El «caso Ovidio Blanco» ¿Suceso aislado o síntoma de un modelo agotado?

La mayoría gobernante en Gijón (PSOE-IU) ha intentado aislar el caso, como si nada tuviese que ver con el modelo político imperante Lne

 

 

Desde que el «caso Ovidio Blanco» saltó a la opinión pública, la mayoría gobernante en Gijón (PSOE-IU) ha intentado aislar el caso, como si nada tuviese que ver con el modelo político imperante. Si el movimiento vecinal que se opone al plan de Cabueñes y la prensa no hubieran desvelado el asunto, tengan ustedes por seguro que los próceres municipales no habrían dicho ni esta boca es mía y Ovidio Blanco hubiera pasado a la historia como uno de los artífices del último PGOU, y quizá, pasados algunos años, le hubieran puesto una calle o semejante. Dicho intento entiendo que es totalmente baldío, pues era normal que más tarde que temprano casos como éste saliesen, pues ya se sabe que quien juega con fuego suele quemarse.

 

Y es que a nadie debe extrañar que cuando la apuesta de este Ayuntamiento ha sido la del ladrillo y la construcción, aquí también apareciesen casos de este tipo, pues la corrupción es un síntoma de la especulación urbanística, que es la verdadera enfermedad. Si a ello unimos que la mayoría gobernante en este Ayuntamiento lleva practicando un «modelo priista», como el que practicaron sus homólogos mexicanos (eso sí, allí don Paco Ignacio Taibo es un intelectual crítico, aquí un vocero del régimen), donde se tiene una concepción patrimonial de la administración, donde la confusión partido-Estado es una constante y donde se ha creado un entramado social clientelar (la denominada asociación cultural Semana Negra es un ejemplo), los ingredientes estaban servidos para que se cociese esa salsa.

Si Ovidio Blanco ha cometido delito o no lo decidirán los juzgados, pero los responsables políticos del PGOU vigente no pueden lavarse las manos como si esto no fuera con ellos. Causa estupor ver cómo responsables políticos municipales califican como ilícito el comportamiento del señor Blanco, pero por otro lado deciden proteger su creación amparando el plan parcial de Cabueñes. Es decir, pretenden deshacerse de una persona pero conservar el resultado de sus actos y por lo tanto proteger el beneficio ilícitamente obtenido por los constructores a los que representaba el señor Blanco, incluso el que parece ser ha obtenido este señor. Alguna razón tendrá la mayoría gobernante para actuar de esta manera, y ninguna de las que se me ocurre me parece elogiable desde un pensamiento mínimamente ético y progresista.

Cuando algunos/as se nos tachó de todo, desde los salones municipales, por participar en aquellas «marchas verdes», ya afirmábamos que el PGOU que se proponía se hacía en función de las exigencias de la patronal de la construcción, no del interés general; pretendía un modelo de financiación municipal basado en las plusvalías urbanísticas, el cual no podía ser sostenible en el tiempo y era socialmente injusto y no progresivo: no respondía a una necesidad real de construcción de vivienda ni abarataría la misma, ya que el problema de la vivienda no era que no la hubiera sino la posibilidad de acceso a ella, dado el enorme parque de vivienda vacía y alimentaba una burbuja inmobiliaria que más temprano que tarde se iba a pinchar. Hoy cuando esa descripción que algunos/as hacíamos ha sido corroborada por la tozuda realidad de los hechos, pretender aislar un síntoma sin curar la enfermedad, y más aún continuar como papanatas apostando por recetas fracasadas (el llamado plan de vías es otro ejemplo de ello), resulta un insulto a la inteligencia.

Esta mayoría gobernante en Gijón (PSOE-IU), que saca el discurso de los «descamisados» y del «espantapájaros» de la derecha, cuando necesita votos, ha venido construyendo un régimen en Gijón que está demostrando signos de agotamiento evidentes. Y uno de ellos es que este caso tan evidente de unión de especulación y mala práctica administrativa, por calificarlo suavemente, haya salido a la luz pública. No es cierto que el Urbanismo en Gijón no haya tenidos casos previos que se movían en las entretelas, nada limpias, del amiguismo y de la vulneración de la legalidad. Sería bueno recordar el caso de los llamados chalés de El Rinconín, la construcción del Begoña Park, las actuaciones expropiatorias y urbanísticas del teatro Jovellanos o la llamada «Manzana Reseca», la desaparición del cine Arango, las tropelías sin licencia, o con ella, de las operadoras de telefonía móvil, bien protegidas por el Ayuntamiento, la desaparición de los astilleros, etcétera. Todo ello unido, cómo no, a las diversas reformas de Begoña, con fuente que no funciona incluida, auténtico homenaje al despilfarro, o las constantes variaciones de planes desde el «Serruchazo del señor Morales» a las «torres gemelas del Plan de Vías».

Y cómo no, unido a dudas más que razonables sobre el acceso al empleo y la función pública en diversos ámbitos municipales, incluidas muchas de las empresas municipales que son administradas como cortijo particular de la mayoría gobernante, y con múltiples sentencias judiciales que así lo avalan. Por lo tanto, ni el urbanismo, ni el funcionamiento de la administración municipal, ni sus formas de relacionarse con los llamados «agentes sociales» y el movimiento social organizado se caracterizan en Gijón, ni mucho menos, por la transparencia, la equidad o el interés general, y en muchos casos, tampoco por el escrupuloso cumplimiento de la legalidad. Por lo tanto, el «caso Ovidio Blanco» es claramente un síntoma de ese modelo priista, una punta de un iceberg, político y económico, que tiene en el último PGOU y en las actuaciones Sogepsa su más clara expresión, y que poco tiene que ver con los históricos valores de la izquierda, sino claramente con un modelo neoliberal, actualmente totalmente fracasado, donde la gestión de lo público se subordina a los designios de los más poderosos, en este caso a los dictados de la patronal del ladrillo.

Que en las etapas del señor Areces y el señor Morales esas miserias no se vieran con tanta claridad, tiene que ver, en parte, con la mayor cintura política de éstos, que al lado de los que actualmente nos gobiernan, parecen auténticos estadistas, pero fundamentalmente porque en aquellos momentos el régimen estaba plenamente consolidado y hoy ya tiene muchas fisuras, que quizá sean síntomas de aluminosis.

Y si esto pasa en Gijón, cabe preguntarse qué no pasará en Llanes, y uno se reafirma en que quizá don Domingo Goñi tenga razón, y que en esta Asturies nuestra se persigue más al que denuncia la ilegalidad que al que la comete.

 

Rafael Velasco Rodríguez es abogado
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