Cuestiones urgentes para la sanidad pública

En 2019 los presupuestos sanitarios per capita de las CCAA van de 1.192 a 1.693 euros, una diferencia de 500 euros per capita que genera desigualdades

Copagos: 1,4 millones de personas no retiran los medicamentos prescritos por motivos económicos

Cuestiones urgentes para la sanidad pública

 

Estamos en una extraña situación con un gobierno en funciones que se prolonga en exceso y sin que se vea con claridad una salida para la formación de un gobierno progresista que tanto necesita este país, y en especial la Sanidad Pública que lleva años sufriendo un proceso continuado de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización, sin que este último año se hayan producido cambios significativos, en parte por la situación de inestabilidad política, es hora ya de que se impulse de una manera decidida una política positiva para recuperar la Sanidad Pública y para ello hace falta abordar de manera urgente las siguientes cuestiones:

 

Financiación sanitaria suficiente y finalista, que supere los recortes del periodo del PP, para alcanzar cuando menos el 6,7% sobre el PIB de financiación pública que se alcanzo antes de la crisis. Por otro lado es muy importante avanzar hacia una financiación finalista para eliminar desigualdades. No parece razonable por ejemplo, que en 2019 los presupuestos sanitarios per capita de las CCAA vayan desde 1.192,83 a 1.693,49 euros, una diferencia tan grande (500,66 euros per capita) necesariamente genera desigualdades en la atención sanitaria que recibe la población,

Derogar los copagos del RDL 16/2012, tanto los que están activos como los silentes (están en el BOE pero no se aplican, como el del transporte sanitario, la farmacia hospitalaria, etc). Conviene recordar que según el ultimo Barómetro Sanitario 1,4 millones de personas no retiraban medicamentos prescritos por motivos económicos, otro problema de salud y de desigualdad en la protección de la salud que dice garantizar la Constitución.

Desarrollar el reglamento del RDL 7/2018, para garantizar la universalidad de la atención sanitaria, pues aunque se aprobó este RDL teóricamente “de acceso universal al Sistema Nacional de Salud”, lo cierto es que tiene deficiencias y ambigüedades que están siendo aprovechadas por algunas para continuar e incluso ahondar la exclusión sanitaria, y que ahora con el protagonismo de Vox en varias de ellas es previsible que empeore.

Acabar con las privatizaciones, para lo que es preciso paralizar las privatizaciones y establecer mecanismos de recuperación de lo privatizado. Evidentemente tal y como se ha demostrado en Valencia se trata básicamente de un problema de voluntad política y de cambios en la legislación así como de control riguroso.

Promover la Atención Primaria de Salud, que ha sido la que más ha sufrido con la crisis, dotándola especialmente de recursos humanos suficientes, sobre todo de enfermería. El objetivo es garantizar una atención sanitaria de calidad en 24-48 horas para toda la población

Incrementar las camas hospitalarias, de las que existe una gran deficiencia en nuestro país y que disminuyen cada año, y hacerlo básicamente en el caso de las de media y larga estancia (tenemos 0,3/1000 habitantes versus 1,5 de promedio en la OCDE).

Control del gasto farmacéutico, que se mantiene incontrolado (entre 2014 y 2018 creció un 18% mientras el gasto sanitario público lo hacia en un 15%) especialmente en el caso de la farmacia hospitalaria (22% de crecimiento en el mismo periodo) para asegurarse que su crecimiento es menor que el de los presupuestos sanitarios públicos, y también de su uso racional.

Regulación y control de los conflictos de interés en el sistema sanitario público. Desgraciadamente son numerosos los profesionales que trabajan en el sector público y en el privado, como también los que reciben financiación extra de la industria farmacéutica y continúan siendo muchos los que a pesar de ello participan en organismos con capacidad para tomar decisiones sobre la utilización de recursos. Hay que mejorar la transparencia, delimitar los intereses públicos de los privados y asegurar la calidad e imparcialidad de las decisiones clínicas.

Propiciar la investigación en salud con fondos públicos. Seguimos destinando cantidades ínfimas de los presupuestos sanitarios a la investigación que continua mayoritariamente en manos de las multinacionales que, lógicamente la enfocan a sus intereses particulares y no a la los de la salud de la población.

Mejorar la cohesión del sistema sanitario. Para ello habría que elaborar el Plan Integrado de Salud, pendiente desde la aprobación de la Ley General de Sanidad ¡en 1986!, replantear el funcionamiento del Consejo Interterritorial para hacerlo operativo y el funcionamiento de la alta inspección. Hay que recuperar el papel de autoridad sanitaria del Ministerio de Sanidad (desarrollando la Ley General de Sanidad y la  Ley de Cohesión, Ley General de Salud Pública).

Desarrollar la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Se necesita intervenir activamente en la salud sexual y reproductiva, especialmente en sus aspectos preventivos y de promoción que están abandonados, como se demuestra con el repunte de las ETS.

Aprobar la ley de eutanasia y garantizar su acceso en la Sanidad Pública, simplemente aprobando la ley que ya se ha propuesto en el Congreso, y que según las encuestas demanda el 85% de la población.

Estos son algunos temas urgentes a abordar desde un Ministerio, que no es ni debería ser decorativo, aunque obviamente hay muchos mas como la formación y planificación de los recursos profesionales, la salud laboral y un largísimo etc. Necesitamos un gobierno ya que empiece a actuar y a recuperar la Sanidad Publica.

Marciano Sánchez Bayle
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/cuestiones-urgentes-sanidad-publica/20190816142243165382.html
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