¿Cuántas décadas más?

 

El caso de María-José, enferma de esclerosis múltiple en fase terminal que optó...

 

 

...por suicidarse con la ayuda de su marido Ángel, ha reabierto el debate sobre la eutanasia y como siempre en casos similares, cuando se abre la caja de Pandora nos encontramos con posiciones diametralmente opuestas. Podemos decir que  María- José y Ángel han conseguido su propósito: reabrir un debate que, generalmente, nuestra sociedad, hipócritamente, prefiere mantener oculto.

Como siempre también, en el campo de los que no están dispuestos a admitir que la sociedad pueda tolerar legalmente a enfermos como María-José poner un término a su ¿vida? –dudo que en estos casos podamos emplear ese término– se encuentra lo más reacio y conservador de nuestra sociedad: aquellos que apelan al respeto de la vida, según el sentido que la jerarquía religiosa da a este concepto; aquellos que se oponen al aborto; aquellos que se arrebujan en la milenaria educación judeocristiana.

Es cierto que la medicina actual posee los medios necesarios para aliviar el dolor y acompañar los enfermos en el último tramo de su vida, por penosa que esta sea. Pero también es cierto que los familiares de un enfermo en fase terminal tengan dudas viendo su familiar decaer irremediablemente, y teman que este sea objeto de un ensañamiento terapéutico. No es de extrañar que delante del espectáculo ofrecido, involuntariamente, por uno de nuestros familiares sufriendo terriblemente y sin ninguna esperanza, algunos pidan el derecho de poder acortar dicho sufrimiento.

No se trata, desde mi punto de vista, de facilitar una muerte “digna”; la muerte nunca es digna o buena, solo puede ser más o menos mala. Cuando un enfermo está a las puertas de su extinción, víctima de una enfermedad incurable, estrictamente hablando no se puede decir que vive, y el hecho de mantenerlo artificialmente en vida para darle una apariencia de existencia es propiamente cruel.  

No obstante me temo que, como lo común en esta sociedad, legislar sobre esta cuestión no resulte fácil y la conclusión no sea la esperada. Estamos en presencia de una complicada cuestión humana. Que deberíamos poder optar, según las vicisitudes impuestas por una enfermedad incurable, por la muerte y las modalidades para llevarla a cabo, no cabe la menor duda. ¿Pero cómo enmarcar concretamente en una ley ese derecho? Dudo que se pueda encontrar una solución verdaderamente humana en una sociedad en la que todo está subordinado al poder del dinero.

La solución y la decisión no pueden depender únicamente de los profesionales médicos. No podemos dejarlos decidir solos si llegó o no el momento en el que el deterioro y sufrimiento de un enfermo incurable son insoportables, como tampoco puede depender únicamente de la familia. Una ley podría satisfacer las esperanzas de las personas afectadas a condición de arropar su aplicación con extremadas garantías en su aplicación.

La decisión de dar la muerte tendría que ser tomada en el hospital, una vez que los médicos hayan estimado el carácter incurable de la enfermedad y el ineluctable desenlace; con el asentimiento del enfermo; asociando a la toma de decisión al personal sanitario, en particular las enfermeras y auxiliares de enfermería, generalmente las más allegadas a los enfermos; y naturalmente a sus familiares directos. Si el enfermo disfruta aún de su autonomía, autonomía que le permitiría poner el mismo un término a su vida, habría que brindarle la ayuda necesaria.

A pesar de que el tema haya sido puesto de nuevo sobre la mesa, además de coincidir con la campaña electoral, y a pesar de las promesas hechas por algunos de los candidatos, mucho me temo que la sociedad siga dilatando el problema sin resolverlo –como muchos otros– e incluso que lo agrave, como en este caso. Ángel sabía que se exponía a ser condenado a diez años de cárcel por ayudar a su esposa a suicidarse, lo que no sabía era que se exponía a ser juzgado por violencia de género.     

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