El presidente de Bolivia, Evo Morales, firma con líderes de la Central Obrera Boliviana un acuerdo en defensa de la democracia, la unidad y la integridad del país en La Paz

Connvoca Evo Morales a acelerar un pacto nacional y pacificar Bolivia en menos de 30 días.

La Jornada

La Paz, 17 de septiembre. El presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó este miércoles a la oposición regional a acelerar la negociación de un pacto nacional para pacificar al convulsionado país, al tiempo que recibía un apoyo sin precedente de la habitualmente crítica cúpula sindical.

El mandatario dijo que el cambio en Bolivia se garantiza mediante el diálogo con los movimientos sociales al atestiguar la firma de un acuerdo en defensa de la democracia, la unidad y la integridad del país, entre los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) que agrupa a organizaciones de colonizadores, indígenas, campesinos y mujeres.

En uno de los puntos del acuerdo se plantea la toma de latifundios improductivos, así como sus fuentes de producción, fábricas que especulan con el hambre del pueblo.

Morales pidió acortar los plazos establecidos en un acuerdo base de diálogo firmado el martes, cuya primera consecuencia fue el fin de los bloqueos de vías y las tomas de instalaciones estatales que realizaban grupos opositores, aunque persistían cortes de rutas por parte de sindicatos oficialistas.

El mandatario pidió a prefectos y dirigentes cívicos opositores de los distritos de las tierras bajas en el oriente del país instalar el diálogo el miércoles y no el jueves como estaba programado, y producir un acuerdo definitivo antes del plazo convenido de 30 días.

Pero, el apuro presidencial tropezó con dificultades logísticas y el anfitrión del diálogo, el prefecto del distrito central de Cochabamba, Álvaro Puente, dijo esperar que la noche del miércoles se realice sólo un encuentro preparatorio entre el gobernante y algunos prefectos.

Las bases del diálogo quedaron confirmadas el martes, cuando el prefecto del distrito sureño de Tarija, Mario Cossío, en representación de los distritos rebeldes, firmó el documento suscrito previamente por el gobierno.

Con la firma del acuerdo, la oposición regional se resignó a perder a uno de sus más polémicos miembros, el prefecto del departamento amazónico de Pando, Leopoldo Fernández, detenido y confinado el miércoles en un lugar desconocido acusado de tener responsabilidad en una mortal emboscada contra una caravana de campesinos oficialistas que dejó 25 muertos, incluido un joven que quedó con muerte cerebral y que falleció hoy. Se trata del acto más sangriento en la ola de violencia que llevó al gobierno a dictar el estado de sitio en Pando.

Otras dos personas murieron cuando el ejército recuperó por la fuerza el aeropuerto de Cobija, la capital pandina, que estaba tomado por seguidores opositores tal como el resto de las oficinas públicas en el distrito.

No había respuesta unánime de los prefectos a la decisión de Morales de apurar el diálogo, con el que pretende asegurar la aprobación el próximo año de una nueva Constitución que “refundará” Bolivia con más poder para los indígenas y un modelo económico sin latifundios y regido por el Estado.

La reforma agraria impulsada por Morales es duramente criticada en los distritos orientales, donde latinfundistas controlan la mayor parte de las tierras fértiles.

El gobernante prometió respetar los pedidos de autonomía de los distritos opositores y una devolución parcial de un impuesto petrolero, reclamados por los líderes de una ola de protestas que durante tres semanas hundió a parte del país en el caos con decenas de bloqueos de carreteras, tomas de edificios públicos y ataques a la infraestructura energética.

Morales recibió el apoyo de los líderes sindicales nacionales, que le garantizaría un periodo de paz social mientras se desarrolla el complejo diálogo con la oposición regional.

Fue la primera vez que la COB, históricamente independiente de los gobiernos, apoyó de modo abierto a Morales, repudió “el odio y el racismo fascista y neonazi, así como la actitud de los prefectos y dirigentes neoliberales (...) financiados desde la embajada estadunidense”.

En el “acuerdo por la defensa de la democracia, la unidad y la integridad del país”, firmado en la sede de la COB en presencia de Morales, la cúpula sindical aplaudió la expulsión del embajador estadunidense Philip Goldberg, decidida la semana pasada por el mandatario.

Respecto de la descertificación de Bolivia por parte de Washington en el combate al narcotráfico, Morales comentó que el gobierno de “Estados Unidos no tiene moral, ni ética” para hablar de certificación y descertificación de la droga, y aseguró que esto no es más que una represalia porque su gobierno expulsó a Goldberg.















 

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