor presencia de proyectos cinematográficos, televisivos o multimedia que tengan su origen en empresas y creadores asturianos. (Federación Socialista Asturiana, 2012: 234)

 

La gestión de RTPA ocupa una extensión similar en las más de 100 páginas de los programas de las formaciones conservadoras, FAC y PP, aunque ambas explicitan al menos su voluntad de abrir el Ente al capital privado (Foro Asturias, 2012; Partido Popular de Asturias, 2012: 100). De forma adicional, los populares abogan asimismo por reforzar “la presencia del asturiano” en TPA (Partido Popular de Asturias, 2012: 93) y los casquistas, por dar cobertura legal a la entrada de capital privado con la reforma de la Ley 2/2003, de forma que ésta permita la “enajenación [de RTPA] o su gestión a través de instrumentos de colaboración público-privada” (Foro Asturias, 2012).

 

Implícitamente, el programa de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) comparte el afán privatizador de FAC y PP. El partido magenta incluye a RTPA en un apartado dedicado al sector público como ejemplo de “actividad prescindible” que mantiene un “elevado presupuesto [que] no se corresponde con el que sería necesario para financiar una teórica función social” y, por tanto, es contraria a los principios de “buena gestión y de austeridad” (Unión, Progreso y Democracia, 2012: 70). De forma genérica, UPyD propone simplificar el sector público, priorizar la financiación de servicios fundamentales, y licitar y gestionar con transparencia. En otro apartado del programa, el partido cuestiona asimismo la función social de las retransmisiones de fútbol y automovilismo, y apunta la necesidad de reorientar la programación.

 

Además de criticar estas retransmisiones y la gestión forista del Ente, IU dedica dos de las 92 páginas de su programa a explicar el modelo de televisión que desea y las medidas que, a su juicio, se deberían adoptar para materializarlo. Para la coalición, RTPA debe ser una televisión pública, austera, de servicio público, rigurosa, dinamizadora del sector audiovisual, generadora de empleo de calidad y respetuosa con la diversidad regional (Izquierda Unida de Asturias, 2012: 87). Con este modelo televisivo como objetivo, IU propone la aprobación de leyes que garanticen la pluralidad e independencia de los informativos y abran el Consejo de Administración a la sociedad y los profesionales, la creación del Consejo Audiovisual de Asturias, la reducción de las retribuciones de directivos y consejeros, una programación de calidad y proximidad, una mayor atención a la accesibilidad, un segundo canal “con contenidos culturales y deportivos” en lengua asturiana y, por último, una cuota del 33% de uso vehicular de la llingua en el conjunto de la programación (ibíd. 88).

 

Como hemos dicho, la FSA-PSOE gana las elecciones autonómicas anticipadas del 25 de marzo de 2012 y Javier Fernández es investido presidente en mayo. A pesar de la vaguedad del programa socialista en lo que respecta a RTPA, poco antes de las elecciones, el entonces cabeza de lista anticipa en el diario El Comercio las líneas maestras de su proyecto para el Ente: “Los recursos escasean para todos y para RTPA también. Va a tener que ser más austera y eficaz” (cit. Suárez, 2012). Ya como presidente, Fernández reafirma su compromiso con la continuidad de RTPA como televisión pública, pero también anuncia que, obligado por las restricciones presupuestarias del Gobierno central, el Principado aprobará un plan de pago a proveedores y un drástico ajuste del sector público en el otoño. Como consecuencia de estas medidas, RTPA reduce buena parte de su deuda, de 19 millones de euros, pero es también informada de que el presupuesto para 2013 será de sólo 23 millones, casi un 30% menos que en 2012 y 3,4 millones inferior al mínimo propuesto por Antonio Virgili, director general de RTPA desde diciembre de 2011, para evitar ajustes traumáticos de empleo y salarios.

 

5. EMPRESA, RELACIONES LABORALES Y LENGUA EN RTPA (2012-2015)

 

5.1. Transparencia y opacidad en la externalización de contenidos

 

A las televisiones públicas autonómicas se les ha atribuido la función de “contribuir a la creación del tejido industrial audiovisual en su ámbito geográfico de cobertura” (Azurmendi et al., 2011: 12) y, de hecho, sistemáticamente se cita a Cataluña y el País Vasco como modelos del potencial de crecimiento que ofrecen dichas televisiones. Desde la perspectiva de la gestión pública, la mayor ventaja que, en teoría, aporta la externalización es el ahorro de costes.

 

La simbiosis entre productoras privadas de contenidos de proximidad y televisiones públicas autonómicas — defendida por, entre otros, Moragas y Prado (2001) — entraña, sin embargo, dos grandes riesgos: la creación de un tejido audiovisual atomizado, dependiente por completo de la propia televisión y poco competitivo, y “la descapitalización de los servicios propios de los servicios audiovisuales públicos” (ibíd. 13). A estos dos riesgos podemos sumar que la externalización suele justificarse en una previsión de ahorro a corto plazo que, con frecuencia, no sólo no llega a producirse, sino que además enturbia las relaciones laborales en la televisión pública y compromete su futuro al deteriorar sus competencias (ibíd.). Por otra parte, no podemos olvidar que “el sistema mediático español encaja en el modelo mediterráneo […] de pluralismo polarizado, caracterizado por un alto grado de politización, clientelismo y entendimiento entre élites políticas, económicas y mediáticas” (Zallo, op. cit. 325) y, por consiguiente, los criterios de selección y condiciones económicas de la externalización no siempre son transparentes ni velan por los intereses de la empresa pública.

 

En los últimos tres años, RTPA no se ha alejado sustancialmente del modelo de gestión externalizado de Pérez Ornia y mantiene un porcentaje de subcontratación comprendido entre el 70% y el 80%, según el sindicato Corriente Sindical de Izquierdas (CSI). Ahora bien, teniendo en cuenta el ajuste presupuestario sufrido por el Ente desde 2011 y las críticas recibidas por algunos de los contratos suscritos en el período anterior, sería ingenuo pensar que nada ha cambiado en la programación de producción externa emitida por TPA.

 

De hecho, el primer cambio ni siquiera esperó a las elecciones de 2012. En marzo de 2012, Antonio Virgili negocia con Mediapro la rescisión de los contratos para la emisión de Fórmula 1, la Champions League y la Liga, tres de los contenidos que, junto a los informativos, aportan en ese momento una mayor audiencia, pero que además de costosos — el ahorro estimado en 2013 por esta rescisión fue de 2,5 millones de euros — tenían un difícil encaje en la misión de servicio público exigible a RTPA.

 

La rescisión supuso un durísimo golpe en términos de audiencia (03) y, junto a los recortes presupuestarios, obligó a reestructurar la parrilla de TPA en torno a contenidos de proximidad, fácilmente justificables como servicio público y, lo que es más importante, mucho más económicos. Estos contenidos, que pasaron de ocupar el 51% de la parrilla en 2011 al 80% en 2014 (Ruitiña, 2015: 130-134), no pudieron detener la caída de audiencia en 2013. (04) Sin embargo, su creciente aceptación entre el público asturiano contribuyó a elevar la cuota de pantallamedia anual de TPA hasta el 6,2% en 2014 y, sobre todo, a paliar en parte los catastróficos efectos que los sucesivos recortes presupuestarios han tenido sobre un tejido audiovisual regional que, una década después de la creación de RTPA, continúa dominado por empresas minúsculas, poco competitivas y enteramente dependientes de los contratos de la radiotelevisión pública autonómica.

 

Aun cuando desde 2012 se han atenuado las críticas respecto a la preferencia de RTPA por grandes grupos de fuera del Principado y no ha habido escándalos de licitación comparables al de Plural, el sector audiovisual, los partidos políticos de oposición y los sindicatos han reiterado que RTPA continúa contratando de forma poco transparente u objetiva con un número reducido de empresas, lo que supone un serio lastre para el desarrollo de una industria audiovisual en Asturias.

 

RTPA contrata producción externa a través de dos mecanismos: los encargos de producción y las licitaciones públicas. Los primeros son negociados de forma privada — es decir, opaca — entre la cadena y el contratista, que previamente ha de presentar un proyecto en el Registro de Programas del Ente. Una vez presentado el proyecto, la cadena lo analiza en función de tres criterios: valor de servicio público de proximidad, presupuesto y potencial rentabilidad económica. Si el proyecto supera esta fase, se inicia la negociación privada.

 

Las licitaciones son poco más transparentes. Además de recurrir sistemáticamente al procedimiento negociado, que permite la negociación privada con cada aspirante una vez presentada la oferta inicial, RTPA suele incluir en sus pliegos de condiciones un apartado, abierto y subjetivo, de propuesta de mejoras del servicio. Las ofertas, por otra parte, no reciben puntuación numérica, sino una valoración escrita de acuerdo a una escala (excelente, muy bueno, bueno…) difícilmente recurrible. En otro orden de cosas, cabría destacar asimismo la permisividad que RTPA concede a las contratas en materia laboral, lo que ha tenido como resultado que, casi con cada nueva licitación, se haya reducido el número de trabajadores externalizados y/o se hayan deteriorado sus condiciones. (05)

 

Si, a la vista de estos datos, las acusaciones de falta de transparencia parecen ciertas, las cifras ofrecidas por Virgili en su comparecencia de junio de 2013 ante la Junta General del Principado apuntan a que, efectivamente, RTPA aún confía la mayor parte de su producción externalizada a unas pocas empresas. Así, sólo tres productoras, Proima-Zebrastur, Asturmedia y VAV, acapararon 5,1 de los 5,8 millones de euros que RTPA destinó a producción externa en 2013, distribuidos de la siguiente manera: Zebrastur, 3,5 millones; Asturmedia, 1 millón, y VAV, 600.000 euros (Junta General del Principado de Asturias, 2013).

 

Aunque el contrato con VAV terminaría por ser el más polémico del período 2012-2015, la generalizada opacidad de las contrataciones ha sido origen de nuevas sospechas de nepotismo, despilfarro y corrupción. El año 2013 destaca en particular por el número de licitaciones que fueron puestas públicamente en entredicho en los medios asturianos, la Junta General y, en el caso específico de la adjudicada a VAV, los tribunales de justicia.

 

En enero de 2013, la UTE formada por Proima-Zebrastur y la vasca Expressive Media Projects logra el contrato de gestión de la publicidad de RTPA. Esta adjudicación, a priori intachable, se convierte en dudosa cuando tenemos en cuenta que Proima-Zebrastur es, como hemos dicho, uno de los mayores proveedores de contenido de RTPA y, por tanto, resulta un poco extraño que se le permita gestionar también los espacios publicitarios asignados a los contenidos que produce. Por otra parte, la presencia de la televisión pública vasca EiTB en el accionariado de Expressive Media Projects podría ser contraria a la legislación europea, puesto que el objeto social de la empresa tiene muy poco que ver con la misión de servicio público que hace a EiTB acreedora de financiación pública (Vélez, 2015).

 

En marzo del mismo año, Secuoya, a través de una UTE participada por su filial B&S, conseguía su primer contrato en RTPA: la operación y mantenimiento técnico de continuidad, control central y enlaces móviles, así como el mantenimiento técnico general, por un precio anual de 705.000 euros más IVA. Apenas un mes después, Secuoya despedía a ocho trabajadores de estos servicios, reducía el salario al resto y, en un rápido movimiento de puerta giratoria, fichaba al director y al exdirector de informativos de RTPA, Ignacio Menéndez del Campo y Juan Carlos Fernández Cuesta, respectivamente, para los servicios informativos de Latina TV, un importante proyecto audiovisual de la empresa en Perú.

 

También en marzo de 2013 trascendía la adjudicación de la información meteorológica a David Arango por 81.000 euros, y la de la información local a VAV por 745.000, hasta final de año e IVA excluido. En el primer caso, sorprendía la plena coincidencia entre los precios de oferta y de licitación, y el elevado coste que se atribuye a un servicio que ocupa a sólo tres trabajadores y donde RTPA aporta los medios para la grabación y el grafismo. En el segundo, la situación es sustancialmente más compleja.

 

El 31 de diciembre de 2012 expira el contrato de producción de contenidos informativos locales que RTPA mantiene con tres modestas productoras asturianas — Videoimagen, Enfoque Visual e Ídola Media — y, puesto que el nuevo concurso se hace público ese mismo día, los informativos de TPA comienzan 2013 sin corresponsalías en los municipios. La dirección del Ente intenta paliar la situación con la contratación temporal de cinco cámaras de Enfoque Visual el 1 de enero, lo que resucita de inmediato la polémica de la cesión ilegal y lleva a la cadena a publicar, días después, una bolsa de empleo de técnicos de imagen, que asimismo provoca un hondo malestar entre trabajadores y sindicatos porque anula una bolsa anterior para un perfil profesional muy similar (Rodríguez, 2013).

 

Mientras los ERE se suceden en las contratas de los informativos, la dirección del Ente dilata la tramitación de la licitación, cuyo pliego de condiciones incluye asimismo el suministro de contenidos de interés regional desde Madrid, lo que en la práctica deja fuera a las empresas locales que venían prestando el servicio. El futuro laboral de 32 de los trabajadores de estas empresas parece, sin embargo, asegurado una vez resuelto el concurso, pues el pliego exige al adjudicatario su subrogación.

 

El 1 de abril, RTPA anuncia la adjudicación del servicio a VAV y justifica la decisión en base a que la empresa, con sede en Madrid, ha presentado la mejor oferta económica. La sorpresa y desagrado que causan en el sector la adjudicación a una empresa en preconcurso de acreedores — y que, además, carece de medios técnicos propios en Asturias — se traducen en la presentación de una demanda judicial por parte de otro de los aspirantes, el diario El Comercio (Vocento).

 

El desagrado no hace sino aumentar cuando VAV, con la connivencia de RTPA, demora un mes el inicio del contrato para eludir la subrogación a los 32 trabajadores en las condiciones que tenían a 31 de diciembre (06) y negociar con las productoras locales el alquiler del equipamiento — y, en ocasiones, el personal — necesario para prestar el servicio. Libre de la obligación de subrogar, VAV contrata sólo a algunos de los 32 trabajadores recogidos en el pliego y a otros nuevos en condiciones precarias, y reduce el número de corresponsalías. Como colofón, durante el primer mes de servicio, VAV entra en concurso de acreedores y, aunque el pliego contempla la prórroga automática del contrato hasta un máximo de tres años, la empresa abandona RTPA en diciembre de 2014, en medio de una nueva polémica por el despido de un cámara que había participado en acciones sindicales. (07)

 

Los contratos con Zebrastur, David Arango, Secuoya y VAV no fueron, sin embargo, las únicas controversias que rodearon las externalizaciones de RTPA en 2013. En mayo, mientras se negocia el convenio colectivo, un juzgado de Gijón admite a trámite la querella criminal presentada por CSI contra dos directivos de RTPA por prevaricación, fraude y exacciones ilegales en el contrato celebrado en 2008 con la empresa Teletemas para la producción de Amanecer, un sencillo feed vespertino con imágenes en directo de Oviedo y Gijón, y una cinta de información meteorológica. Aunque RTPA aportaba los medios técnicos, la contrata recibió 85.700 euros anuales (más IVA) por la prestación del servicio y, sobre todo, según el sindicato, evitar al Ente la contratación de cinco personas que ya habían trabajado directamente para RTPA, y que posteriormente vieron reconocida en los tribunales su cesión ilegal a la contrata.

 

Por último, el verano de 2013 concluyó con una nueva adjudicación polémica: la de la actualización de los contenidos del sitio web a Dos Torres Audiovisual, una pequeña empresa de reciente creación y cuyo administrador único era el coordinador de la propia web, previamente externalizada, desde 2009.

 

5.2. Efectos del recorte presupuestario en la estructura laboral y empresarial

 

La querella criminal citada guarda una estrecha relación con la particular forma de entender la externalización y las relaciones laborales de la dirección de RTPA entre 2006 y 2011, que ha motivado la presentación de decenas de demandas por cesión ilegal de trabajadores desde 2010. Como consecuencia de estas demandas, en marzo de 2015, RTPA acumulaba un total de 58 sentencias firmes en contra por cesión ilegal. Ahora bien, mediante recursos sucesivos ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el Ente consiguió que muchos de los despidos de trabajadores ilegalmente cedidos a las contratas fuesen considerados improcedentes y, por tanto, la cadena pudiese optar entre la incorporación del trabajador o el abono de una indemnización. En cifras totales, entre enero de 2012 y enero de 2014, 22 trabajadores ilegalmente cedidos se incorporaron a la plantilla de RTPA, 30 fueron despedidos de forma improcedente y la cadena abonó más de 404.000 euros en indemnizaciones y salarios de tramitación (Junta General del Principado de Asturias, 2014).

 

La sucesión de sentencias por cesión ilegal avivó el argumento de que la plantilla de RTPA estaba sobredimensionada y suponía un elevado coste para el erario, y obsesionó a la dirección con evitar comunicaciones directas entre empleados propios y externos que pudieran sustanciar nuevas denuncias. Asimismo, coincidiendo con el recorte presupuestario de 2013, la dirección estableció una interesada relación causal entre la incorporación e indemnización de los trabajadores cedidos ilegalmente y los planes de ERE y/o rebaja salarial que comenzó a diseñar al conocer el recorte.

 

En febrero de 2014, la plantilla de RTPA era de 147 personas, a las que la empresa abonó en 2013 un total de 2,5 millones de euros en concepto de salarios, con una media de unos 17.000 euros por trabajador. Como contraste, cada uno de los doce miembros activos del Consejo de Administración percibió en 2013 unos 800-850 euros brutos por reunión en concepto de dietas, con un coste total de 110.000 euros, y cada uno de los 15 del de Comunicación, 400-450 brutos por el mismo concepto, con un coste total de 18.000 euros. Asimismo, aunque no hemos tenido acceso a datos concretos acerca de las retribuciones de los siete directivos de RTPA, Antonio Virgili afirma que su salario medio fue de 54.000 euros en 2013, lo que supone un coste total anual de unos 378.000 euros (Junta General del Principado de Asturias, 2013; 2014).

 

Al hilo de esta cuestión, cabe reseñar que, a raíz de la creación del Registro de Contratos de Alta Dirección de Asturias en mayo de 2014, se conocía que, de los 32 contratos de esta índole existentes en la Administración regional, doce de ellos correspondían a RTPA, seis al Ente y otros seis, a TPA. Comparando estos datos con el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de 2006, se desprende que cuatro de los directivos que aún permanecen en el Ente, además de la secretaria general, no cumplen las condiciones para ese tipo de contrato y, por tanto, para percibir las cuantiosas retribuciones que lleva asociadas (Muñiz, 2014).

 

Ajeno a estas cuestiones, en abril de 2013, el comité de dirección, confirmando los peores temores y apoyándose en un informe encargado a la consultora PWC, anunció un plan de reestructuración con dos únicas alternativas para la plantilla: reducción de salario base o ERE. Después de varias semanas de tensa negociación entre la dirección y el comité de empresa, los representantes sindicales aceptaron reducir la masa salarial en 165.000 euros hasta diciembre y centrar la reducción en los pluses de responsabilidad, nocturnidad y fines de semana. A cambio, la dirección garantizó el empleo y las condiciones laborales para 2014, siempre y cuando el Principado no redujera aún más las transferencias. En julio, una amplia mayoría de trabajadores ratificó el acuerdo.

 

5.3. La lengua asturiana en TPA desde 2012: tímidos avances

 

TPA continúa siendo a grandes rasgos una televisión en castellano. Sin embargo, el uso de la lengua asturiana se ha incrementado notablemente desde 2012. Durante este período, se incorporaron a la parrilla contenidos de entretenimiento conducidos en asturiano — “De folixa en folixa”, “Superasturianos”, “El club musical”, “La quintana de Pola”… — y, por vez primera, se emitieron largometrajes — El rostru impenetrable / One Eyed Jacks (Marlon Brando, 1961), Greystoke / Greystoke. The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (Hugh Hudson, 1984) y Harry el suciu / Dirty Harry (Don Siegel, 1971) y series infantiles — “Los bolechas” / “Os bolechas” (Lúa Films y RTVG, 2012­) — dobladas a la lengua regional. Los contenidos de entretenimiento, en general, no fueron relegados a franjas horarias marginales, como ocurría en la etapa anterior, sino que se emitieron en prime time y contaron con más promoción. Por otra parte, coincidiendo con el Día de les Lletres Asturianes de 2014, la llingua fue usada por primera vez en la locución de los titulares del informativo “TPA Noticias”.

 

A pesar de estos avances, el porcentaje de contenidos en asturiano se encuentra aún en el 4,6%, redifusiones incluidas (Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, 2014: 19, 28), TPA no emite deportes, series de ficción o informativos en asturiano y, en ausencia de un departamento de asesoramiento lingüístico o servicio de doblaje, el asturiano televisivo no siempre es conforme a las normas de la Academia de la Llingua Asturiana y “l’usu depende namás de la escoyeta del presentador” (Barreiro, 2014: 248). A ello habría que añadir que TPA es la única televisión europea de comunidad bilingüe que carece de programación infantil en lengua propia (Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, 2013: 5) y que, por otra parte, la dirección de Informativos sigue siendo reticente al uso, en las locuciones y grafismos de TPA Noticias, de asturianismos habituales en el castellano hablado en la región y topónimos en asturiano. (08)

Aun cuando la distancia entre la cuota de pantalla de la cadena y la de los contenidos en llingua es estrecha, la ligera superioridad que, en general, han logrado mantener los segundos ha alentado al asturianismo para insistir en la existencia de un clamor social a favor de una televisión autonómica íntegramente en asturiano que, además de dar sentido pleno a la misión de servicio público, posibilitaría el desarrollo de una industria de producción de contenidos y doblaje en llingua económicamente viable. Comprensiblemente, mucha menor atención ha recibido desde este sector el hecho de que la superioridad citada se limita muchas veces a unas pocas décimas en cuotas totales del 5-6%, (09) que los informativos, íntegramente en castellano, tienen un share del 20-25%, o que las industrias audiovisuales y de doblaje gallega, vasca y catalana, modelos ideales para el hipotético desarrollo de una en lengua asturiana, han atravesado serias dificultades económicas en los últimos años.

 

6. DISCURSO Y ACCIÓN POLÍTICA EN RTPA. LA LEY 8/2014

 

El recorte presupuestario de 2013, continuado en los ejercicios de 2014 y 2015, (10) además de debilitar las estructuras empresariales, propias y dependientes, de RTPA, ha vuelto a elevar la deuda del Ente hasta los 13 millones de euros y, a pesar de la recuperación, situado el techo de audiencia en el 7%. Para el Gobierno autonómico, el grupo parlamentario socialista y la dirección de la cadena, sin embargo, la gestión ha estado próxima a la ejemplaridad. Recurriendo a la comparación con la controvertida gestión casquista de RTPA y la popular de las televisiones de otras CC.AA., Gobierno, FSA-PSOE y dirección han insistido en que la autonómica asturiana es una televisión transparente, austera, profesional y, sobre todo, íntegramente pública y con buenas cifras de audiencia.

 

Aunque los dos grupos conservadores, PP y FAC, se han sumado de forma periódica a las críticas a las licitaciones y contrataciones, su oposición a la gestión socialista del Ente ha estado centrada, especialmente en el caso forista, en la supuesta politización de TPA. Estas acusaciones se han basado en la falta de correspondencia entre la cuota de representación política y la de minutos por noticiario, (11) la no cobertura de todos sus actos públicos e, incluso, el rechazo de los redactores de TPA a ceñir sus preguntas estrictamente al asunto de las ruedas de prensa. Según los conservadores, todo esto estaría ocurriendo porque Antonio Virgili e Ignacio Menéndez del Campo fueron cargos de confianza del Ejecutivo de Álvarez Areces y, por tanto, obligan a TPA a mantener una línea editorial de sesgo socialista. (12)

Otra buena parte del discurso casquista ha estado ocupada en la defensa numantina de la retención de las transferencias de 2011 y la crítica a la batalla judicial y política que emprendieron la Junta y la propia RTPA para revocarla. Los populares, por su parte, han cuestionado también la estructura, costes, eficiencia y capacidad de dinamización sectorial del Ente. Ahora bien, sorprendentemente, el proyecto de privatización de RTPA recogido en el programa popular fue abandonado a mediados de 2013 a favor de la reducción a nueve miembros del Consejo de Administración, del que por cierto el PP renunció a formar parte al inicio de la legislatura.

 

Junto a una supuesta preocupación por las condiciones de los trabajadores y la escasa dinamización del sector, IU ha insistido en la importancia de que los consejeros de RTPA, como hicieron los designados por la coalición, renuncien al cobro de dietas. El único parlamentario de UPyD, por último, se ha mantenido fiel a las líneas programáticas generales del partido, es decir, a la apuesta por la privatización de un Ente que entraña gasto para las arcas públicas.

 

Independientemente de los discursos partidistas, las principales repercusiones de la acción política sobre RTPA se encuentran en los recortes presupuestarios y la aprobación de la Ley 8/2014, de 17 de julio, de segunda reestructuración del sector público. La ley, que adapta el régimen jurídico de RTPA al marco legislativo estatal, fue aprobada en la Junta General del Principado con los votos de la FSA-PSOE y el PP, una vez que la primera hubo aceptado algunas enmiendas conservadoras al proyecto que el Consejo de Gobierno hizo público en noviembre de 2013.

 

Cabe destacar que, como parte del trámite parlamentario del proyecto, el 3 de febrero de 2014, tiene lugar en la Junta una sesión de comparecencias en la que representantes sindicales, empresariales, profesionales y sociales del sector audiovisual exponen su parecer sobre el proyecto legislativo. Junto a peticiones para ser parte de los Consejos de RTPA, los comparecientes sectoriales reiteran las deficiencias en la externalización y gestión de recursos humanos que hemos expuesto, y demandan la reducción de los costes de estructura y la exigencia de cualificación profesional a consejeros y directivos. El rol de RTPA en la normalización del asturiano no aparece, sin embargo, entre las reivindicaciones porque ninguna organización de defensa de la lengua es invitada a la sesión. Molesto, el asturianismo no tarda en hacer público el documento Cinco puntos por unos medios públicos al serviciu d’Asturies (Academia de la Llingua Asturiana et al., 2014), un manifiesto conjunto que incide en el estrecho vínculo que debe haber entre la normalización de la llingua, el servicio público de RTPA y la industria audiovisual regional.

 

Las reivindicaciones asturianistas son eventualmente asumidas por IU y FAC en sus enmiendas parciales al proyecto legislativo, pero ninguna prospera por el rechazo de FSA-PSOE, PP y UPyD. Tampoco lo hace la enmienda de la coalición para suprimir las dietas de los consejeros, ni las enmiendas a la totalidad de la propia IU, FAC y UPyD. Como consecuencia de este rechazo, los tres grupos coinciden a la hora de valorar la Ley 8/2014 como una reforma más cosmética que real y que tiene como único objetivo poner RTPA al servicio de los intereses electorales de PP y FSA-PSOE (García, 2014).

 

El texto de la Ley 8/2014 se presenta, obviamente, bajo una premisa muy distinta: la simplificación y agilización de la gestión de RTPA. Para ello, demanda en primer lugar de la Junta la elaboración de un mandato-marco de nueve años que establezca los objetivos generales de servicio público y el límite de gasto anual de RTPA, sobre el que a su vez se elaborarán tres contratos-programa, con una duración de tres años, a celebrar entre el Gobierno autonómico y RTPA. A continuación, en el artículo 5, establece la desaparición del Ente Público de Comunicación y la fusión de TPA, RPA y la Productora de Programas del Principado en la Sociedad Anónima Unipersonal, de titularidad pública, Radio Televisión del Principado de Asturias.

 

Entre los principales cambios estructurales que introduce la Ley 8/2014, destaca la reducción a once miembros del Consejo de Comunicación y la supresión de sus retribuciones (art. 24); la creación de un Consejo de Informativos que debe velar por la independencia y objetividad de RTPA, también sin retribuciones (art. 26), y la reestructuración del Consejo de Administración (arts. 13-19).

 

El Consejo de Administración, que tiene por misión desarrollar los principios de programación y producción según el mandato-marco, y aprobar el contrato-programa presentado por el director, pasa a estar formado por nueve miembros, incluido el director de RTPA, propuestos por los grupos parlamentarios de forma proporcional a su número de escaños, respetando la paridad y siempre entre personas con “cualificación y experiencia profesional”, entendiendo ésta, bien como “funciones de administración, alta dirección, control […] en entidades públicas o privadas”, bien como “méritos relevantes de carácter profesional, docente o de investigación en ámbitos relacionados con la comunicación” (art. 13.1).

 

La Ley 8/2014 establece, por otra parte, la inelegibilidad como consejeros de diputados, miembros del Gobierno autonómico, cargos de elección y designación política, miembros de los órganos de dirección de partidos políticos, sindicatos y empresas, o personas con intereses en la provisión de bienes o servicios a RTPA. Los consejeros, excepto el director, son designados por mayoría de dos tercios en la Junta en primera votación, o mayoría absoluta en segunda, por un período de seis años y son reelegibles una única vez. El director es designado por mayoría simple y no hay restricciones al tiempo de permanencia en el cargo (art. 20). Todos ellos mantienen el derecho a percibir dietas por asistir a las reuniones, hasta un máximo anual de doce (art. 17).

 

7. DISCUSIÓN. LA LEY 8/2014 ANTE LOS PROBLEMAS DE RTPA

 

En el apartado final, deseamos situar la redacción y desarrollo de la Ley 8/2014 frente a las disfunciones expuestas. Teniendo en cuenta este objetivo, estimamos crucial comenzar señalando que, en el momento de redactar este texto (enero de 2016), no existe siquiera un anteproyecto de mandato-marco o contrato-programa, no hay noticia alguna de una próxima constitución del Consejo de Informativos y, tras varios intentos fallidos en la pasada y la presente legislatura, el nombramiento del director — de nuevo, Antonio Virgili — y la renovación de los miembros del Consejo de Administración culminaron el pasado otoño, es decir, más de un año después de la aprobación de la ley.

 

Una mezcla de desidia y resistencia parece combinarse en el desarrollo de una ley que, además de exigir una mínima cualificación profesional a los miembros del Consejo, tras los resultados electorales del 24 de mayo, obliga a distribuir un menor número de cargos y dietas entre un mayor número de partidos. Ahora bien, pese a estas limitaciones, no hay muchas razones para que los representantes políticos teman por su futuro en RTPA. Lejos de abrir el Consejo de Administración o el de Comunicación a la sociedad, la ley perpetúa, a través de la Junta, el control partidista sobre ambos órganos. Son los partidos quienes proponen a los consejeros en función de su número de escaños y las mayorías de la Junta, lo único que realmente decide sobre la idoneidad de los candidatos. Lo mismo ocurre con el director, con el agravante de que la Ley 8/2014 permite su designación por mayoría simple y tiempo ilimitado. La indefinición de los requisitos de profesionalidad, las restringidas funciones del futuro Consejo de Informativos y la atribución del control externo de RTPA a una Comisión parlamentaria terminan de perfilar una televisión subordinada al poder político y escasa vocación de transparencia.

 

En lo que respecta a la gestión económica, al agregar las partidas que hasta ahora recibían RPA, TPA y PRODA, la ley añade una traba más al control del gasto, que asimismo resulta obstaculizado por la transformación del director en un administrador único con mayores poderes de decisión. Por otra parte, la ley no sólo no hace nada por mejorar los procedimientos de contratación y licitación de RTPA, sino que, en línea con la legislación estatal, deja abierta la puerta a una futura privatización de la gestión y sitúa, en ausencia de un mandato-marco que imponga límites adicionales, como única línea infranqueable a la externalización “la edición de los informativos”, que habrá de ser prestada “con medios propios, sin perjuicio de que los servicios auxiliares a la cadena de producción puedan ser objeto de contratación externa” (art.8). Con todo y con eso, cabe señalar que sólo la interesada interpretación del término “informativo” como sinónimo de “noticiario” permite justificar la externalización de programas de infotainment como “Conexión Asturias”, versión local de “España directo”que emite TPA.

 

Gran parte del valor de servicio público y la conexión con la audiencia de las televisiones públicas autonómicas reside precisamente en los informativos y, de forma más concreta, el diferencial de proximidad que éstos ofrecen frente a los de las televisiones de ámbito estatal. No obstante, no podemos olvidar que, en muchas televisiones regionales, españolas y europeas, proximidad y servicio público han estado ligados al diferencial lingüístico (Azurmendi et al., 2011; Azurmendi, 2013) y, por tanto, la protección de la pluralidad lingüística y cultural ha sido invocada para justificar la continuidad institucional y financiación pública de televisiones deficitarias y/o con baja audiencia, y las ayudas a industrias audiovisuales locales.

 

Aun cuando “las lenguas que no cuentan con el carácter oficial (asturiano o aranés)” quedan fuera de esta protección “porque en estos casos no se tienen en cuenta los porcentajes legales obligatorios que sí pueden darse […] en las lenguas propias oficiales” (Azurmendi et al., 2011: 4-5), parece incuestionable que la llingua contribuye a dar un valor de proximidad a las emisiones de TPA y, por tanto, a crear “una mayor identificación con la audiencia” (Ruitiña, 2015: 133), precisamente el criterio en que se sustenta el concepto de televisión de proximidad. La Ley 8/2014, sin embargo, se limita a reconocer entre los fines de RTPA la “especial protección” de las dos lenguas habladas en Asturias además del castellano, “el bable/asturiano y el gallego/asturiano, mediante la promoción de su uso y difusión” (art. 8). En otras palabras, la ley perpetúa el estatus marginal del asturiano en TPA y no atiende ninguna de las reivindicaciones asturianistas — es más, a diferencia de otras CCAA con lengua propia, ni siquiera abre el Consejo de Comunicación a las organizaciones o instituciones de defensa y promoción de la lengua autóctona.

 

Ignoramos si, como afirma el asturianismo, el desarrollo de una industria audiovisual con RTPA y la lengua asturiana como motores tendría alguna posibilidad de supervivencia. Lo que sí podemos constatar es que, a pesar de la manifiesta debilidad, gran atomización y escasa competitividad que evidencia la industria audiovisual en Asturias, la ley tampoco hace nada por corregir esta deficiencia, y lo mismo puede decirse de la precariedad laboral dominante en el sector.

 

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(01) En esencia, este apartado ofrece una síntesis de Menéndez Otero, C. (2013).

(02) Como resultado de las elecciones, la FSA-PSOE obtiene 17 escaños; FAC, 12; PP, 10; IU, 5, y UPyD, 1.

(03) A pesar de su emisión simultáneacon laSexta, los contenidos premium fueron los que más audiencia aportaron al share de TPA en 2011. Así, por ejemplo, la Champions League tuvo una cuota media de pantalla de 32,6% y la Fórmula 1, del 28,9% (Ruitiña, 2015: 130).

(04) La cuota media de 2013 fue del 5,4%, un 21,7% inferior a la de 2012 (Tutele.net, 2014).

(05) Proima-Zebrastur, por ejemplo, productora de conocidos programas de TPA como “Conexión Asturias”,Debate en 3” y “Date una vuelta”, despidió a ocho trabajadores nada más recibir el contrato de “servicios de agencia para las comunicaciones comerciales” de RTPA por 90.000 euros anuales en enero de 2013. En mayo del mismo año, la empresa planteó un ERE de extinción para el 40% de su plantilla (33 trabajadores) del centro de producción de Olloniego, justo después de adquirir la cabecera del extinto diario regional La Voz de Asturias.

(06) Según el convenio del sector, el nuevo adjudicatario sólo está obligado a subrogar cuando no han transcurrido más de cuatro meses entre el despido por finalización del contrato con el anterior adjudicatario y el inicio efectivo de la prestación del servicio.

(07) Desde diciembre de 2014, el servicio es prestado por la UTE Factoría Plural-Videoreport, adjudicataria de la licitación tras presentar una oferta económica de 1.852.000 euros para dos años y el compromiso de aportar medios técnicos y humanos propios.

(08) En febrero de 2013, Iniciativa pol Asturianu avalaba estas afirmaciones con la publicación en su web del Manual de rotulación de RTPA, un documento interno donde se pide a los grafistas la castellanización o, en su defecto, entrecomillado de los asturianismos y, salvo que el topónimo asturiano tenga reconocimiento oficial de la Oficina Lingüística del Principado, el uso preferente de los topónimos castellanos.

(09) Por ejemplo, la primera película emitida con doblaje asturiano, El rostru impenetrable, obtuvo un 5,1% de share en su estreno en televisión, el 27 de diciembre de 2013. El estreno de Greystoke, el 8 de septiembre de 2014, logró un 6,1%, y el de Harry el suciu, el 2 de enero de 2015, un 3,7%.

(10) 2014 fue un ejercicio de prórroga presupuestaria, de modo que RTPA volvió a recibir del Principado el mismo dinero que en 2013. En los presupuestos de 2015, sin embargo, el Ente sufrió un recorte adicional de aproximadamente un millón de euros, que continuará en 2016 como consecuencia de una nueva prórroga presupuestaria.

(11) FAC, de hecho, ha llegado a minutar los informativos y denunciar por vía administrativa a TPA por incumplir la Ley 2/2003. En diciembre de 2012, un comunicado del partido afirmaba que la FSA-PSOE había ocupado el 50% del tiempo de información política en TPA Noticias entre el 12 y el 30 noviembre; el PP, el 22,5% y Foro Asturias, sólo el 13,74% (Foro Asturias, 29 diciembre 2012).

(12) Además de PP y FAC, otros dos colectivos se han sentido maltratados por TPA Noticias: los trabajadores del Ente, que en redes sociales han acusado a TPA de censurar cualquier referencia a los conflictos laborales internos, y el asturianismo, que ha denunciado la invisibilidad informativa de la Selmana de les Lletres Asturianes y, en general, los actos en pro de la normalización de la llingua.


Carlos Menéndez Otero
Universidad de Oviedo
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English Version: Public television radio asturiana in the post-ornia: real change or cosmetic?.

Abstract
The article examines the governance and administration of the regional pubcaster RTPA. It first looks at some corporate malpractices RTPA indulged in throughout the period 2006-2011, most notably opaque procurement processes, illegal outsourcing, overpayment of executives and lack of interest in Asturian, the local minority language it is statutorily bound to promote. Next, we consider whether these misdeeds have been addressed by regional television policy since 2012 or allowed to continue uncorrected. By way of conclusion, we propose that regional political representatives have been much more interested in keeping RTPA under tight political control than in correcting the above malpractices.

BREVE SEMBLANZA DEL AUTOR

 

Carlos Menéndez Otero es Doctor en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo, y en Comunicación Audiovisual y Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente es profesor en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales “Jovellanos” de la Universidad de Oviedo. Su línea de investigación principal está relacionada con la industria audiovisual irlandesa y el cine clásico sobre Irlanda.

https://institucionales.us.es/ambitos/la-radiotelevision-publica-asturiana-en-la-era-post-ornia-cambio-real-o-cosmetico/

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