La universidad pública se desangra

La insuficiencia financiera ahoga a los campus españoles. Pierden fondos y docentes mientras los alumnos se quedan sin becas para pagar unas tasas abusivas.

La iniciativa privada aparece como la tabla de salvación, pero su entrada en las universidades públicas abre la puerta a un cambio de modelo que puede pervertir su función social.

 

Decir que la Universidad pública en España no pasa por su mejor momento es una obviedad que, no por evidente, deja de ser menos cierta. Afectados por duros recortes y por presupuestos cada vez más reducidos, los centros de educación superior sobreviven en un contexto marcado por la incertidumbre social y económica. Pierden profesores al tiempo que ven cómo los alumnos cada vez se matriculan de menos créditos; los laboratorios envejecen ante la falta de fondos para su renovación; las líneas de investigación se reducen; las facturas impagadas se acumulan en los cajones y las tasas suben mientras los requisitos para acceder a becas se endurecen.

Como remedio a este estado de cosas surgen los patrocinios empresariales, el micromecenazgo, la financiación privada o los préstamos bancarios que ayudan a pagar las tasas a los que se quedan fuera del sistema público de ayudas. Ya sean en forma de buena voluntad o con cierto afán de lucro, la sensación general entre los defensores de la educación pública es que estas medidas solo son parches y que el progresivo desfinanciamiento de las universidades y la entrada de capital privado pueden conllevar consecuencias muy graves para el sistema. “Los recortes influyen en el funcionamiento de las universidades, que se ven obligadas a venderse al mejor postor”, lamenta Julio Serrano, responsable de Universidad e Investigación de la Federación de Enseñanza de CCOO.

La sumisión de la Universidad a criterios de eficacia y de rentabilidad, alertan las personas consultadas para la realización de este reportaje, puede acabar por quebrar el principio de igualdad de oportunidades. Que la razón economicista acabe por regir un instrumento que fue creado para favorecer la modernización y la transformación social, insisten, es “muy preocupante”.

En medio de estas malas perspectivas subyace un temor: que esta situación no sea pasajera. Y que la crisis sea la mejor coartada para incorporar cambios radicales que afecten a la función social de la Universidad.

“SE ESTÁ DANDO UN GIRO HACIA UN MODELO DE INVESTIGACIÓN AL SERVICIO DEL SISTEMA PRODUCTIVO. QUIEREN TECNÓLOGOS QUE HAGAN SU TRABAJO Y NO PREGUNTEN PARA QUÉ LO HACEN”. Jurjo Torres, catedrático de la Universidad de A Coruña.

1.240 millones de euros menos

Las cifras no dejan lugar a dudas. La Universidad pública, según datos de los rectores, ha perdido 1.240 millones de euros de presupuesto desde 2008. Además, en los últimos cinco años, según el Boletín Estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas, se han perdido al menos 13.200 trabajos en los centros universitarios. Es casi el 9% de una plantilla de 149.000 empleados, entre fijos y temporales. Las perspectivas no son mucho mejores, pues las restricciones que ha puesto el Gobierno a las tasas de reposición hacen que solo se vayan a cubrir diez de cada 100 bajas de profesores.

Los sindicatos y los colectivos de docentes y alumnos creen que estos tijeretazos debilitan la calidad de la educación, obligan a reducir e incluso clausurar líneas de investigación y masifican las aulas. “Se trata de estrangular la Universidad por la vía de los recortes”, analiza Serrano. Carmen Rodríguez, profesora de Didáctica de la Universidad de Málaga, cree que tras estos recortes hay un trasfondo encaminado a introducir en la Universidad una “lógica de mercado” que acabe por restarle autonomía interna al tiempo que se aumenta la burocracia.

Por su parte, Jurjo Torres, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de A Coruña, cree que el recorte en los fondos tendrá graves consecuencias para la investigación. “Es un modelo que se impone desde la enseñanza obligatoria. Si nos fijamos, las pruebas internacionales como el informe PISA u otros solo miden competencias en lectura, matemáticas y ciencias. Nadie se acuerda de las artes, las humanidades, las ciencias sociales… Y ese modelo se exporta a la Universidad. La visión general es que solo importan ese tipo de capacidades. Está habiendo un giro hacia un modelo de investigación que está al servicio del sistema productivo. Lo que quieren es tecnólogos que hagan un tipo de investigación y no pregunten para qué la hacen”, señala.

Una visión similar comparte el profesor José Saturnino García, profesor de Equidad y Educación en la Universidad de La Laguna. Aunque considera que la “mercantilización” de la Universidad no es un problema específico de España, sí cree que el avance hacia una investigación con criterios cuantitativos ha aumentado con la crisis.

“Vamos hacia el establecimiento de un modelo técnico y economicista no apoyado en las ciencias humanas y en el que la Universidad deja de ser ese lugar en el que se apuesta por la capacidad de pensar. Un amigo suele decir que en los tiempos que corren nadie le habría publicado a Marx su obra El Capital”, añade Carmen Rodríguez.

Sin embargo, grandes sociedades se hacen cargo de becas y cátedras específicas desde hace años en España, aunque con menos intensidad que en otros países como Reino Unido. Luis Cereijo, portavoz de los estudiantes de las Universidades Públicas de Madrid, cree que la financiación privada de la Universidad “no es negativa” mientras sea “algo puntual” y el sustento básico tenga un origen público.

“QUE LOS ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS SIGAN HACIENDO ESFUERZOS PARA SEGUIR MATRICULADOS NO SIGNIFICA QUE EL PRECIO DE LAS TASAS NO SEA UN ATROPELLO”. Luis Cereijo, portavoz de los estudiantes de las Universidades Públicas de Madrid.

José Saturnino García, que ha publicado recientemente Estructura social y desigualdad en España (Los Libros de La Catarata), recuerda que en España ha habido una gran tradición de mecenazgo a través de la obra social de las cajas de ahorro, ahora reducida porque muchas, convertidas en bancos, han optado por los recortes. “El mecenazgo que reconoce la autonomía en el campo científico no tiene por qué ser negativo. El problema es cuando el que paga pretende imponer una determinada orientación ideológica. Ahí es cuando lo que resulta es un modelo neoliberal de ciencia”, amplía García.

Becas más difíciles

En los últimos cursos se han endurecido los requisitos para acceder a las ayudas al estudio. Para recibir cualquier compensación monetaria los alumnos universitarios tienen que tener al menos un 6,5 de media. Y, para mantenerla, aprobar entre el 65 y el 100% de los créditos, en función de la rama y la nota obtenida en las materias superadas. Estas condiciones hacen que el aumento de un 20% en la partida destinada a becas generales que prevén los Presupuestos del Estado para 2014 sea engañoso, pues habrá más dinero pero será más difícil acceder a ellas.

El reglamento para este curso trae también cambios en la cantidad de dinero a la que tienen derecho los becarios. La parte fija se reducirá entre 500 y 2.000 euros para todos los alumnos, según datos de CCOO, aunque se completará con una cuantía variable que dependerá de la renta, los resultados académicos y el presupuesto disponible.

Por el momento, según un sondeo realizado por esta publicación en las principales universidades españolas, en este curso no ha habido un descenso en el número de alumnos. Sindicatos como CCOO advierten, sin embargo, de que sí está habiendo un descenso en el número de créditos matriculados. “Que los estudiantes y sus familias sigan haciendo esfuerzos no significa que el precio de las tasas no sea un atropello”, señala Luis Cereijo. Y añade que, a su juicio, “lo que sí irá cayendo en los próximos cursos es la nota de corte”, pues habrá menos alumnos optando a las plazas ofertadas.

Cereijo cree que este contexto de crisis y recortes hará que estudiantes que ahora mismo están en los últimos cursos de la ESO opten en el futuro por un camino académico diferente al de la Universidad. Además, todavía está por saber cuántos alumnos serán obligados en todo el Estado a devolver las becas que les permitieron estudiar el curso pasado por no haber aprobado el 50% de los créditos matriculados. Este era uno de los nuevos requisitos exigidos en la convocatoria de becas para el curso 2012-2013. Solo en la Comunitat Valenciana, según avanzó El País, el Gobierno reclamará hasta cuatro millones de euros a alrededor de 2.000 estudiantes.

Tasas cada vez más caras

El recorte a las ayudas al estudio ha venido acompañado de un encarecimiento progresivo de las tasas universitarias. El Real Decreto 14/2012 estableció, entre otras medidas, las horquillas dentro de las cuales las comunidades autónomas debían fijar los precios de las matrículas. Según los expertos, esto ha contribuido a ensanchar las diferencias entre unos campus ya muy diferentes entre sí en cuestiones de tamaño, historia o especialización. Y ha hecho, por ejemplo, que un estudiante madrileño pague tres veces más que uno gallego o andaluz para cursar los mismos estudios.

Para el presente curso, Madrid, con un aumento medio del 20%, lidera la subida en los estudios de grado. Le siguen Baleares (5%), Aragón (3,6%), Cantabria (3,3%) y País Vasco (2,4%). La madrileña es la única comunidad que encareció las tarifas por segundo año consecutivo. Otras autonomías las subieron en el curso 2012-2013 en algunos casos hasta un 66% –Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias o Comunitat Valenciana– optaron ahora por revisarlas conforme a la inflación o incluso congelarlas.

De hecho, según el informe Universidad: ¿Hacia un cambio de modelo?, de la Fundación 1º de Mayo, las subidas de tasas más pronunciadas en la UE-27 en los últimos dos años se han dado en Inglaterra y España.

Para atenuar el impacto del encarecimiento de las tasas, varias universidades han puesto en marcha fórmulas como el fraccionamiento de los pagos. Otras, como la de Málaga, lanzaron programas de apadrinamiento para alumnos con escasos recursos y sin beca. La Universidad de Barcelona (UB) también se ha lanzado a la búsqueda de fondos privados a través una operación de micromecenazgo con la que espera obtener recursos para renovar laboratorios o restaurar incunables.

Estos apadrinamientos, que vinculan las aportaciones privadas con el servicio básico que presta la Universidad, también dividen a la comunidad universitaria. En su momento, Adelaida de la Calle, rectora de la Universidad de Málaga, ya dijo que esta acción debería considerarse como “de emergencia o transitoria”. La profesora Carmen Rodríguez la rechaza de forma frontal. Considera que es el Estado el que debe garantizar la enseñanza. El catedrático Jurjo Torres, de la Universidad de A Coruña dice que es importante no confundir derecho con caridad. “No podemos ceder porque la consecuencia de esto es que acabemos creando una Universidad de élite, aunque pobre y muy dependiente del mercado”, añade.

“La imagen de un alumno siendo apadrinado es muy heavy. Las universidades están para formar, para investigar… no para salvar alumnos”, suelta Cereijo cuando se le pregunta qué le parecen este tipo de iniciativas. “Que alguien pueda estudiar no puede depender exclusivamente de que haya otra persona dispuesta a pagárselo”, concluye.

Público.es

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