La invisibilización de la comunidad inmigrante en el pre-acuerdo de gobierno entre PSOE y UP



El pre-acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos marca diez “ejes prioritarios” en la acción del hipotético gobierno.

Dentro de estos diez ejes no se hace ni una mención a la comunidad inmigrante como sujetos de derechos civiles, sociales, económicos y políticos que hacen parte de nuestra sociedad. Es de destacar que la población inmigrante constituye más de 5 millones de habitantes (empadronados) según el INE del total de la población que supera los 47 millones de habitantes en el territorio español. Lo que supone más del 10% de la población habitante en España. Dentro del dato de la comunidad inmigrante no se incluyen muchos ciudadanos inmigrantes sin su situación regularizada en España [los llamados despectivamente “sin papeles”, que no se empadronan por miedo a la persecución policial que les conllevaría entre otras sanciones y/o medidas como la imposición de una multa impagable, el internamiento en un CIE (cuyo régimen disciplinario se asemeja al de una cárcel y cuyo régimen de saneamiento es incluso peor, según ya ha sido denunciado por algunos políticos de este país) e incluso la expulsión de territorio español, muchas de las veces a un país distinto al de su país de origen].

¿Es justo invisibilizar de un pre-acuerdo político a más de 5 millones de vidas? ¿Es progresista? ¿Para quién?

En adelante, se desgranarán uno a uno los ejes propuestos en el pacto.

“1.- Consolidar el crecimiento y la creación de empleo”. Los sectores en los que se debe combatir más la precariedad laboral son los sectores más importantes de la economía: la agricultura intensiva, la construcción y la hostelería. Paradójicamente en estos sectores la mano de obra predominante es la inmigrante. En la mayoría de los casos sometidos a jornadas extenuantes sin sus correspondientes descansos reglados y pagos irrisorios. Pero ¿es lógico que se mantenga un modelo económico cuya mano de obra a veces se sitúa en una situación de servidumbre o cuasi- esclavitud? ¿Se puede mejorar la calidad del empleo en un modelo económico de esta naturaleza? y, aún peor, ¿consolidarlo?

“2.- Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción”. En primer lugar, se hace referencia a los servicios públicos de carácter social más importante: educación, sanidad y dependencia. En la educación, se debe luchar contra la segregación racial que se vive en las aulas, apoyar a los menores inmigrantes que tienen dificultades en el estudio por múltiples razones (llegan a un país con un sistema educativo diferente al de su país de procedencia, el idioma, la falta de empatía del profesorado y el alumnado hacia los problemas de aprendizaje del nuevo alumno en el aula, e.t.c.). Además, no sólo en cuanto a los menores existen problemas en ámbito de la educación. Dentro de la población inmigrante mayor de edad, existen problemas para homologar sus estudios hechos en el país de origen (faltan convenios internacionales relativos a esta materia; los únicos convenios que existen son en el ámbito de la medicina y la ingeniería y solo con cierto países, por lo que es insuficiente), por lo que muchos ciudadanos y ciudadanas inmigrantes se ven limitados y limitadas en su búsqueda de empleo y, en consecuencia, se ven obligados a trabajar en los empleos de menor cualificación y peor pagados. En cuanto a la sanidad, si bien es verdad que desde hace un año se volvió a universalizar este derecho, los ciudadanos de la comunidad inmigrante que permanece en España de forma irregular tienen que hacer un trámite especial ante la Seguridad Social para disfrutar de este derecho. En cuanto a la dependencia, las personas que están en situación de irregularidad no pueden ser beneficiarias de las ayudas correspondientes. Por otra parte, se hace mención del derecho a la vivienda: en este caso, falta configurar este derecho no como mera propiedad, sino también, de forma alternativa, como derecho de uso, para que muchas personas que no puedan acceder a una vivienda por motivos económicos o legales por su situación de irregularidad puedan acceder a este derecho. Además, se hace referencia a la apuesta por la ciencia y el talento emigrado: esperemos que no sólo se refiera al talento de ciudadanos españoles de origen que, debido a la estructura económica del país, se ven obligados a salir de su tierra en busca de nuevas oportunidades; sino también al talento de inmigrantes muy cualificados que existen en este país pero que es desaprovechado por falta de homologación de sus títulos e incluso por descarte de algunos empresarios por razón de origen.

“3.- Lucha contra el cambio climático”: en los países de origen de la comunidad inmigrante también se debe cuidar de la naturaleza, para que no se produzcan éxodos masivos de población, ocasionados por las transnacionales que explotan sus riquezas.

“4.- Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los/as autónomos/as”. Se debe facilitar la consecución de las iniciativas empresariales de los ciudadanos inmigrantes, recortando trabas burocráticas puestas por la Ley de Extranjería. Se debe proteger a los TRADE, homologando sus derechos a los derechos laborales más básicos. Y combatir la figura del falso autónomo. En cuanto al impulso del sector primario debe estar unido a la prevención y sanción de la explotación laboral tan común en este sector.

“5.- Aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas”. El reconocimiento de la diversidad en España no viene solo por el reconocimiento de la diversidad de las “nacioanalidades” También se debe referir al reconocimiento de la diversidad nacional, étnica, racial, idiomática de la comunidad inmigrante dentro de España.

“6.- Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector”. Se debe proteger y promover las identidades culturales de los diferentes grupos poblacionales que componen la comunidad inmigrante.

“8.- Revertir la despoblación”. Promover la inmigración en los lugares donde se sufre la despoblación puede ser una buena solución para acabar con este problema.

“9.- Garantizar la convivencia en Cataluña”. La igualdad se debe garantizar no entre españoles, sino independientemente de la nación que se tenga.

“10.- Justicia fiscal y equilibrio presupuestario”. Se debe perseguir a aquellas multinacionales que apenas pagan impuestos en este país de acuerdo con su riqueza y dejar de buscar al inmigrante como chivo expiatorio porque envía remesas a sus familiares en su país.

Además de estas medidas, se pueden incluir muchas otras como:

-       Facilitar el arraigo social de las personas que se encuentran en situación irregular. Es inconcebible que en una sociedad que se dice democrática una persona tenga que esperar tres años de permanencia en España de forma irregular para poder regularizar su situación administrativa; en vez de esto, con un período bastante inferior se podría arraigar una persona, por ejemplo, un año, el doble del tiempo del máximo de estancia permitida sin NIE en España (son los casos de estudios, prácticas de hasta seis meses, por ejemplo). Es más, se debe primar el informe de arraigo social ante la acreditación de la solvencia económica tanto del empresario (obviamente, siempre y cuando no deba a Hacienda y a la Seguridad Social) como del trabajador (permitir obtener el permiso de residencia y trabajo con un contrato a tiempo parcial que en muchos casos sitúa el salario por debajo del SMI, pero siempre con el límite del IPREM).

-       Eliminar el arraigo laboral por mantener identidad de razón con el arraigo social y estar prácticamente en desuso. Recordemos que para el arraigo laboral se necesitan dos años, por lo que una persona en situación irregular antes de demandar a su empresario, primero, espera a los tres años del arraigo social.

-       Que se pueda pedir protección internacional más de una vez. Ahora mismo, una persona que pide protección internacional y no sigue el proceso, no lo puede volver a iniciar ante las autoridades de España.

-       Asistencia a los solicitantes de asilo y protección internacional desde el momento de la formulación de la solicitud.

-       Promover la naturalización de ciudadanos comunitarios en España, estableciendo un plazo más corto de residencia en España para solicitar la nacionalidad española y que tengan derecho a la doble nacionalidad y, por ende, que no tengan que renunciar a su nacionalidad de origen para obtener la española, así como se establece para los países iberoamericanos, Portugal y Guinea Ecuatorial. Actualmente, tienen que esperar diez años de residencia continuada en España para formular la solicitud de nacionalidad española; una verdadera discronía, puesto que, si en el S. XIX y XX se hicieron convenios de doble nacionalidad entre España y los países arriba mencionados, para no perder vínculos históricos y culturales, ahora que España está en la Unión Europea y comparte valores con otros países de la Unión, se debe facilitar la naturalización de los ciudadanos de estos países, para promover la integración no sólo entre países sino también entre ciudadanos.

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