Miles de inmigrantes se convierten en irregulares tras caducar su permiso al carecer de empleo

Estiman que en esta situación se podrían encontrar decenas de miles de inmigrantes que se han convertido sin quererlo en irregulares

 

Muchos despachos de abogados y centros de asesoramiento de extranjeros están desde hace semanas desbordados por la llegada de inmigrantes que no han podido renovar su tarjeta de residencia por no disponer de un puesto de trabajo o por haber agotado ya su prestación por desempleo.

“Estamos notando un fuerte aumento de personas que vienen al despacho a pedir información”, asegura un abogado especializado en cuestiones de inmigración. Aunque la cifra es difícil de calcular, algunos estiman que en esta situación se podrían encontrar decenas de miles de inmigrantes que se han convertido sin quererlo en irregulares a causa del agravamiento de la situación económica, y que por ende pueden ser expulsados en cualquier momento por las autoridades judiciales al estar en paro.

En la actualidad, y según la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2008, 779.400 extranjeros se encuentran sin trabajo, y de ellos, según los Servicios Públicos de Empleo, 350.582 cobran alguna prestación económica. Menos de la mitad proceden del espacio Económico Europeo (la UE ampliada), por lo que más de 175.000 podrían encontrarse con problemas para renovar su tarjeta de residencia.

La normativa española vincula la estancia legal de un extranjero al hecho de que disponga de un empleo, y de hecho la autorización se denomina de residencia y trabajo. Para obtener un permiso es necesario, por lo tanto, la existencia de un contrato laboral que inicialmente permite al inmigrante vivir en España durante un año. Tras la primera renovación, el extranjero puede permanecer en el país dos años adicionales; y otros dos años tras la segunda renovación. Una vez que se ha cumplido el ciclo de cinco años con permisos temporales, el extranjero obtiene una autorización de carácter permanente. A estos trabajadores no les afectaría, por lo tanto, la caída del empleo, ya que no necesitan renovar su tarjeta de residencia.

Ocurre, sin embargo, que el grueso de la inmigración llegó a España en los últimos cinco años, por lo que la gran mayoría de los inmigrantes no comunitarios se encontrarían en esa situación. El 31 de diciembre de 2003 existían en España 1,64 millones de extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en vigor, mientras que al acabar el año pasado el número había crecido hasta los 4,47 millones, es decir, casi el triple.

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