El empobrecimiento de la Universidad

El empobrecimiento de la Universidad

El sentido de posesión de la cosa pública que hay en la Universidad española es único; solicitar un proyecto y gestionarlo es una odisea burocrática...

 

No se va a tratar aquí de la financiación de la Universidad ni de sus menguados recursos económicos, sino de su empobrecimiento como institución cuyo principal capital es el humano. No obstante, vale la pena reseñar que uno de sus problemas financieros deriva de no afrontar la revisión del precio del servicio público universitario, verdaderamente irrisorio. Es inconcebible que la matrícula anual cueste igual que una mensualidad de un colegio privado de Secundaria.

Esto tiene mucho que ver con la concepción que los políticos y muchos ciudadanos tienen de la enseñanza superior como Universidad popular, de entrada libre, y no como exclusiva para aquellos que demuestren capacidad. El Estado social, en este nivel de enseñanza, no puede ser el de la gratuidad, sino el que facilita la igualdad de oportunidades a los que, careciendo de suficientes recursos, tienen aquella capacidad. Tres muestras de esta errónea concepción de la «Universidad para todos» son las pruebas de acceso a la Universidad, que permiten aprobar a estudiantes de ínfima valía; la existencia de universidades, campus y facultades por doquier, para satisfacer intereses locales a costa del dispendio de recursos, y el desconocimiento del sentido del «numerus clausus», lo que lleva a decisiones irracionales, como restringir de manera exagerada el acceso a los estudios de Medicina o Fisioterapia y, en cambio, no poner filtro alguno para matricularse en Derecho. La Universidad no puede ser una cuestión de cantidad, sino de calidad para la investigación y para la mejor formación con vistas al mercado laboral.

La institución sigue lastrada por el pasado remoto y reciente. Tiene una estructura estamental a la que poco favor le ha hecho el ansia por su democratización. A la Universidad de los catedráticos le ha seguido la de la «comunidad universitaria», formada por profesores, estudiantes y personal de administración y servicios. De la exclusión de los profesores no numerarios, y singularmente de los no catedráticos, se ha pasado a una participación de todos los colectivos en órganos de gobierno, que intervienen en todo tipo de decisiones, incluidas las de orden académico y científico. Cada vez es más dudoso que la autonomía universitaria deba entrañar un autogobierno de la institución, porque es urgente una profesionalización de su gestión, sin que sean profesores los que se ocupen de ella. A ello se une la dimensión laboral de la Universidad con la presencia de unos sindicatos que refuerzan su influencia en la institución, como representantes de los trabajadores y como promotores de listas de representantes de los sectores de la comunidad universitaria en los órganos de gobierno. Una influencia no siempre beneficiosa, si se tiene en cuenta que sus intereses en defensa del personal de administración y servicios y del personal docente pugnan con una Universidad más competitiva. Digámoslo con claridad: los sindicatos recelan de la competitividad. Frenan las posibilidades de una administración más ágil y dinámica si ello entraña una mayor productividad y movilidad, y su tendencia en materia de profesorado es igualar a todos, siendo reticentes a complementos o a beneficios no ligados al tiempo que se lleva como funcionario. Y los órganos rectores de la Universidad lo aceptan, bien porque no quieren conflictos, bien porque coinciden con esa concepción de una Universidad funcionarial. Una prueba de ello es la política de dotación de nuevas cátedras para quienes han conseguido la acreditación. El criterio básico que se sigue es la antigüedad como premio a quienes han tardado más años en acreditarse y no como incentivo a los que demuestran tener un proyecto académico, lastrando así a los jóvenes más prometedores e incluso incitándolos a marcharse a universidades extranjeras.

La Universidad se remueve, pero no se renueva. El cambio hacia una estructura departamental (reunión de profesores por áreas de conocimiento) en detrimento de los centros (facultades y escuelas universitarias) se ha realizado en muchos casos según las preferencias personales de los profesores y allí donde hay varias áreas la lucha por conseguir cada una su autonomía frente al departamento ha sido la tónica dominante.

Los cambios no apuntan a lo esencial, que es conseguir que la Universidad se organice en torno a proyectos docentes y científicos, y esto exige una transformación tan grande que sólo está al alcance de universidades nuevas, sin el corsé del régimen jurídico actual y sin la rémora de un personal docente y no docente criado en la filosofía burocrático funcionarial.

El sentido de posesión e incluso de propiedad de la cosa pública que hay en la Universidad española es único. Tener la plaza «en propiedad», en muchos casos, no es una metáfora y aquí está la raíz de la endogamia universitaria. Lo inconcebible en cualquier oposición es moneda corriente en lecturas de tesis y concursos a plazas de profesorado, donde se controla la designación del tribunal y donde no es irrelevante la amistad o enemistad manifiesta del catedrático con el aspirante. Afortunadamente hay gente de gran valía, pero lo es por causas ajenas al sistema de selección.

Uno de los mayores cambios en pro de la renovación ha sido la creación de estímulos a la productividad del profesor bajo la figura de los quinquenios de docencia y sexenios de investigación, así como el sistema de acreditación como paso previo para acceder a una plaza de profesor. Pero, sin negar sus beneficios, el resultado no es el esperado. Desde el principio los quinquenios de docencia se los han reconocido prácticamente a todos, con similar espíritu al de los clásicos trienios, cayendo en el sinsentido de premiar una fidelidad laboral que no está en riesgo, ya que el puesto de trabajo parece estar asegurado de por vida. Un funcionario no debería tener una paga complementaria, ni trienios ni quinquenios, por sus años de servicio y sí por su productividad real.

Los sexenios de investigación han cumplido con su cometido de seleccionar y premiar a los que han demostrado una suficiente producción científica, pero, al igual que con el sistema de acreditación, se está cayendo en excesos burocráticos de todo tipo, estableciendo unos criterios cuyo cumplimiento no siempre está al alcance del interesado, como dirigir tesis doctorales o tener estancias de larga duración en universidades extranjeras. Se ha llegado al extremo de que en la decisión pese menos el informe favorable de los especialistas que la ciega aplicación burocrática de un baremo diseñado sin distinguir el tipo de conocimiento que se juzga.

Por otra parte, lo que más cuenta a la hora de acreditarse como profesor y en las oposiciones es el currículo investigador, por lo que la docencia se convierte en un incordio para su carrera académica. Esto es particularmente nocivo en la actualidad, ya que la principal preocupación de la Universidad no es que el profesor investigue y publique, sino que aumente su dedicación docente para atender la implantación de los nuevos «planes Bolonia». Los intereses de la Universidad y los del profesor están enfrentados.

La Universidad del siglo XXI debe ser la organizada en torno a proyectos, formando grupos académicos interdisciplinarios e interuniversitarios. Aquí no hay endogamia, porque se trata de una asociación voluntaria de profesores en pos de un proyecto. Si hay endogamia es porque el grupo produce en su seno investigadores estables que aportan conocimiento a los proyectos conseguidos. El investigador principal se encarga de la selección del grupo, sin oposiciones ni concursos, pero esto no significa arbitrariedad alguna, ya que una inadecuada selección puede acarrear la no concesión del proyecto y de la financiación correspondiente.

El problema es que solicitar un proyecto, obtenerlo y gestionarlo es una odisea burocrática que sólo los muy avezados pueden sobrellevar y en la que se tiene la sensación de que el entramado burocrático no trabaja al servicio del proyecto, sino al revés. Para colmo, los evaluadores de los proyectos, con la finalidad o la excusa de una mayor objetividad, caen en una aplicación ciega de baremos que en ocasiones raya lo absurdo.

La Universidad debe ser una institución donde su principal capital humano desarrolle un trabajo de talento y no rutinario, y algo falla cuando personas con talento contrastado por su excelente currículo no tienen posibilidad de ser profesores y otras con demostrada abulia e incluso ignorancia están ocupando una plaza sin posibilidad de remoción.

FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

Lne.es

 

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