La Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a doña Esperanza Aguirre y Gil de Biedma

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¿Qué méritos ha contraído en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación?

En el Boletín Oficial del Estado de fecha 27 de diciembre de 2014, aparece publicado el siguiente Real Decreto 1116/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a doña Esperanza Aguirre y Gil de Biedma.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en doña Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de diciembre de 2014, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Dado en Madrid, el 26 de diciembre de 2014.
FELIPE R.
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA

He querido enterarme en qué consiste tal condecoración.  La '''Orden Civil de Alfonso X El Sabio''' fundada por el General Franco, a propuesta de don Pedro Sainz Rodríguez (1898-1986), entonces Ministro de Educación Nacional, mediante Decreto de 11 de abril de 1939 (BOE del 16), es heredera y continuadora de la Orden Civil de Alfonso XII, creada en virtud del Real Decreto de 23 de mayo de 1902 (Gaceta de Madrid de 1 de junio). Está destina a premiar a las persona físicas y jurídicas y a las entidades tanto españolas como extranjeras que se hayan distinguido por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación o que hayan prestado servicios destacados en cualquiera de ellos en España o en el ámbito internacional. A la lideresa se le ha concedido solo la Gran Cruz de la Orden, ya que el Collar,  está reservado a Jefes de Estado o de Gobierno, Presidentes de las Altas Instituciones del Estado y Presidentes de Organizaciones Internacionales. Mas todo llegará. La lideresa es inagotable a la hora de conseguir sus objetivos. Mariano, átate los machos.

¿Qué méritos ha contraído en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación? ¿Será por el desacato a la policía local de Madrid? ¿Será por los numerosos casos de corrupción en el PP madrileño, que  presidía y sigue presidiendo? ¿Será por el procedimiento sinuoso que le llevó  la presidencia de la Comunidad de Madrid? ¿Será por los recortes brutales al Estado de bienestar que sufren los madrileños, de los que incluso alardeaba? Entiendo que será por haber sido ministra de Educación y Cultura, ya que en el mismo BOE han sido condecorados otros ministros de Educación, como Pilar del Castillo o Ángel Gabilondo. Por ello,  parece conveniente examinar y valorar su actuación política al frente de tal ministerio.

En un artículo publicado en este mismo periódico de fecha 22 de mayo de 2013 titulado Algunas reflexiones sobre la política educativa del PP señalaba que los dos principios básicos del PP en el ámbito educativo eran  y son “la calidad de enseñanza y la libertad de elección de centro por parte de los padres”. Luego son auténticas falacias.  Esta política educativa, tal como expone Manuel de Puelles en su libro Modernidad, Republicanismo y Democracia. Una historia de la educación en España (1898-2008), en la primera legislatura de Aznar, siendo la titular de Educación Esperanza Aguirre durante tres años, predominó el neoliberalismo al introducir el mercado en la educación y con una tendencia a la privatización, que al no poderse llevar a cabo completamente se implantó le gestión privada en el ámbito de lo público, aunque también hubo un conato neoconservador con el fracasado Decreto de Humanidades, que pretendía una visión españolista de la historia. En realidad, fue una legislatura irrelevante para la educación, aunque haya historiadores como Javier Tusell que le asignan al período de Aguirre un juicio más negativo: “El juicio tampoco puede ser positivo en lo que respecta a educación y cultura, en donde se ha producido una confluencia entre un desinterés de fondo por estas cuestiones, una apariencia de concederles prioridad, una grave ignorancia de los gestores, pese a su buena intención y su trabajo, y una voluntad de sujetar a un patrón ideológico cuestiones tan delicadas como las competencias ministeriales”.

Para profundizar en su actuación como ministra de Educación me he servido del artículo espléndido de Antonio Viñao titulado El concepto neoliberal de calidad de la enseñanza: Su aplicación en España (1996-1999), del que expongo las ideas fundamentales. Las principales medidas fueron:

A) El descenso o estancamiento de los presupuestos del Ministerio de Educación y Cultura. Una consecuencia derivada de la afirmación de que los fondos presupuestados eran suficientes —como así lo reconoció la misma ministra en relación con el presupuesto de 1997 en declaraciones a la prensa ministerial y de que el problema, en este punto, era más de gestión que de insuficiencia de recursos. 

B) La redistribución de los fondos presupuestados en favor de la enseñanza privada, reduciendo programas de mejora, inversiones y gastos de funcionamiento en los centros públicos, incrementado el número de centros concertados, en especial de confesionalidad católica —mediante la reducción de las exigencias para su concesión y del control sobre los mismos—, y extendiendo a la educación infantil, un nivel educativo no gratuito, los conciertos. Nada extraño, asimismo, en quien confesó, en declaraciones a la prensa, que no le «aterra la palabra privatizar», ya sea de un modo directo, ya bajo el eufemismo de adaptar la oferta a la demanda social.

C) La libertad de elección de centros podía y debía haber sido, de acuerdo con sus planteamientos teóricos, el tema o núcleo central de la política educativa del PP con vistas a la mejora de la calidad de la enseñanza. Sin embargo, el famoso y discutido Decreto de libertad de elección de centro, de 14 de marzo de 1997, no supuso, cambios sustanciales en relación con la situación anterior. Los cambios legales fueron mínimos: se redujeron, prácticamente, al debatido punto a otorgar discrecionalmente por los centros docentes Si no se insistió más en ello fue porque, pese a las declaraciones y principios teóricos mantenidos, la libertad de elección de centros ni existía ni se pretendía que existiera. Lo que se buscó, más bien, fue la libre elección o selección de alumnos por los centros docentes, en especial por los privados y, dentro de estos, por los confesionales. Y esta posibilidad de seleccionar, de elegir a los alumnos que se desean y, lo que es más importante, de excluir o rechazar a los que no se desean, existía ya, de hecho —por vías directas o indirectas—, en el ámbito de la enseñanza privada, en especial cuando la demanda supera a la oferta. Y como existía de hecho no fue necesario introducir, en este punto, reformas legales que la establezcan.

D) La implantación del llamado «Modelo europeo de gestión de calidad». Este modelo, elaborado por un equipo técnico de funcionarios del ministerio en colaboración con el Club de Gestión de Calidad —una asociación representante en España de la «European Foundation for Quality Management»—, que adaptó al ámbito educativo el Modelo europeo de gestión de calidad promovido por esta última entidad para las empresas privadas, no es sino una «guía para la autoevaluación» de los centros docentes del sector público. En otras palabras, desplazó la cuestión de la calidad a los centros docentes,  los que, a través de la autoevaluación —algo, por otra parte, siempre útil para todos—, tenían que ver qué podían hacer, qué estaban dispuestos a hacer para mejorar la calidad con los recursos que recibían, con los que fueran capaces de suministrarse, con los medios y las personas de que dispusieran y con el contexto en el que habían de desarrollar su tarea. De este modo la administración ministerial al redactar, imprimir y difundir dicha «guía» trasladó su parte de responsabilidad en la mejora de la calidad de la enseñanza a los profesores y los centros docentes. Unos centros docentes cuyos recursos humanos, físicos y financieros fueron establecidos por esa misma administración que les sugería la autoevaluación como el instrumento clave de mejora. Una mejora y una calidad que en último término —no en balde se trata de un modelo originalmente elaborado para las empresas privadas— se miden por la satisfacción del cliente: El cliente es el árbitro final de la calidad de servicio que se presta. Un centro educativo público ha de conocer quiénes son sus clientes, cuáles son sus expectativas razonables, cuáles son sus opiniones y cuáles son sus deseos sobre cómo ha de recibir el servicio. La satisfacción del cliente también se puede medir y analizar. Un centro educativo es una empresa. Hubiera sido suficiente con que los promotores del modelo hubieran diseñado otra guía de autoevaluación para sí mismos, que hubiera medido la satisfacción de los profesores —una parte fundamental de sus clientes—, para que hubieran advertido la inutilidad de su esfuerzo y del modelo elaborado, la más que probable inaplicación del mismo y su conversión en una propuesta o documento ministerial más que archivar o guardar, junto a otros anteriores o posteriores, hasta ser arrojado, algún día, a la papelera.

E) Los planes anuales de mejora fueron el complemento del modelo de gestión de calidad o, «el instrumento adecuado para introducir en los centros públicos los planteamientos del modelo de calidad total».  La idea central de los planes anuales de mejora fue la de un pacto o compromiso entre la administración educativa y los centros docentes. Según López Rupérez “El desarrollo de un Plan Anual de Mejora conlleva la idea de pacto entre la Administración y aquellos centros que se deciden a mejorar de forma ordenada y sistemática. El Ministerio se implicaría de un modo singular con estos centros, proporcionándoles apoyo técnico y asesoramiento en cualquiera de las fases”. También existiría apoyo económico en función de la naturaleza del plan y apoyo de tipo humano, mediante una política de reconocimientos desarrollada a diferentes niveles, que empezaría con el inspector del centro y termina en la propia Ministra”.

La primera convocatoria pública de los planes anuales de mejora, en el territorio MEC que tuvo lugar en octubre de 1996, fue conocida, de modo crítico, por la convocatoria del «millón para el mejor». Consistió, en efecto, en la ayuda económica de un millón de pesetas, además del reconocimiento y asesoramiento pertinentes por parte de la administración, y alcanzó a un total de 268 centros públicos, cifra que ascendió a 586 en la convocatoria de 1997 y a 782 en la de 1998 —sobre el 13% de los centros docentes del territorio gestionado por el ministerio. Estos planes que en muchos fueron experiencias didácticas, limitadas a una materia concreta, no supusieron cambios en la organización o gestión de los centros docentes, mas reflejaban  una filosofía o principios claramente neoliberales. En el fondo la administración educativa entendió que la calidad era un asunto de los centros docentes a los que consideró independientes y autónomos hasta tal punto que pactó o contrató con ellos, como si fueran algo ajeno a la misma, la aplicación de un programa de mejora cuyas condiciones y alcance presupuestario —por otra parte, ridículo— fueron fijados por dicha administración. La calidad dejó de ser una cuestión política, pública, para convertirse en un problema de gestión en el que todo residía en la acción o voluntad de los centros docentes y con el que nada o poco tenía que ver la acción gubernamental. Por ello, la clave del modelo europeo de calidad, sin el que los planes anuales de mejora no se entendían, fue la autoevaluación. Al cifrar exclusiva o primordialmente en ella la mejora de la calidad, esta cuestión, la de la calidad, se desplazó de la esfera política, de la esfera pública, a la de unos centros y unos profesores, teóricamente autónomos, que no podían elegir ni sus profesores ni sus alumnos ni los medios de que disponían por depender presupuestariamente de esa administración con la que habían de pactar. Una administración, por otra parte, con escasas ideas descentralizadoras y liberales por lo que a los contenidos de la enseñanza se refiere. El resultado final fue la ausencia de una política activa y global de mejora de la calidad del sistema educativo. Dicha ausencia ocasiona, a su vez, una progresiva, buscada y consentida degradación de un sector público abandonado a su suerte por la concentración en el mismo de los alumnos de las minorías étnicas y familias de inmigrantes o de bajo nivel educativo y cultural, así como de aquellos otros procedentes de familias de clase media y media-alta con bajo rendimiento y problemas de disciplina o aprendizaje. El progresivo desplazamiento de la demanda social de los centros públicos a los privados, a consecuencia de esta política, justificaría a la larga el cierre de buena parte de los primeros y la extensión de los conciertos a los segundos, es decir, la adecuación, como decía la ministra Aguirre, de la oferta a la demanda.

Sobre las políticas educativas en la Comunidad de Madrid, de las que ella ha sido la máxima responsable como presidenta hasta su dimisión, no hay espacio para comentarlas, aunque muchos madrileños las conocen y las padecen. No obstante, muchos madrileños le proporcionaron varias mayorías absolutas. Ellos sabrán sus motivos.

Creo por lo expuesto, que desde planteamientos neoliberales, se merece la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio doña Esperanza Aguirre y Gil de Biedma.

Cándido Marquesán Millán, Profesor de Secundaria. Zaragoza 

Público.es

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