Cambios indecisos y poco claros en la protección social de la función pública

"Plan de Acción para la transformación del Sistema Nacional de Salud”, la tarea de “abordar la situación de las mutualidades con financiación pública directa (Muface, Mugeju e Isfas), así como la financiación indirecta. 

 

Hay un sector muy amplio de la función pública que en vez de pertenecer al Régimen General de la Seguridad Social se encuentra integrado en el “Régimen Especial de los Funcionarios Públicos del Estado”. A este régimen se incorporaban directamente los y las funcionarios de carácter civil y militar, de los ayuntamientos y diputaciones, de la administración de justicia y de órganos estatales, además de otros colectivos reducidos (entre ellos los expresidentes, ex-ministros y otros “altos” cargos). A medida que se fueron transfiriendo competencias a las Comunidades Autónomas y que éstas fueron creando cuerpos propios, las personas que accedían al funcionariado ingresaban en el Régimen General de la Seguridad Social (RGSS): sucedió a partir de 1993 en las administraciones locales y en los cuerpos docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco…  Finalmente, desde el 1 de enero de 2011, todo el personal funcionario de nuevo ingreso se integra en el RGSS, lo que significa que el Régimen de Funcionarios sigue en vigor pero, desde 2011, no incorpora nuevos funcionarios, lo que provocará su extinción futura. En estos momentos se han producido cambios o anuncios de cambios en dos aspectos importantes de este Régimen cuya realidad se analiza a continuación, especialmente en relación con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Las pensiones de “Clases Pasivas”: ¿mero traspaso de la gestión o también equiparación de las prestaciones y su financiación con el Régimen General de la Seguridad Social?

Las pensiones de este Régimen Especial se rigen por el sistema llamado de “Clases Pasivas”, que regula la protección por jubilación, incapacidad, muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y a favor de otros familiares). En julio de 2020, el número de pensiones abonadas por este régimen ascendió a 652.905. La magnitud de ese número se puede contrastar con la cifra de casi 2.600.000 personas que trabajan en el conjunto de las administraciones públicas en el Estado español. El régimen de clases pasivas tiene diferencias en la intensidad de las prestaciones con el RGSS, unas que mejoran la protección de éste y otras de sentido contrario. Entre las primeras, la más importante es el acceso a la jubilación anticipada a los 60 años si se “han prestado servicios” durante al menos 30 años, sin penalización por edad; así como la posibilidad de prórroga voluntaria hasta los 70 años para algunos colectivos como la judicatura, fiscalía, profesorado universitarios, etc. Además, en este Régimen bastan 35 años de cotización para alcanzar el 100% de la pensión, mientras que en el Régimen General son necesarios, en el 2020, 36 años de cotizados para alcanzar el 100%, que pasarán a 37 en el 2027.

Sin embargo, el sector del funcionariado perteneciente al Régimen General no puede acceder a la jubilación a los 60 años de edad con 30 años cotizados, ni puede, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, acogerse a la jubilación parcial, en la medida que es exigible la contratación laboral temporal a tiempo completo, a pesar de que algunas leyes como la del Estatuto Marco del personal estatutario de 2.003 y la del Estatuto Básico del Empleado Público de 2.007 parecían abrir esa posibilidad. Además, la condición de funcionario da lugar a que no pueden ser objeto de despido por causas objetivas, fórmula frecuentemente utilizada en el mundo laboral para los ceses previos a la jubilación para cesar en el trabajo antes de la edad de jubilación. Como la generalidad de lxs trabajadorxs por cuenta ajena, el personal laboral de las administraciones públicas puede jubilarse parcialmente si trabaja a tiempo completo y se establece el mecanismo para llevar a cabo dicha jubilación parcial y el contrato de relevo correspondiente en convenio colectivo o en un acuerdo entre la administración y la representación sindical.

Entre las regulaciones desfavorables para el personal incluido en Clases Pasivas está la de que los porcentajes de la pensión de jubilación en función del tiempo cotizado son más bajos para los períodos inferiores a los 35 años. Así con 15 años cotizados, mientras que en el Régimen General el porcentaje es del 50% en el de Clases Pasivas es del 26,92% y con 25 los porcentajes respectivos son del 74,92% y 63,46%. Por otra parte, la base de cálculo no se fija como en el Régimen General a través de las cotizaciones que a su vez dependen de los salarios cobrados sino que los “haberes reguladores” se fijan por el Estado y solo son equivalentes a la base máxima de cotización para el grupo A1, el de más alto nivel (que exige titulación universitaria de licenciatura, ahora de grado), pero son inferiores a los salarios reales percibidos en todos los demás grupos, lo que da lugar a que en esos grupos, para los salarios de la misa cuantía, las pensiones sean comparativamente más bajas que en el RGSS. No obstante, como consecuencia de la mayor calificación reconocida que en el sector privado, las pensiones en el sector público son más elevadas.

Creemos que estas diferencias no tienen justificación y que las reglas aplicables a las pensiones de seguridad social de las personas funcionarias deben ser semejantes a las del Régimen General, ya que unas y otras trabajan a cargo de un salario, debiéndose mantener solamente las especialidades que tengan justificación clara, lo que no ocurre en este caso. Las diferencias complican la gestión y aumentan un gasto administrativo que debería dedicarse a la mejora de las prestaciones del conjunto de trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del privado. Sin embargo, el actual embrollo legislativo plantea que la extinción del régimen de Clases Pasivas debe ir precedida de una equiparación en los derechos a prestaciones con el personal laboral, especialmente en lo referente a la posibilidad de jubilación parcial y a las bases de cálculo de las pensiones. En el marco general de la lucha contra los recortes de las pensiones y el endurecimiento de las condiciones para acceder a la jubilación debe revisarse el concepto de “actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre” que permiten a determinados colectivos jubilarse anticipadamente, y ampliarlo a otros sectores, entre los que podrían incluirse algunos de los actualmente regulados por las clases pasivas. Al mismo tiempo hay que rechazar la pretensión de los partidos de la derecha y de la caverna mediática que quieren mantener indefinidamente una regulación separada que beneficia a los grupos de mayor nivel retributivo de la función pública. Por su parte, el ministro Escrivá, como está ocurriendo en otros temas de la agenda social del gobierno, ha dado marcha atrás y se ha apresurado a desmentir el pasado 20 de agosto a las informaciones de OK Diario de ese mismo día sobre los planes gubernamentales de “desmantelar en octubre el viejo sistema de protección social de 900.000 funcionarios”.

El régimen de clases pasivas se financia mediante aportaciones fijadas en los Presupuestos Generales del Estado y cotizaciones a cargo de los funcionarios. Según el gobierno la transferencia de la gestión a la Seguridad social va acompañada de transferencias a ésta que no solo comprenderán el pago de las pensiones sino también el gasto derivado de la gestión del sistema, por lo que el Ministerio de Seguridad Social concluye que el traspaso no tiene efectos sobre la Seguridad Social. Sin embargo, esa afirmación es tramposa por varias razones: 1ª) la cotización a cargo del personal funcionario incluido es más reducida en varios puntos a la cotización del RGSS; 2ª) existe el riesgo de que las aportaciones a cargo de los presupuestos, que serían en teoría equivalentes a las cotizaciones empresariales del Régimen General, se calculen de forma que incrementen la deuda de la Seguridad Social con el Estado y que ello se utilice como justificación para no atender las reivindicaciones de mejora del movimiento pensionista e incluso para la imposición de nuevos recortes, con o sin Pacto de Toledo. Evitar esos riesgos exige una claridad de los flujos financieros entre Estado y Seguridad Social que hasta la fecha no ha tenido lugar.

La asistencia sanitaria prestada por las Mutualidades: ¿giro hacia su publificación integral?

La asistencia sanitaria del personal funcionario no integrado en el Régimen General se presta por tres Mutualidades Administrativas: MUFACE (Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado), la más numerosa; MUGEJU (Mutualidad General Judicial) e ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas).

Aunque gestiona prestaciones económicas, como la de incapacidad temporal y otras, y mejora las pensiones del sistema de Clases Pasivas para los funcionarios en situación más vulnerable, la asistencia sanitaria es la prestación más importante que asume MUFACE para sus casi un millón de titulares y cerca de medio millón de beneficiarios. Dada la integración en el régimen General de los funcionarios de nuevo ingreso, la edad media de los titulares es elevada, de más de 57 años, y la mayoría ya se han jubilado. Gasta cerca de 1.500 millones de euros en asistencia sanitaria. MUFACE subvenciona parcialmente algunas prestaciones –por ej. las dentales- que no se prestan por el sistema sanitario público, si bien es más elevado el copago farmacéutico en relación con lxs incluidxs en el Régimen General. Las personas titulares pueden optar, antes anualmente y ahora semestralmente, porque se realice a través de los servicios sanitarios públicos –en el caso de Euskalherria,  Osakidetza y Osasunbidea, – o mediante conciertos con seguros médicos privados, como ASISA y el Igualatorio Médico-Quirúrgico. Se realizan unas seis millones anuales de consultas. En la CAPV el Igualatorio (la más antigua aseguradora sanitaria del Estado, creada en 1934), es la más importante aseguradora sanitaria, con más de 312.000 asociados y una cuota de mercado del 76% (en Bizkaia alcanza el 84%) y es propietaria de diversas clínicas y centros privados. Además mantiene acuerdos con clínicas de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa. Mediante un convenio con Adeslas, proporciona asistencia en todo el Estado.

La mayoría del personal médico -no el de otras profesiones sanitarias- compatibiliza su trabajo para el Igualatorio, por el que perciben una retribución en base a los actos médicos prestados, con el que realizan para Osakidetza, en general a tiempo completo. En este sentido conviene precisar que en 2007 Osakidetza y el Sindicato Médico firmaron un acuerdo, que fue calificado por el resto de los sindicatos como una afrenta para el resto de profesiones sanitarias, a través del cual todos los médicos/as que realicen un trabajo externo perciben un complemento de productividad de la misma cuantía que el establecido por la dedicación exclusiva a Osakidetza. Al suprimirse en la práctica la remuneración por la dedicación exclusiva se incentiva la dedicación a la sanidad privada y se promueve que algunos médicos reenvíen a sus consultas privadas a las personas con problemas de salud a las que tratan en Osakidetza.

La gran mayoría del personal funcionario (el 80% aproximadamente en el conjunto del Estado), incluida gente progresista y de izquierda, opta por la opción privada. Aunque no existe una encuesta sobre las razones, estas pueden ser esencialmente de dos tipos. Una es la mayor rapidez de la opción privada en relación con la pública para las pruebas diagnósticas de radiografías, ecografías, etc., y en general de atención en las especialidades médicas y las intervenciones quirúrgicas, especialmente si no son de urgencia vital (con la tranquilidad de saber que en este caso siempre habrá la posibilidad de ser acogido en un centro público). Otra es la mayor comodidad “hotelera” de las clínicas y hospitales privados: habitaciones individuales en lugar de las compartidas en los hospitales públicos.

La responsable de sanidad de Unidas Podemos, Amparo Botejara, declaraba que el sistema de aseguramiento sanitario de MUFACE genera “…una gran desigualdad entre los funcionarios y el resto de la población”. Medios de prensa ultraliberales y privatizadores como El Economista y Libre Mercado reaccionaban declarando que  “Sanidad quiere eliminar Muface y se enfrenta a los empleados públicos” y “Podemos quiere terminar con Muface, el sistema de sanidad privada de los funcionarios”. Paralelamente el Ministerio de Sanidad del gobierno español aprobaba un documento, elaborado por 20 expertos y toda la estructura directiva del Ministerio sobre el “Plan de Acción para la transformación del Sistema Nacional de Salud” (disponible aquí) que entre otros elementos preveía  en su Reto 7 la tarea de “abordar, en el sentido que orienta laLey 14/1986, General de Sanidad, la situación de las mutualidades con financiación pública directa (Muface, Mugeju e Isfas), así como la financiación indirecta mediante desgravaciones a seguros comerciales de salud”. En efecto, una disposición de esa Ley de 1.986 preveía que “los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las Mutuas de Accidentes, Mutualidades e Instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, puedan ser objeto de integración en el Sistema Nacional de Salud, siempre que reúnan las condiciones y requisitos mínimos”, norma a la que no se ha dado cumplimiento tras haber transcurrido 34 años desde que se aprobó. Entre los objetivos que planteaba ese documento estarían los de reducir el abuso en la factura farmacéutica y eliminar la influencia de los laboratorios y empresas farmacéuticas en la formación continua del personal sanitario (por ej. mediante la inscripción gratuita a su cargo en los congresos médicos). Ello supondría el paso de la prestación sanitaria del citado personal funcionario desde los seguros privados a los servicios sanitarios públicos.

Ese documento ha provocado en los últimos meses la inmediata reacción de los partidos de la derecha española y del sindicato corporativista CSIF, que han pedido explicaciones al gobierno por ese amago de publificación de la asistencia sanitaria. Carlos Cuesta, en el OK Diario, ha incluido a Pedro Sánchez entre quienes “han puesto en su punto de mira a las tres mutuas de empleados públicos”. El objetivo del gobierno “socialcomunista” sería el de “asestar un nuevo hachazo tanto a la Sanidad privada, como a la industria farmacéutica”, lo que dice que contribuiría a colapsar el sistema de sanidad pública.  Todos ellos omiten interesadamente que la desaparición de Muface debería ir acompañada por la dedicación al sistema público del gasto que en la actualidad se abona a la sanidad privada. En las últimas semanas varios ministros y ministras han “sucumbido” a las presiones de la derecha política, sindical y mediática y han manifestado que el gobierno prevé mantener el actual sistema de asistencia sanitaria para el personal funcionario. Aunque el tema no está definitivamente resuelto lo más probable es que el gobierno español no lleve adelante el dictamen de los expertos, a pesar de que el balance de la superioridad de la sanidad pública sobre la privada que se ha manifestado en la actual pandemia exigiría que se cumpliese.

Ese paso tendría ventajas de diferente tipo. Por una parte, implicaría un trato igualitario a toda la población en el cuidado de la salud. Por otra parte, promovería una dedicación más intensa a la sanidad pública de la parte del personal médico que hasta ahora lo simultanea con la sanidad privada, con las posibles corruptelas que ello implica. Pero para que esa posible absorción por la sanidad pública de los afiliadxs en las Mutualidades citadas no solo suponga una mejora de la asistencia sanitaria sino que sea apoyado por esas afiliadas y afiliados debe producirse acompañada de la solución de la tardanza en las pruebas diagnósticas y, en general, de las demoras en la atención, así como una ampliación de la lista de prestaciones cubiertas por la sanidad pública, entre otras las dentales. Ello exige un aumento de las plantillas, más allá del “compromiso” del nuevo gobierno vasco de creación de 4.000 plazas en Osakidetza (entre 2020 y 2024), que muy posiblemente se va a limitar a estabilizar –una parte- del enorme porcentaje, de hasta el 40%, del personal sanitario contratado temporalmente. También se deben mejorar las instalaciones hospitalarias de forma que las personas enfermas cuando están en los hospitales tengan garantizada la intimidad y no tengan que compartir habitación. Estas medidas exigen aumentar sustancialmente el gasto sanitario público hasta el nivel de otros Estados de la Unión Europea.

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