El Principado comprará 300 pisos de 89.000 euros a los constructores en apuros para auxiliar al ladrillo

Viviendas en construcción.[¿Quién se acuerda de las prestaciones sociales, de los 70.000 parados, del derroche de 60.000 pisos vacíos y de los responsables de burbúja?]

LNE

El Principado pagará un máximo de 88.900 euros por cada una de las trescientas viviendas libres en stock que tiene previsto adquirir para aliviar la situación de las promotoras y constructoras con obra en la región. La Consejería de Bienestar Social y Vivienda, bajo el control de Izquierda Unida-Bloque por Asturias-Los Verdes (IU-BA-LV), invertirá 30 millones de euros de fondos públicos en avales para la compra en concurso público de estas trescientas viviendas, que no podrán tener más de 70 metros cuadrados y que pueden incluir plaza de garaje y trastero. Dado que se trata de la primera vez que se realiza este tipo de concurso en el Principado, no se cierra la puerta a realizar una segunda convocatoria, dependiendo de la respuesta que dé el sector la iniciativa, que incluye a promociones completas o pisos sueltos nuevos en cuarenta y tres concejos del Principado.

Las adquisiciones pasarán a formar parte del parque público de vivienda y se destinarán al alquiler protegido. La Consejería confía en cerrar el proceso de concurso y adjudicación en los próximos seis o siete meses. A él podrán optar empresarios con promociones acabadas, a punto de hacerlo o con lotes sueltos. Así, el próximo lunes, 2 de marzo, la Consejería presentará esta propuesta al consejo de administración de Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa), que deberá dar el visto bueno a unos planteamientos, por lo que no se descarta que puedan sufrir alguna variación.

Los criterios de adjudicación serán seis: oferta económica, certificación energética de los pisos, ubicación, diseño y calidad, fomento del empleo fijo y participación en promoción de viviendas de protección por parte de las empresas que se presenten al concurso. Aunque, como aseguraba ayer Noemí Martín, la consejera de Bienestar Social y Vivienda, durante una comisión en la Junta General, el criterio más importante que se seguirá a la hora de la compra «va a ser el de la oferta económica tomando el precio del módulo elegido».

Es decir, como máximo el Principado, a través de la sociedad Vipasa, pagará por metro cuadrado lo establecido para las viviendas protegidas: entre 1.270 euros (ámbito B) y 1.225 euros (ámbito C). Éste es el precio tras su modificación a finales del pasado mes de julio por parte del Principado, que supuso un aumento del 8 por ciento del coste del metro cuadrado para las viviendas protegidas de precio especial, general y concertado.

Al ámbito B pertenecen los concejos de Oviedo, Gijón, Avilés, Llanera y Siero. El ámbito C corresponden a los concejos de Aller, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Caravia, Carreño, Castrillón, Castropol, Coaña, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Gozón, Grado, Langreo, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Morcín, Muros de Nalón, Nava, Navia, Noreña, Parres, Piloña, Pravia, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba, San Martín del Rey Aurelio, Sariego, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Tineo, Valdés, Vegadeo y Villaviciosa.

Con el tope de 70 metros cuadrados por vivienda, la inversión máxima para cada uno de los pisos del ámbito B será de 88.900 euros y para los del ámbito C, de 85.750 euros. Teniendo en cuenta que las viviendas que opten al concurso deben ser libres y de primera transmisión, el perfil de la empresa concuerda con el de las más afectadas por la crisis del ladrillo. «Imagino que quienes se presenten a este concurso serán empresas que están pasando por problemas. Preferirán hacerlo antes de que se queden con ellas los bancos», explicaba Noemí Martín a preguntas del Partido Popular en la Junta General. La consejera de Izquierda Unida-Bloque por Asturias-Los Verdes reconoció que «las condiciones del pliego son muy estrictas, por lo que habrá constructores a los que no les interesará presentarse al concurso».

Al tiempo, Martín descartó que al concurso puedan optar sociedades públicas con stock de viviendas, como Sogepsa, Sedes o la propia Vipasa. Mientras, el Partido Popular, a través del diputado Agustín Cuervas-Mons, echó en cara a la Consejera su cambio de postura sobre este tema tras el pacto de gobierno de IU y PSOE y su paso de los bancos de la oposición a los de poder. La Consejera aclaró al grupo conservador que «nunca nos opusimos a esta medida, pero siempre sabiendo con qué criterios se iban a adquirir y para quién iban dirigidos».

Para Martín, además de ayudar a empresarios de la construcción en apuros, lo principal es facilitar el acceso a una vivienda digna «a las familias asturianas en apuros».

 

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