Bolivia y los organizadores de derrotas

Montándose en la crisis política abierta con el recuento de votos de la elección del 20 de octubre pasado, en Bolivia se está asistiendo al avance del poder militar, y de fuerzas políticas altamente reaccionarias. Aunque por ahora no hay elementos para afirmar que el país se encamina hacia una dictadura militar, al estilo Pinochet o Videla, la injerencia de las fuerzas armadas en la vida política ha dado un salto cualitativo.

Sin embargo, el análisis no se puede reducir a decir “aquí hubo un golpe de Estado, orquestado por la derecha, las FFAA y Washington”. Es que esa explicación pasa por alto que amplios sectores de las masas populares, incluidas porciones significativas de la clase obrera, se levantaron contra el gobierno del MAS. En este punto, incluso el calificativo de “golpe de Estado cívico político y policial” por parte de Morales en su renuncia, refleja que enfrentó una intensa oposición de, por lo menos, una parte muy significativa de la población. Con el agregado de que le retiraron su apoyo organizaciones que hasta hace muy poco lo sostenían. Dicho de otra manera, ningún gobierno cae porque un grupito de civiles y políticos le organiza “un golpe”. Menos todavía si está al frente del poder Ejecutivo desde hace 14 años, y tiene fuertes e históricas conexiones con organizaciones de la sociedad civil.

Por lo tanto, hay que preguntarse cómo fue posible que la derecha racista y religiosa lidere hoy a sectores de las masas bolivianas. Y cuestionarse por qué otros muchos trabajadores no se movilizaron, ni se movilizan, en defensa “del socialismo siglo XXI”. En particular, es imposible desconocer que el líder de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarahci, pidió la renuncia de Morales antes de que lo hicieran las Fuerzas Armadas, sin que enfrentara cuestionamiento alguno, medianamente serio, por parte de los trabajadores. Repito, ¿cómo fue posible? Remitir todo a Washington y derechistas manejando a su gusto a las masas equivale a no explicar nada.

Un texto de Raúl Zibechi

Para avanzar en la cuestión, en este apartado cito en extensión “Un levantamiento popular aprovechado por la ultraderecha”, (Universidad Nómada del Sur, 11/11/19), de Raúl Zibechi. Dice:

Los principales movimientos exigieron la renuncia [de Morales] antes de que lo hicieran las fuerzas armadas y la policía”.  Más adelante: La movilización social y la negativa de los movimientos a defender lo que en su momento consideraron “su” gobierno fue lo que provocó la renuncia. Así lo atestiguan las declaraciones de la Central Obrera Boliviana (COB), de docentes y autoridades de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), de decenas de organizaciones y de Mujeres Creando, quizá la más clara de todas. La izquierda latinoamericana no puede aceptar que una parte considerable del movimiento popular exigió la renuncia del gobierno, porque no puede ver más allá de los caudillos.

Sobre los antecedentes: “Este triste desenlace tiene antecedentes que se remontan, en apretada síntesis, a la marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) en 2011. Luego de esa acción multitudinaria, el gobierno empezó a dividir a las organizaciones que la convocaron.

 Mientras Morales-García Linera mantuvieron excelentes relaciones con el empresariado, dieron un golpe del Estado contra el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), dos organizaciones históricas de los pueblos originarios. Mandaron a la policía, echaron a los dirigentes legítimos y atrás llegaron, protegidos por la policía, los dirigentes afines al gobierno.

 En junio de 2012 CIDOB denunció “la intromisión del gobierno con el único propósito de manipular, dividir y afectar a las instancias orgánicas y representativas de los pueblos indígenas de Bolivia”. Un grupo de disidentes con apoyo del gobierno desconocieron a las autoridades y convocaron una “comisión ampliada” para elegir nuevas autoridades.

 En diciembre de 2013, un grupo de disidentes de CONAMAQ, afines al MAS, tomaron el local, golpearon y expulsaron a quienes allí se encontraban con apoyo de la policía, que permaneció resguardando la sede e impidiendo que las legítimas autoridades pudieran recuperarla. El comunicado de la organización asegura que el golpe contra CONAMAQ se dio para “aprobar todas las políticas en contra del movimiento indígena originario y del pueblo boliviano, sin que nadie pueda decir nada.

 El 21 de febrero de 2016 el propio gobierno convocó un referendo para que la población se pronunciara a favor o en contra de la cuarta reelección de Morales. Pese a que la mayoría dijo NO, el gobierno siguió adelante con los planes de reelección.

 Ambos hechos, el desconocimiento de la voluntad popular y la expulsión de las legítimas direcciones de movimientos sociales, representan golpes contra el pueblo.

 Más grave aún. En la mañana del miércoles 17 de febrero, días antes de la celebración del referendo, una manifestación de padres de alumnos llegó hasta la alcaldía de El Alto. Un grupo de cien manifestantes ingresó por la fuerza al recinto provocando un incendio en el que murieron seis personas. Los manifestantes que se escudaron en la movilización de los padres pertenecían al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

 Este es el estilo de un gobierno que denuncia “golpe” pero una y otra vez ha actuado de forma represiva contra los sectores populares organizados que enfrentaron sus políticas extractivistas.

 El camino hacia la renuncia

 Con estos precedentes, se desarrolló la votación del 20 de octubre. Como es conocido, el Tribunal Electoral dejó de anunciar los resultados a las 20 horas, cuando se había contado el 84% de los votos. En ese momento la ventaja de Morales sobre Mesa era de 7 puntos porcentuales y para evitar el ballotage Morales necesitaba 10 de diferencia. Sin explicación alguna, la información estuvo suspendida durante 23 horas. Cuando se reanudó, estaba contado el 95% de los votos, y Morales prácticamente evitaba el ballotage. La oposición denunció fraude, y una parte por lo menos significativa de la población pensó que, efectivamente, hubo fraude.

Al día siguiente, lunes, estallan las primeras manifestaciones de protesta, muchas de ellas violentas. El martes renunció a su cargo Antonio Costas, presidente del TSE, criticando la “desatinada decisión” de suspender la difusión del conteo preliminar durante tantas horas. A su vez, la misión de observación de la OEA, que había invitado el mismo Morales, y estaba integrada por representantes de 24 países, señaló que era muy difícil justificar el cambio drástico de los resultados electorales, y recomendó una segunda vuelta.

Morales respondió denunciando que estaba en marcha un golpe de Estado organizado por la derecha y con apoyo internacional. En respuesta, más gente se volcó a las calles y se generalizaron los enfrentamientos. El viernes 25 de octubre se conocieron los resultados definitivos, que daban triunfador a Morales por más de los 10 puntos necesarios de diferencia. Se profundizaron los enfrentamientos y la OEA, EEUU, la UE, Argentina, exigieron el ballotage. En los días siguientes se fortaleció Luis Camacho como líder de la derecha, en tanto continuaban los bloqueos y la paralización de actividades. El viernes 8 de noviembre comenzó el amotinamiento de la policía.

Finalmente, la nueva auditoría de la OEA dijo que había habido “una clara manipulación” del sistema informático con el que se realizó el conteo de votos, tanto para los resultados preliminares como en el conteo definitivo. Poco antes, la consultora panameña Ethical Hacking, contratada por el Tribunal Electoral, había afirmado que “el proceso electoral está viciado de nulidad”. Acorralado, el domingo 10 Morales anuncia nuevas elecciones, y la constitución de un Tribunal Electoral renovado con miembros de la oposición. Pero continuó la movilización en las calles, en tanto la policía seguía amotinada. Morales pidió entonces la intervención de las Fuerzas Armadas. Pero estas dijeron que no reprimirían y le “sugirieron” renunciar. A esa altura, y como ya hemos señalado, la COB le había retirado el apoyo y pedido la renuncia. Morales hizo caso, sin decir palabra sobre un golpe militar. Una extraña manera de enfrentar un golpe militar por parte de un dirigente “socialista y revolucionario”.

 Renuncias en serie, ascenso de Añez y Camacho y militarización de las calles

A la renuncia de Morales le siguió la de toda la línea sucesoria del MAS. El objetivo pareciera ser acentuar la crisis política, tal vez para presionar por una negociación en la que Morales aparezca como aquel que puede evitar una guerra civil. Es que ningún Estado funciona sin un Ejecutivo. Pero si esa fue la táctica (y no encuentro otra explicación a las renuncias en cadena), hay que decir que es desastrosa para la clase trabajadora. Es que profundizar la crisis, en estas circunstancias, sin tener el apoyo del movimiento obrero (al menos, no de su mayoría), y con fuerzas de extrema derecha en ascenso, solo puede llevar a un régimen más represivo, o de rasgos más acentuadamente bonapartistas. Es que no existe vacío de poder que pueda durar indefinidamente. La opinión pública termina clamando por orden, de la manera que sea. La militarización de las calles, a la que se asiste en estos días, se inscribe, y se legitima, en esta necesidad de orden burgués.

Por eso también, una variante de ese orden es un eventual gobierno de tipo bonapartista, pero “nacional y popular”, con apoyo de las Fuerzas Armadas, o de algún sector de estas. Tal vez esto explique el cuidado que tuvo Morales de no denunciar a las FFAA como partícipes de un golpe militar; incluso ahora habla de “sectores” de las mismas. Lo cual apuntaría, a más largo plazo, a una suerte de “socialismo estatista” sostenido en la burocracia estatal capitalista y el Ejército. Se trata de un programa que es respaldado por gran parte de la izquierda latinoamericana, y que se justifica, principalmente, en nombre del “antiimperialismo” (véase más abajo sobre las relaciones Morales – FFAA)

La otra variante es la que está tratando de consolidarse con la asunción como presidenta provisional de la vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Añez. Lo hizo con la presencia de apenas un tercio de los legisladores de la Asamblea Nacional. Pero tuvo el apoyo abierto de Camacho, de las FFAA y la policía, y recibió el inmediato reconocimiento de EEUU y Brasil. Está por verse, por supuesto, hasta qué punto las fuerzas del MAS se movilizarán en oposición a este nuevo gobierno. De todas maneras, es significativo que ayer mismo, 12 de noviembre, casi en coincidencia con la asunción de Añez, la COB amenazara con la huelga general para exigir el restablecimiento “del orden constitucional”. La asunción de Añez fue respaldada, apenas minutos después, por una resolución del Tribunal Constitucional.

Antecedentes del fortalecimiento del rol de las FFAA

Así como hemos señalado los antecedentes en la relación de Morales con el movimiento obrero y los movimientos sociales que llevaron a la actual crisis, es necesario destacar que el gobierno de Morales hizo todo lo posible por potenciar el rol de los militares en la economía y la sociedad boliviana.

Así, en agosto pasado, en la conmemoración de los 194 años de la creación de las Fuerzas Armadas, Morales anunció que las mismas formarían parte del directorio de empresas estratégicas “para que cuiden los intereses nacionales”. Prometió también no acabar con el servicio militar obligatorio “porque significaría acabar con las FFAA”. Dijo también que deseaba modificar la doctrina de la defensa y “realizar su gran sueño de convertir a la Escuela Militar Antimperialista en un Comando del Sur del pueblo y para el pueblo; no solo para el pueblo boliviano, qué mejor para el pueblo latinoamericano y todos los pueblos del mundo”

Pero además, los militares dirigen la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional. Entre otras empresas, están: Fábrica Nacional de Explosivos; Fábrica Boliviana de Municiones; Transporte Aéreo Militar; Transporte Aéreo Boliviano; Empresa Nacional Automotriz; Unidad de Explotación de Recursos Hídricos; Unidad Productiva Agrícola Bermejo; Química Básica Boliviana. Asimismo ya participaron como administradores, entre otras, en Empresa Construcciones del Ejército; Empresa Naviera Boliviana; y Corporación de Seguro Militar.

Por otra parte, han recibido equipamiento abundante y gozan de buenos ingresos. En 2018, en ocasión del 193 aniversario de la creación de las FFAA, el ministro de Defensa José Zavaleta López recordó que desde 2006 el Estado había invertido 5800 millones de bolivianos en el equipamiento militar. Recordó asimismo que el incremento acumulado de los salarios militares entre 2006 y 2018 había sido del 182%. Además, los militares se jubilan con pensiones que igualan el 100% del último ingreso que reciben estando en actividad. Lo cual incluye el cobro por diversos bonos con que son beneficiados los altos mandos. Ningún trabajador boliviano obtiene una jubilación semejante.

Los organizadores de derrotas 

A fines de los años 1920 León Trotsky escribió una larga crítica a las políticas de conciliación de clases de la Tercera Internacional, que fue publicada bajo el título Stalin, el gran organizador de derrotas. Con las adaptaciones del caso, podemos aplicar el mismo calificativo a los nacionalismos burgueses y burocráticos, que se disfrazan de revolucionarios para terminar llevando a las masas al callejón sin salida de la desmoralización, el desconcierto y, peor todavía, la división y el enfrentamiento. El avance de las fuerzas armadas, y de elementos profundamente reaccionarios, se desarrolla sobre este terreno.

La cuestión clave, y que ha hemos planteado en otras notas –particularmente, las referidas a Venezuela- es que el socialismo solo puede ser construcción consciente de las masas laboriosas, no de lúmpenes, burócratas y arribistas, y milicos encaramados al aparato del Estado. Menos todavía se puede construir de la mano de la burguesía (¿acaso Morales no se llevó muy bien, durante años, con la burguesía sojera y similares?). Ni siendo un aplicado ejecutor de los “equilibrios macroeconómicos recomendados por el FMI” (¿es necesario recordar que el gobierno del MAS fue considerado ejemplar, durante los años del boom de las materias primas, por gran parte de la burguesía latinoamericana, y por los organismos financieros internacionales?).

Por eso, reducir toda la cuestión a “esto es un golpe preparado por el imperialismo” es lavar las responsabilidades que le caben a los nacionalismos burgueses y burocráticos. Con el agravante de que al negar que sea justa la lucha por libertades democráticas (incluida la lucha contra un fraude electoral), la izquierda cede esta bandera a la derecha, y se aliena las simpatías de amplios sectores de las masas oprimidas (sobre la tradición del socialismo de defensa de las libertades democráticas, aquí). Aunque no se trata de un error “teórico”. La cuestión de fondo es la inclinación al nacionalismo burgués, y a toda forma de capitalismo de Estado, o burocrático, a los que caracterizan, en esencia, como “progresistas”. Por eso también el discurso de algunos dirigentes argentinos que se dicen marxistas, referido a Bolivia (o a Venezuela), se parece como dos gotas de agua al del nacionalismo pequeñoburgués más o menos radical.

Subrayo: en Bolivia hoy la clase obrera no tiene presencia política propia, significativa. El “socialismo siglo XXI” no la ha fortalecido, política o ideológicamente. Peor todavía, la ha dividido profundamente. Y esto por encima de que, durante algunos años, haya habido una mejora de las condiciones de vida de las masas explotadas.

La esencia del programa del marxismo es la lucha por la independencia de clase. El explotado no debería confiar ni por un momento en el burgués, por más “pequeño” que sea, por más “progresista” y “nacional” que se presente; o por más “indígena” que se considere. Ni confiar en el burócrata, por más “socialista” que se califique a sí mismo; ni en el milico que jura por “patria o muerte” para darse vuelta a la primera de cambio. Preparar las condiciones para que la clase explotada pueda derrotar a la derecha es inseparable de la ruptura con toda forma de conciliacionismo de clase y comandos burocráticos.

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