Si no hay investigación, nos vamos

El 19 de diciembre de 2013 se alcanzó un importante acuerdo, aunque puede quedar en papel mojado. El Congreso de los Diputados fue testigo de la firma del Acuerdo Parlamentario por la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i). Todos los partidos políticos, con la excepción del Partido Popular, suscribieron el texto promovido por el Colectivo Carta por la Ciencia. El acuerdo señala cuatro puntos, que recogen “ampliamente el sentir mayoritario de la comunidad científica” y marcan las pautas para que los grupos parlamentarios, excepto el PP, “pongan en marcha medidas de apoyo para situar la I+D+i como uno de los ejes a tratar en cualquier acuerdo futuro tendente a la gobernabilidad de nuestro país” [véase el texto completo en: www.cosce.org/pdf/acuerdoXlaciencia_19dic13.pdf].

¿Ya no se puede decir que investigar en España es llorar? Habrá que verlo. De momento, estos dos últimos años han sido tan lamentables que, o cambian mucho las cosas, o se confirmará lo que muchos ciudadanos pensamos: si quieres investigar, tienes que irte fuera de este país.

¿Por qué puede que no cambie nada, o casi nada, incluso que las cosas vayan a peor en materia de I+D+i? En primer lugar: parece claro que el partido que sustenta al Gobierno de España tiene otra idea muy distinta de la ciencia, de la investigación, de la educación y de otros asuntos. Son mayoría parlamentaria, pero no parece que esa mayoría se corresponda con el “sentir mayoritario” de muchos colectivos de ciudadanos, como sucede en concreto con la Carta por la Ciencia. En segundo lugar: ya están aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2014, en los que la investigación, la ciencia y la educación y otros muchos sectores no se salvan de los recortes ni reciben nuevo apoyo presupuestario (sería difícil en un país en el que crecerán más las tasas y la imposición indirecta que los ingresos derivados de una mayor presión fiscal sobre las rentas más altas).

Sin investigación, el futuro pinta aún más negro. Eso lo sabe el Gobierno de España y las distintas instancias gubernamentales que siguen su pauta. También saben que la investigación, en todos los países desarrollados o en tránsito hacia el desarrollo, depende en gran medida del apoyo público. Lo saben, pero les entra por una oreja y les sale por la otra. Las orejas del Estado son así: muy poco agradecidas con la mayoría de los ciudadanos, y justo lo contrario con las minorías que les susurran melodías en voz baja. En la UE, por recurrir al ejemplo más cercano, la mayor parte de las inversiones en I+D+i se realizan en centros públicos y revierten sus beneficios sobre el conjunto de la sociedad. En otros países, como Estados Unidos, la iniciativa privada tiene más importancia y mayor presencia, en buena medida por el peso de un sector que tira con gran fuerza de los demás: el complejo militar y armamentístico. Salvo excepciones como esa, existe evidencia suficiente como para afirmar que el nivel de desarrollo económico y social de un país está directamente relacionado con el nivel de sus inversiones en I+D+i, de las cuales una parte muy notable depende directamente de la capacidad de las políticas públicas para fortalecer la investigación, la ciencia, la innovación, la educación y la cultura.

Si tomamos en consideración ese minúsculo detalle de que España no es EEUU, ¿qué pretende nuestro gobierno recortando cada vez más el apoyo público a la I+D+i? ¿Cumplir a toda costa el compromiso de sanear las finanzas públicas? Aunque nos asfixiemos todos. ¿Dejar la I+D+i en manos de quienes se puedan hacer cargo de ella? Ya sean empresas privadas, centros de cualquier naturaleza ubicados fuera de España, o tal vez nadie.  ¿Promover un modelo de desarrollo sin inversiones en I+D+i? Lo que además de constituir una auténtica innovación iría en contra del sentido común y de la evidencia disponible al respecto, pero encajaría muy bien en el desmantelamiento del Estado y del bienestar que padecemos. ¿O tal vez pretenden que los investigadores se vayan del país, para que no computen como parados y no protesten, evitando así que les afecte la Ley Mordaza perpetrada contra la democracia y las libertades ciudadanas en España?

Veamos, muy brevemente, la evolución histórica reciente, para que no parezca que este tipo de opiniones surgen del gélido viento que recorre Madrid en diciembre. No vaya a ser que alguien piense que somos una minoría, cuando —y es la tercera vez que lo escribo aunque sólo llevo medio artículo, pero aún lo mencionaré alguna vez más— el Pacto firmado el 19 de diciembre recoge “el sentir mayoritario” de la comunidad científica y de más sectores y ciudadanos, a excepción del partido que nutre al Gobierno.

En febrero de 2012, la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) envió al Gobierno de España la Carta Abierta por la Ciencia. En mayo de 2013 se reiteró lo recogido en ese texto, en una denuncia pormenorizada y claramente documentada sobre el agravamiento de la situación y sus nefastas consecuencias [véase la Segunda Carta por la Ciencia: www.cosce.org/pdf/carta_2013-CAfinal%20_2_.pdf]. El pasado mes de octubre se celebró en Madrid un acto masivo bajo el lema Jornada de Luto por la Ciencia [véase un detallado informe en: www.cosce.org/pdf/analisis_COSCE_Proyecto_PGE2014_3oct.pdf].

¿Qué ha pasado durante estos dos años? Sin someter las estadísticas a una tortura de tercer grado (como sucede en algunos ministerios), es fácil constatar que en estos dos últimos años el gasto en I+D se ha reducido de manera continuada hasta un 1,3% del PIB en 2012, y lo hará aún más en 2013 —y muy probablemente también en 2014—, mientras que la media de la UE supera el 2% y el objetivo es aproximarse al 3% en 2020. Somos Europa, pero cada vez menos. Y no es que esta Europa sea la panacea. Pero de momento no hay otra Europa: habrá que batallarla.

Pero regresemos al desierto: ¿Quién pesará más en la balanza, a partir de ahora: la mayoría parlamentaria que no ha respaldado el nuevo Pacto por la Ciencia, o la mayoría de científicos, tecnólogos y universitarios que llevan mucho tiempo buscando ese acuerdo, aunque no cuenten con el respaldo minoritario del partido que ilumina y respalda al Gobierno de España?

La primera Carta Abierta por la Ciencia, ya señalaba, a principios de 2012, que “[...]a pesar de la recomendación de la Comisión Europea de que los recortes para controlar el déficit público no afecten la inversión en I+D+i, el Gobierno y las Cortes Generales de España podrían aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que dañarían a corto y largo plazo al ya muy debilitado sistema de investigación español y contribuirían a su colapso. Esto implicaría el mantenimiento de un modelo económico obsoleto que ya no es competitivo y que es especialmente vulnerable a todo tipo de contingencias económicas y políticas”. Al leer este preámbulo de 2012, y las propuestas entonces planteadas [ver texto completo en: www.cosce.org], surge la duda de si simplemente hemos retrocedido a la casilla de salida, y únicamente hay dos años de demora, o si el panorama se ha deteriorado tanto en esos dos años que el nuevo Acuerdo Parlamentario suscrito el 19 de diciembre no será suficiente para cambiar y mejorar la situación.

Y es que España en un país de desequilibrios recalcitrantes: si crecemos, lo hacemos de forma alocada; y si nos estancamos, damos ejemplo al mundo de que no se puede hacer peor: los corruptos saltan de charco en charco, los empresarios se esconden debajo de las piedras, el gobierno pone cara de no saber de qué va la cosa (una cara muy fácil de identificar), y una élite toma las decisiones inspirándose en el viejo catecismo que tenían en el cole, aunque aprovechan para vender a buen precio los favores que hacen en pro de una libertad de mercado tan irreal que no sirve ni para contar un cuento a los niños. Así va la Ciencia en este país: retrocede, como tantas otras cosas.

Al tratar estos temas, el blog Laboratorio para Sapiens recuerda que Santiago Ramón y Cajal, hace un siglo, ya advertía de lo negro que sería el futuro de nuestro país sin un apoyo decidido a los centros de investigación y a la universidad, que, según nuestro ilustre Ramón y Cajal, “representa el órgano principal de la producción filosófica, científica e industrial”. Parece que el Gobierno de España opina y hace exactamente lo contrario de lo que dicta el sentido común y la evidencia empírica disponible, además de los sabios consejos que da la historia. O tal vez sus prioridades son otras, como devolver a “los mercados” las entidades financieras que tantos recortes nos han costado, o que los ciudadanos nos quedemos a oscuras e inactivos, para facilitar la impunidad de sus políticas.

¿Habrá que volvérselo a recordar, para ver si el Gobierno de España cambia en algo su obstinada, retrógrada y peligrosa concepción de la ciencia? ¿O quizás –para quien pueda– es más aconsejable emigrar a un lugar donde sea posible respirar y trabajar, aunque eso implique costes individuales y colectivos incomprensibles e irracionales para una sociedad avanzada?

José Antonio Nieto. Profesor titular de Economía Aplicada en la UCM y miembro del colectivo Econonuestra  

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