Bolivia. Evalúa Evo Morales usar la fuerza en el departamento de Santa Cruz. Indignación por la paliza de jóvenes derechistas a indígenas collas. En el referendo, los electores determinarán el límite a los latifundios de 5.000 o 10.000 hectáreas

 

La Jornada/Afp y Dpa

El gobierno boliviano evalúa la posibilidad de utilizar la fuerza pública en el departamento de Santa Cruz, donde el pasado viernes grupos de choque de la derecha cruceña agredieron e insultaron con epítetos racistas a indígenas collas que apoyan la nueva Constitución Política, que será sometida a referendo el 7 de diciembre próximo.


El vicepresidente de la república, Álvaro García Linera, dijo este sábado que el ataque racista “avergüenza al país, a la región”, y solicitó que la fiscalía comience una investigación detallada sobre los hechos ocurridos el viernes en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento del mismo nombre.


Jóvenes afines al Comité Cívico de Santa Cruz interceptaron una marcha de collas que intentaban manifestar su apoyo al referendo convocado el jueves pasado por el presidente Evo Morales, para ratificar o rechazar la nueva carta fundamental boliviana.


Los collas pretendían llegar hasta la plaza central de la ciudad –gobernada por un militante de la derecha, al igual que el departamento– y festejar ahí la publicación del decreto 29691, con el que el mandatario respondió esta semana a la negativa de los opositores provinciales de derecha de dialogar sobre el proceso de ratificación de la nueva Carta Magna.


Una televisora local difundió imágenes en las que se pueden ver momentos en que los simpatizantes del gobierno socialista boliviano son sometidos con palos y puestos rodillas.


“¡Collas de mierda!”, “¡Que se vayan a su tierra, indios de mierda!”, “¡No queremos esta raza maldita!”, fueron algunos de los insultos proferidos por los activistas derechistas, que lograron la ratificación del prefecto Rubén Costas en el referendo revocatorio del 10 de agosto pasado.


Las hostilidades se extendieron sin clemencia contra mujeres indígenas que se instalan en las calles céntricas de Santa Cruz. Algunas de ellas fueron golpeadas en rostro y cabeza y aparecieron en las imágenes televisivas con cuerpos y caras ensangrentados.


Los agresores de los collas son un grupo de choque ultraderechista conocido como “unionistas”, cercano al Comité Cívico que encabeza el latifundista Branko Marinkovic.


Éste es el segundo incidente con claros tintes racistas que se registra en Bolivia este año. En mayo pasado, otro grupo de choque de la derecha obligó a indígenas quechuas a arrodillarse en la plaza central de la ciudad de Sucre y a gritar consignas contra Morales, de la etnia aymara.


Ese hecho fue condenado por la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general, el chileno Miguel Insulza, expresó el viernes anterior su preocupación por el rechazo que los gobernantes departamentales dieron al diálogo propuesto por el presidente.


Al comentar lo sucedido el viernes en Santa Cruz de la Sierra, García Linera consideró que “es un proceso de radicalización fascistoide y delictivo; hay que evaluar si no estamos pasando a un nivel que obligue a utilizar la fuerza pública, a la justicia, a obrar de manera más contundente frente a lo que sería la gestación de un grupo terrorista”.


Por su parte, el prefecto cruceño aseguró de su lado que no habrá referendo constitucional en ese departamento. “Este famoso decretazo no debe atemorizarnos”, dijo Rubén Costas, publicó hoy el diario La Razón –propiedad del Grupo Prisa de España–, que generalmente refleja los puntos de vista de la derecha boliviana.


En la misma edición, destacó declaraciones del dirigente del partido Poder Democrático y Social, Jorge Quiroga, quien dijo que el decreto 29691 dado a conocer el jueves pasado por Morales “es un golpe a la democracia, un llamado a la guerra civil”.


Por medio de ese decreto se convoca a los ciudadanos a decidir sobre la Constitución aprobada en diciembre pasado con el voto mayoritario de los socialistas y varios actos de boicot de parte de los partidos de derecha.


En el referendo, los electores también determinarán el límite a los latifundios (de 5 mil o 10 mil hectáreas) y se elegirán 112 subprefectos de las provincias en las que se subdivide Bolivia.

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