Espiral autoritaria y elecciones controladas en Bolivia

 

Con la aprobación de la nueva “Ley excepcional” para elecciones generales, y la próxima celebración de éstas, en Bolivia se pone en juego la recuperación del proceso de emancipación de los pueblos de Bolivia y su contracara basada en los intereses geoeconómicos y geopolíticos del imperialismo estadounidense y la oligarquía subordinada.

Para Estados Unidos, los vínculos de la región latinoamericana con las “actividades depredadoras chinas” y  otras “interacciones malignas” (Rusia, Irán), son una “amenaza” que “no puede tolerarse” (M. Pompeo, 02/12/2019). Para el imperialismo, el mantenimiento de la hegemonía global implica reproducir el dominio y explotación sobre los países periféricos y dependientes. De ahí que la defensa de la soberanía representa de modo invariable una lucha anti-imperialista, lo que supone la lucha por una democracia sustantiva en Nuestra América.   

La contradicción de las “máscaras democráticas” con las que el imperio reviste sus regímenes-satélite reside en que se ve obligado a aceptar el mantenimiento de consultas electorales.

Al considerar por ejemplo que en el periodo 2002-2017, en solo siete países de la región se celebraron 25 elecciones presidenciales y los gobiernos “progresistas” perdieron únicamente en una sola ocasión (con Macri en 2015), puede decirse así que dichas consultas fungen como un factor de triunfo para las clases populares.

Bolivia no es la excepción. Con Evo, el partido del MAS ganó con el 53% de los votos en el año 2005; con el 64% (2009); con el 61% en (2014); y en las últimas elecciones del 20 de octubre, acusadas de fraude apriorísticamente por la OEA y demás bases golpistas, el candidato del MAS ganó con el 47% de los votos, muy arriba de Carlos Mesa que obtuvo el segundo lugar con el 36.5% de los sufragios.

Sin duda, dicha contradicción de establecer un “régimen-cliente” mediante consulta electoral, en distintos casos puede volverse de alto riesgo para el imperialismo. Ante la dificultad de abolir el sufragio, el gobierno estadounidense se ve obligado a adoptar una vía de solución a dicha contradicción: establecer un régimen de excepción, tomar las riendas de las elecciones y construir condiciones de control sobre las fuerzas participantes, los candidatos, los resultados.

¿Por qué el guión de Juan Guaidó se basa en el “cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres”? Porque para el imperialismo el principal instrumento para establecer elecciones controladas es el conjunto de órganos del aparato estatal, del cuerpo institucional gubernamental. De ahí el empeño primero en defenestrar (que Maduro consiga con sus amigos una “linda hacienda” en la isla de Cuba, Rex Tillerson dixit), y posteriormente instaurar un “gobierno de transición”, que en esencia dé forma a un régimen de excepción orientado a la construcción de condiciones políticas que permitan el control del proceso electoral.

En este sentido, con el régimen de facto encabezado por Jeanine Áñez, Bolivia experimenta el establecimiento de una forma de gobierno de excepción (policial-militar) con “máscara democrática”, con el claro objetivo de construir condiciones de control político, judicial, mediático y social que logren diezmar las capacidades políticas de las fuerzas populares y al partido del MAS, e instauren así una modificación en las relaciones de fuerza en los próximos comicios.[1]

El régimen golpista de Áñez ha venido quebrantando las garantías políticas, democráticas y constitucionales de los ciudadanos bolivianos. Ha extendido el asedio, el control y la represión contra las fuerzas indígenas-populares, organizaciones sociales y de clase, esto es, contra la gran masa del Estado plurinacional. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Bolivia, al día 3 de diciembre, son ya 35 muertos, 832 heridos, más de mil 500 detenidos en total (103 detenidos actualmente).  

La base de la “legalidad electoral” son los derechos políticos, democráticos, constitucionales. Cuando éstos son conculcados al conjunto de los ciudadanos, la voluntad soberana es usurpada. ¿Cómo puede manifestarse dicha voluntad cuando son aniquilados sus derechos políticos, ciudadanos, democráticos? 

El gobierno de excepción encabezado por Áñez y dirigido por Estados Unidos confía en enmascarar mediante su narrativa de “elecciones justas, libres y transparentes”, un Estado de contra-inseguridad y/o policial establecido en el país andino para desmantelar la resistencia social  y desmovilizar a las fuerzas populares del MAS, en el marco de lo que los mismos golpistas llaman “prevalecimiento de los lineamientos de la Constitución y el derecho”.

En este contexto se acentúan las persecuciones y detenciones arbitrarias a los dirigentes sociales, representantes y funcionarios del MAS. Se infunden narrativas de “defensa de la seguridad nacional” (“narcoterrorismo”, “sedición”, “delitos de lesa humanidad”, etcétera) que justifican la acentuación del Estado policial, operativos de represión (policial-militar) y las acciones de encauzamiento de un proceso electoral bajo control.

Así, el discurso oficial de los principales funcionarios del gobierno de facto se basa en gran medida en criminalizar y judicializar la protesta social, a tal grado que han venido transformando al partido del MAS en un “puñado de vándalos” que han secuestrado “a los once millones de bolivianos” cuyo “líder” (Evo) cuenta con demandas por los delitos de “terrorismo”, “alzamiento armado”, “crímenes de lesa humanidad”. Sobre este último, le ha valido la notificación de alerta azul de Interpol en diez países.

A los reconocimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a que “no hay garantías para una investigación interna imparcial” sobre la violencia desatada en el país luego de la renuncia de Evo, y principalmente respecto a  “por lo menos dos masacres claramente verificadas” (Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto) con 9 y 10 personas asesinadas, la aventurera Jeanine Áñez designó al represor y exvicepresidente (de la dictadura de Hugo Banzer), Jorge Tuto Quiroga como delegado del Gobierno para “explicar a la comunidad internacional sobre la violación de derechos humanos”. ¿Son estas las garantías de legalidad y justicia del gobierno golpista?

La expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, ha señalado con claridad que “sobre el olvido de las víctimas y la impunidad de los victimarios, el proceso de elecciones extraordinarias no podrá ser legítimo”. Al mismo tiempo, ha expuesto que las autoridades de facto “no permiten las mínimas garantías democráticas para participar en un proyecto electoral” (29/11/2019).

Escalamiento autoritario y control electoral

En el marco del escalamiento autoritario el gobierno ha creado el nuevo Grupo Anti Terrorista (GAT), el que ha iniciado operaciones en Santa cruz y La Paz. La canciller boliviana Karen Longaric ha insistido en la persecución a exministros y funcionarios del gobierno del MAS entregando ordenes de aprehensión, negarles salvoconductos para su exilio en México, y obligándolos a permanecer encerrados en la embajada de México en Bolivia. Del mismo modo,  se presenta la acción de negarles el derecho a la ciudadanía e identidad con el pedido de pasaportes de Evo y Álvaro García Linera para contenerlos en México y negarles sus derechos de libre tránsito, así como el ejercicio de sus derechos políticos en su país.

Áñez ha designado a Salvador Romero como primer vocal titular del Tribunal Supremo Electoral, el cual fue designado funcionario electoral en el gobierno de Carlos Mesa en 2004, mismo que volverá a registrarse como candidato presidencial en la próxima elección.

La senadora Bilgay Mendez, del partido Unidad Demócrata (UD), presentó un proyecto de ley para cumplir con la demanda de la Policía Nacional de “nivelación salarial y de beneficios de jubilación” en condiciones equivalentes a las Fuerzas Armadas, lo que no es sino el “pago” a la Policía Nacional tras su desconocimiento al gobierno de Evo.  

En la investigación sobre la verificación del audio en el que presuntamente se escucha la voz “de Evo” solicitando bloqueos a las ciudades y por el cual se pretende llevarlo a juicio internacional, la fiscalía de Bolivia descartó el laboratorio argentino seleccionado para ello y lo sustituyó por uno “de origen colombiano” (sic).

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, anunció el día 3/12/2019 un “plan” para que mil 300 “perseguidos políticos” en “los casi 14 años de gobierno de Evo Morales” puedan “volver al país”, de tal modo que se puedan “restablecer garantías constitucionales para toda la gente que ha sido de manera ilegal o indebidamente perseguida los últimos 14 años”.

Sin duda, esta última acción se levanta como la bandera de las “garantías constitucionales” ofrecidas por el “gobierno de transición” a los “perseguidos políticos”.     

Preparando la resistencia

Por otro lado, Evo celebró el “heroico Pacto de Unidad y otras organizaciones sociales que a través de los ampliados y reuniones de emergencia, planifican la resistencia movilizada al golpe de Estado de la derecha racista y la recuperación de la democracia por la vía electoral”.

Si bien parlamentarios del MAS que lideran la representatividad con dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional no han sacado adelante la “Ley de Garantías” que aseguren los derechos político-constitucionales para todos los bolivianos, se ha señalado que ello será discutido junto a la elaboración de la decisiva estrategia política y electoral (el próximo sábado 7 de diciembre) en un “ampliado nacional de emergencia” a celebrarse en Cochabamba por militantes y bases regionales integrantes del Movimiento al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) así como por organizaciones y movimientos sociales afines al partido.     

El día 2 de diciembre Evo señaló en entrevista para Página/12: “Tengo una responsabilidad como jefe del MAS. Yo tengo un profundo debate interno sobre qué hacer. Para el pueblo boliviano, para el instrumento político, para el MAS, ¿sirvo más como asilado en México o encarcelado en Bolivia? Yo estaré donde sirva más… Y mientras tanto estoy todo el tiempo en contacto con los dirigentes: pido sugerencias y comentarios.”

Bajo este escenario, imposible no voltear al régimen de excepción instaurado en Brasil y la experiencia de Lula, con quien Evo ha conversado en días recientes.

Si bien Bolivia no es Brasil, hay que señalar que cuando Lula se entregó a la policía, la Justicia lo silenció en la campaña electoral prohibiéndole entrevistas. Finalmente, el candidato del PT, Fernando Haddad, quien aun con un buen desempeño en la campaña, no le alcanzó para derrotar al candidato del régimen de excepción, Jair Bolsonaro, quien se valió de acciones irregulares de empresas privadas,  falsos mensajes de whatsApp, del papel de EU e Israel, entre otros recursos ilegales para conseguir el “triunfo electoral”. Además, hay que decir que si Lula ha recuperado su libertad después de 580 días (que no es definitiva), fue en gran parte en función de la Vaza Jato, aquella magna operación de filtración y publicación de los mensajes y conversaciones instantáneos del exjuez Sergio Moro y los fiscales a cargo de la operación Lava Jato, mensajes que desnudaron la operación corrupta de la Justicia brasileña dirigida por EU, y que modificó las condiciones de fuerza en la Corte Suprema de Brasil ante un bolsonarismo  fascista en creciente afrenta con un ala del poder judicial durante este año 2019.   

Una cuestión es muy clara en el abanico de cartas de que dispone el imperialismo: la exclusión de los principales mandatarios de Bolivia de cualquier participación e influencia en el proceso electoral, esto es, suprimirlos y marginarlos de lo que Mike Pompeo encubre y enmascara en lo que llama el “amanecer” del “sol de la democracia” en “nuestro hemisferio”.



[1] Ver nuestro artículo, Nuevas elecciones bajo Estado policial (¿Qué hacer?), 25/11/2019, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=262831

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