España y la revolución energética

En el último siglo el abastecimiento energético del mundo ha procedido básicamente de energías fósiles cuyo uso implica un despilfarro y es además pernicioso para la salud humana. Esto es así porque sólo se aprovecha la mitad de la energía de los combustibles (carbón, petróleo y gas) que se queman para producir la electricidad y un tercio de la de los carburantes (gasolina y gasóleo) que consumen los motores de los vehículos. El resto son pérdidas térmicas y diversas emisiones que no solo dan lugar al cambio climático del planeta sino que, al producir cáncer y enfermedades cardiorrespiratorias, afectan a la salud humana.

Desde un punto de vista económico en el abastecimiento de estas energías fósiles predominan oligopolios que encarecen los precios en origen (OPEC y Rusia) y grandes compañías que lo hacen en destino (petroleras y eléctricas), lo que da lugar, en la mayor parte de los países que no disponen de dichos recursos fósiles, a una merma de competitividad y calidad de vida.

Sin embargo ya existe un modelo alternativo de suministro energético mucho más eficiente, que no produce apenas pérdidas térmicas ni contaminación, basado en producir la electricidad con Energías Renovables y efectuar la movilidad y el transporte con vehículos eléctricos. Este nuevo modelo: Renovables-Electrificación está disponible desde hace bastantes años, pero el poder hoy efectuarlo a costes inferiores a los del modelo con energías fósiles, implica un cambio drástico en las condiciones de producción distribución y consumo, o sea una auténtica revolución económica y social.

En el caso de España dicha revolución es decisiva para que podamos abandonar la posición de desventaja comparativa internacional en que nos encontramos al importar todas las energías fósiles y poder en cambio pasar a ser líderes, como el país europeo con mayor insolación y disponibilidad de tecnología y emplazamientos para autoabastecernos y exportar energía limpia.

Ese nuevo modelo, al implicar una significativa reducción de las barreras de entrada que han protegido a las grandes empresas incumbentes (ya instaladas y dominantes), ha posibilitado la aparición de nuevas compañías que han comenzado a desplazarlas en las subastas competitivas para introducir nuevas energías eólicas y fotovoltaicas en las que han barrido en las adjudicaciones. Ello supone no solo un cambio en las respectivas relaciones de poder sino invertir la tendencia existente de concentrar el suministro en un número cada vez menor de compañías eléctricas y petroleras (cada vez mayores y en gran parte filiales de empresas con sede social fuera de España), lo que permitirá reducir su propensión a utilizar en su beneficio el poder de mercado de que disponen.

Cuando se contempla en España el cierre de empresas siderometalúrgicas no se suele asociar con los beneficios extraordinarios caídos del cielo del BOE que han venido percibiendo las empresas que le suministran electricidad a unos precios sensiblemente más elevados que los de sus competidores europeos. Cuando el Banco de España pide a los sindicatos que mantengan deprimidos unos salarios que todavía no han recuperado el nivel de hace 10 años para facilitar la supervivencia de las empresas industriales, parece ignorar el crecimiento continuado durante todos esos años de los precios de la electricidad en España, consistente con el de los beneficios y dividendos de las empresas eléctricas españolas, convertidas en objeto del deseo financiero de otras empresas españolas e internacionales y de fondos de capital riesgo presentes en todas ellas.

La transición al nuevo modelo, que no va a ser impulsada por unos mercados a corto plazo y miopes, necesita de una política energética -de la que tanto tiempo ha carecido este país- que, utilizando mecanismos de competencia promueva el despliegue de centrales renovables (mediante subastas con contratos a largo plazo al precio ganador), líneas de transmisión, instalaciones de recarga y flotas de vehículos eléctricos. Además hay que afianzar la intermitencia y aleatoriedad de las renovables con una gestión unificada a cargo del Operador del Sistema Eléctrico (REE) del almacenamiento -especialmente las grandes centrales hidroeléctricas regulables y el bombeo- la potencia firme de respaldo y el refuerzo de las interconexiones internacionales.

Un objetivo fundamental para que un país más electrificado recupere competitividad es la bajada posible de precios de la electricidad. A ello contribuirán los menores costes de las renovables pero también hay que eliminar cargas fiscales concebidas como impuestos a las empresas para compensar beneficios extraordinarios y que han sido traspasadas a los precios y, por supuesto acabar de una vez con dichos beneficios extraordinarios remunerando a las centrales hidráulicas y nucleares en función de sus costes.

Para todo ello hay que acabar con el mito de las restricciones de la normativa de la UE y aprender de como las han abordado otros muchos países.

Lo que es imprescindible es que el nuevo Gobierno adopte una decisión firme de liderar una transformación tan beneficiosa para el país, no sólo con pronunciamientos retóricos que consiguen las alabanzas de las grandes empresas, sino negociando con ellas para que colaboren activamente con dicha política y puedan seguir participando (aunque con menor posición de predominio) en el abastecimiento del mercado español.

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