El escalafón del 11-M: la mayoría de los mandos de las fuerzas de seguridad en Asturias en la época de los atentados ha ascendido

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[Seguramente hay muchas más incógnitas sin esclarecer que resueltas, comenzando por los delincuentes comunes, presos de la cárcel de Villabona, confidentes, viajes, pruebas, informaciones, robos, explosivos, droga y otros muchos trapicheos]

LNE

Salvo Carretero, entonces jefe superior de Policía. Búrdalo acaba de ser nombrado general, su homólogo Laguna entra en la junta del patronato de la Asociación de Huérfanos de la Benemérita y Bolinaga dirige la unidad técnica de Policía judicial


Juan Carretero, jefe superior de Policía. Pedro Laguna, jefe de zona de la Guardia Civil. José Antonio Rodríguez Bolinaga, jefe de la Comandancia de Gijón. Fernando Aldea, jefe de la Comandancia de Oviedo. Todos ellos formaban la cúpula de las fuerzas de seguridad en Asturias cuando se produjeron los atentados del 11-M. Ninguno sigue en su puesto. Todos están fuera de Asturias. Pero todos ascendieron. Salvo Carretero, quien ahora es comisario en Mérida.


La investigación subsiguiente a los atentados puso la lupa sobre el funcionamiento de las fuerzas de seguridad en Asturias y sobre la forma en que se llevaron las investigaciones sobre la trama de los explosivos en 2003, un año antes de los atentados. Se descubrieron graves errores de descoordinación y el ex secretario de Estado de Seguridad con el PP Ignacio Astarloa llegó a afirmar que en Asturias se había producido «un desastre policial».


El último ascenso, a general de brigada, lo ha protagonizado Luis Antonio Búrdalo, que se hizo cargo de la zona de Asturias poco después del ascenso al generalato de Pedro Laguna y que dejó el puesto poco después, no sin que antes le estallase en las manos el escándalo de la cinta del guardia Jesús Campillo (aquélla en la que Francisco Javier Lavandera denunciaba el tráfico de explosivos de Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras en fecha tan temprana como el verano de 2001), que valió un expediente a Rodríguez Bolinaga y al capitán Carlos Montero (que en 2001 era jefe de Información, con el grado de teniente). Búrdalo está adscrito a la zona de Valencia.


Pedro Laguna, tras abandonar Asturias, se hizo cargo de la zona de Castilla y León hasta su jubilación, el año pasado. Luego entró en la junta del patronato de la Asociación Pro Huérfanos, con sede en Madrid. Curiosamente, su puesto ha sido ocupado ahora por el general Alfonso Santos, jefe de la zona de Asturias hasta el año pasado.


Tras el escándalo de la cinta de Campillo, Rodríguez Bolinaga fue trasladado a Toledo, a cargo de la sección de informática, y en 2007 ascendió a coronel. Se le nombró jefe de la unidad técnica de Policía judicial, un puesto burocrático alejado de funciones operativas.


Fernando Aldea, en la época de los atentados jefe de la Comandancia de Oviedo, fue ascendido en 2006 a coronel, pero desde entonces está a la espera de destino. Es uno de los aspirantes a la jefatura de zona de Asturias, aunque no cuenta con el beneplácito de los socialistas, quizá por su enfrentamiento con Laguna por la forma en que se llevaron a cabo las investigaciones de la trama de explosivos.


La unidad central operativa (UCO) dirigida por el entonces coronel Félix Hernando (hoy ascendido a general) investigó el tráfico de dinamita de Toro y Trashorras a finales de 2001. Agentes de esa unidad llegaron incluso a desplazarse a Asturias con el confidente Rafá Zouhier para hacer el seguimiento de la entrega de una muestra de explosivo por parte de Toro. La UCO se desentendió luego de la investigación y la dejó en manos de la Guardia Civil asturiana, que evidenció falta de coordinación a la hora de continuar las pesquisas.


En Oviedo, se mantiene en su puesto el comandante Francisco Jambrina, que se mostró muy crítico durante su declaración en el juicio del 11-M, al acusar a mandos de la UCO de pedir la destrucción de determinados documentos sobre la trama de los explosivos. El capitán Carlos Montero se incorporó a la primera compañía de Gijón, tras su paso por Llodio (Álava). También fue ascendido, en su caso a comandante, el capitán de la Guardia Civil de Avilés José Antonio Rodríguez Bermejo.


En cuanto al Cuerpo Nacional de Policía, casi todos los mandos de la época han sido desplazados. Está el caso de Juan Carretero, hoy comisario de Mérida, pero también el de su segundo, Juan Carrión (que estaba al frente de la Jefatura Superior de Policía cuando se produjo la detención de Suárez Trashorras), que fue nombrado delegado de Interior en la Embajada de Colombia.


El comisario de Gijón, José Villar del Saz, fue trasladado en 2006 a Cáceres, y en junio de 2008 fue ascendido a comisario principal. Otro de los mandos gijoneses cuando se produjeron los atentados, el jefe de Información Emilio Morgade, fue trasladado como delegado de Interior a la Embajada Española en Brasil. El comisario de Avilés en 2004, Adolfo Barajas, dejó el puesto en el verano de 2007 y pasó a segunda actividad.


«Se ha dado carpetazo a la investigación y todos los responsables han ido para arriba», afirma el guardia jubilado Jesús Campillo

 

 

El guardia gijonés Jesús Campillo puso en un brete a buena parte de sus mandos después de conocerse que había grabado en una cinta la denuncia realizada por el gijonés Francisco Javier Lavandera en la que desvelaba, en fecha tan temprana como el verano de 2001, los manejos de Trashorras y Toro con los explosivos.


El denunciante llegó a decir ya entonces que Trashorras estaba buscando a alguien que supiese montar bombas con teléfonos móviles.


La cinta fue encontrada por un guardia del cuartel de Cancienes (Corvera) de forma un tanto rocambolesca, ya que estaba en una mesa trasladada desde la Comandancia de Gijón. El guardia entregó la cinta a sus superiores, pero el teniente coronel Bolinaga optó por guardarla, lo que le valió un expediente.


Campillo se jubiló hace año y medio, en buena medida por las presiones recibidas. «Me vi abocado a ello», aseguró ayer. Su impresión, al cumplirse cinco años de los atentados, es que «se ha dado carpetazo a la investigación y todos los mandos implicados han ido para arriba». Campillo está convencido de que no se paró los pies a Suárez Trashorras y Toro «porque los mandos incurrieron en desidia».


El guardia jubilado asegura que al que han hundido la vida de verdad es a Francisco Javier Lavandera, «por hacer lo que tenía que hacer, que era denunciar un delito». Lavandera se marchó de Gijón y ahora reside en Siero, donde se dedica a cuidar de su hijo y olvidar la época en que tuvo que sufrir incluso que se le llamase delincuente. Lavandera denunció varios ataques, en uno de los cuales fue incluso tiroteado. Sin embargo, no se ha encontrado a los culpables y las fuerzas de seguridad dudan de que esos ataques se produjesen.


Durante el proceso del 11-M tuvo también mucho protagonismo José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo», que denunció varias veces en 2003 que Toro y Trashorras traficaban con explosivos y que incluso pensaban venderlos a ETA. Nayo continúa en busca y captura en algún lugar de Hispanoamérica.

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