Acuerdo presupuestario Gobierno-Podemos ¿Corrección social de un gobierno neoliberal y obediente de la UE?

Unidos Podemos ha optado por estabilizar y legitimar el gobierno del PSOE consiguiendo elementos de corrección social de un modelo que no se ve alterado en términos globales.

 

Unidos Podemos y el gobierno han alcanzado un acuerdo para poder apoyar las cuentas para el año 2019. Sólo el PNV ha mostrado su apoyo (aunque no gratis) hasta el momento y aún faltan cinco diputados más, al menos, para superar los 166 del bloque conservador. Mientras, PdCat se mantiene ambiguo y ERC en contra. A día de hoy los números no salen, lo que podría conducir a que el gobierno adopte los presupuestos del PP como propios. Veremos.

En relación al acuerdo, el perfil macroeconómico global del presupuesto resultante es restrictivo. Lleva la impronta de los límites establecidos por Bruselas, su adaptación a la senda de déficit, que se fija con un 1,8% del PIB, menos que años anteriores, pero tampoco es un presupuesto del viejo gobierno del PP. Desde el lado del gasto público, los presupuestos son contractivos (descenderá al 40,9% del PIB en 2019 desde el 41,2% del PIB de 2018). En su composición interna dejan la inversión pública, cuyos efectos multiplicadores son mayores que el resto del gasto, en un raquítico 1,9% del PIB (para poder dar espacio a la mejora de algunos capítulos sociales). En el lado de los ingresos, también prevé elevar la presión fiscal en seis décimas, pasando del 34,93% al 35,54% del PIB, con algunas mejoras progresivas del régimen fiscal. Según cálculos de Podemos, con las medidas acordadas podría elevarse los ingresos públicos en torno a los 7000 millones y los gastos en unos 4500 millones de euros. En balance todo ello permite el control del déficit, más que incluso los gobiernos del PP, para adecuarse a los parámetros del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

A este respecto, en la negociación han caído no pocas cosas de lo que Unidos Podemos ya planteaba, en principio ya de manera autocontenida. Muchos de los puntos inicialmente propuestos se han vaciado o sustituido por una promesa de puesta a discusión. Los capítulos sobre regulación del sistema financiero han sido aplazados. Sin embargo, hay aspectos de corrección social que dispondrá el potencial presupuesto en cuanto a sus contenidos que, incluso a pesar de la moderación sufrida en el proceso de negociación, no son desdeñables. Era el pacto posible en el marco de una negociación política a alto nivel que no ha disfrutado de una ola de movilizaciones, ni se ha organizado tal cosa, que le permitiera ir más lejos. En conclusión, tenemos un acuerdo que, de aprobarse, comportaría una corrección social a un presupuesto de rumbo social-liberal. Un pacto que, al gobierno, le deja en buen lugar. Compromete a soberanistas si no se aprueban, ata a Unidos Podemos a la narrativa del control del déficit y al horizonte acotado, y no sabemos si realista, de aspirante a socio de gobierno, y le permite al gobierno volver a marcar agenda política.

En suma, lo juicioso es contener la euforia sobre el acuerdo, sin dejar de apreciar algunas medidas positivas para las clases populares que, de alguna manera también van más lejos del presupuesto. Al mismo tiempo que exige indicar los límites, y la restricción de los horizontes políticos de transformación a los que se verán condicionadas las fuerzas del cambio.

Ingresos

El tipo mínimo efectivo será un 15% para el impuesto de sociedades para grandísimas empresas. El tipo efectivo actual sobre el resultado contable que pagan los grandes grupos empresariales es del 6,14%, lejos del 25% nominal. El Gobierno pretende que las grandes empresas paguen un mínimo del 15% sobre la base imponible, para las empresas que facturen más de 20 millones de euros, y no sobre el resultado contable, algo que limita el impacto recaudatorio a 1.800 millones anuales y no los 4000 millones previstos. Se hubiera resuelto mejor con una retención mínima obligatoria del 15%, que además hubiera servido de cortafuegos a la evasión y elusión fiscal) supone un buen avance, así como el incremento del tipo mínimo efectivo al 18% para las entidades de crédito e hidrocarburos. Se reduce, por el contrario el tipo nominal del 25% al 23% a las pequeñas empresas. A este respecto, hay que hacer notar que cada vez más pequeñas empresas forman parte de un espacio satélite de los grandes grupos y empresas red, en forma de subcontratas, franquiciados o filiales, y habría que ver hasta qué punto los grandes grupos de empresas van a proseguir externalizando formalmente su red de empresas, para fragmentarlas y entrar en los umbrales fiscales más favorables.

El alcance del impuesto sobre patrimonio será también muy limitado. Aunque el tipo de un un 1% para las fortunas de más de 10 millones, es razonable, al ser el impuesto competencia de las comunidades autónomas, el Gobierno lo podrá aplicar a los no residentes. Realmente el impuesto de patrimonio tendría mejor función como competencia estatal como fórmula de registro de propiedad actualizada, como instrumento de identificación de beneficiarios reales de la potencial evasión fiscal, aunque luego se le aplicara un mínimo exento elevado. Pero nada de esto ha estado en discusión.

La implantación de un impuesto de transacciones financieras para las empresas cotizadas también es positiva, al menos puede comportar un pequeño cortafuegos a la especulación diaria.

En relación a la imposición de la economía digital, la propuesta no se diferencia en nada de la discusión que se están produciendo en la UE. La aplicación de un 3% en la facturación es un mecanismo no negativo pero inadecuado e insuficiente para grabar a las grandes empresas digitales (Amazon, facebook, etc...), y que sólo puede encontrar una solución apropiada con el impulso de una armonización y cooperación fiscal de los tipos impositivos del impuesto de sociedades en Europa, con mecanismos consistentes en la armonización de las bases imponibles, e yendo más allá del CCCTB discutido en la UE, con la aplicación de un tipo mínimo efectivo en los impuestos de los países europeos (o incluso a mayor escala), y el establecimiento de una retención fiscal equivalente a dicho tipo mínimo efectivo.

La reforma del IRPF para gravar un poco más a las rentas muy altas, un 2% más a aquellos que ganen más de 130.000 euros anuales y un 4% a los que superen los 300.000, es para saludar, pero comportará no muchos ingresos adicionales, dada la pequeña fracción de población en dichos umbrales. La reducción de los tipos del IVA, como impuesto indirecto, también son saludables, sin embargo distan de una reforma más ambiciosa. El esquema idóneo habría de haber sido otro: un impuesto sobre las grandes fortunas, un impuesto de patrimonio estatal con propósito de registro de propietarios y beneficiarios reales, un aumento mayor de los tramos superiores del IRPF para rentas mayores a 50.000 euros, una bajada generalizada del IVA o su conversión a ecotasa gravando la emisión de gases de efecto invernadero.

En relación a la lucha contra los paraísos fiscales no se especifica qué estándares mínimos son los que caracterizarán una guarida fiscal (a nuestro juicio, un tipo impositivo muy bajo, falta de cooperación e intercambio de información fiscal, o la permanencia de mecanismos opacos para indagar en la evasión fiscal y el lavado de dinero). De hecho, la asunción de los tipos de listas adoptados en el marco internacional no es ninguna novedad ni ningún avance, porque España ya los adopta y dichos marcos son extraordinariamente laxos y permisivos. Puede también observarse algunos avances en la lucha contra el fraude que, aunque no incluye algo tan decisivo como potenciar la inspección fiscal y las sanciones disuasorias, deben valorarse positivamente.

Gastos

En este capítulo el detalle es mucho más rico, y dentro de un volumen de presupuesto restrictivo en relación al PIB (que todavía crece), y se incluyen medidas progresistas reseñables.

Para el mundo del trabajo asalariado se va a notar, pudiendo afectar indirectamente en torno a un 40% de personas trabajadoras, el incremento a 900 euros (brutos) del SMI, que tiene un efecto directo en el 12% de personas asalariadas que ganan incluso menos de esa cifra. Va a haber mejoras tangibles un el segmento de la clase asalariada con salarios bajos, y representan un porcentaje importante, en los próximos tres años, aunque está por ver su traducción en el nivel de cotizaciones. El avance en este capítulo, si no se agua con el tiempo, sería un salto fuerte que no se daba desde hace 40 años.

En materia de pensiones, se incluyen condiciones no sólo para mantener el derecho de nuestros mayores, también hay mejoras reales para las pensiones más bajas, por encima del poder adquisitivo. También el sistema va a encontrar algunas medidas, aunque no todas de las que se esperaba, que reforzarán el capítulo de ingresos, fundamental para fortalecer el sistema de seguridad social, así como la revisión a la baja de las bonificaciones que no aportaban nada a la creación de empleo y fundamentalmente abaratan los costes laborales con un simple efecto sustitución entre colectivos a emplear.

Una medida muy positiva es la adopción de un modelo concreto de PIINA, de permisos parentales, de aplicación graduación en el marco de la negociación colectiva (algo que le resta efectividad y universalidad), y aunque 16 semanas seguirá siendo insuficiente, para dentro de tres años, una de las causas de discriminación de la mujer se puede ver aminorada, al tener el hombre que corresponsabilizarse en las tareas de crianza y el empresariado no poder tratar de manera tan desigual a ellas y ellos, cuanto menos por el periodo de permiso. Harina de otro costal es cómo se aprovechen por los varones y cómo se sigan repartiendo las tareas durante los permisos y posteriormente. Es un paso adelante en cualquier caso.

Hay mejoras puntuales en el capítulo educativo para favorecer al acceso a la educación pública. En el de sanidad la universalidad o los límites a la privatización tenemos que valorarlos muy positivamente.

El capítulo de vivienda también se nutre de buenas noticias, protegiendo más la estabilidad del inquilino, recuperando derechos e incluso mejorando aspectos para contener la especulación urbanística, aunque con la desigual cooperación que pueden ofrecer las corporaciones locales. Las viviendas asequibles o las ayudas a la rehabilitación, aunque en número y alcance modesto, deben valorarse como una primera experiencia piloto.

La posibilidad de utilizar el superávit para gasto social y educativo por parte de las entidades locales es positivo. Pero seguimos sin romper el tabú del límite del déficit, y el a veces imprescindible papel anticíclico del sector público. En Barcelona o Madrid esto puede favorecer a segmentos de la población, mientras que en la mayor parte de municipios no tendrá repercusión.

En materia de regulación laboral, se recuperan algunos derechos y la parte gruesa de la discusión se le da una patada hacia delante, quedándose en el aire. La ultraactividad no se consolida, aunque puede que se amplíe el plazo de caducidad de los convenios, y las garantías ante posibles reestructuraciones no se detallan. A este respecto, el gran capítulo pendiente de esta negociación es no haber conseguido, ni siquiera la derogación de la reforma de 2012, dando por admisible, desgraciadamente parte de aquella y la propia del PSOE. Los llamamientos a un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI fácilmente quedará en palabras, pero bienvenido sea el debate, si es que se realiza.

En materia medioambiental hay medidas positivas para contener los excesos de las eléctricas en la factura, y en materia de atajar la pobreza energética, y medidas que ayudarán a las renovables, pero que están lejos, más allá de la invocación al debate y los grupos de trabajo sobre la materia, de medidas favorables a un cambio de modelo productivo.

Las medidas democráticas y antirrepresivas plantean mejoras y alivios, pero no acaban con los problemas de nuestro sistema electoral y con el autoritarismo del sistema judicial y policial.

Conclusiones políticas

Unidos Podemos ha optado por estabilizar y, posiblemente, legitimar el gobierno del PSOE, y a través de la negociación, consiguiendo elementos de corrección social de un modelo que, sin embargo, no se ve alterado en términos globales. La correlación de fuerzas sociales y parlamentarias han facilitado este estrecho margen, que se traduce en recuperación de derechos y sostenibilidad material para colectivos muy golpeados hasta la fecha. Hay que verlo como una de las primeras materializaciones de un largo ciclo político de luchas que se ha estrechado a la negociación parlamentaria.

El problema ahora es cómo contar estas recuperaciones de derechos para segmentos de la sociedad muy vulnerables, y de algunas contenciones desiguales y limitadas a ciertos abusos, explicando que están lejos de un avance social real. El gobierno va a verse legitimado por estas medidas. Pero las fuerzas del cambio deben presentar un modelo alternativo superador. El riesgo está en idealizar estas medidas de contención y de recuperación de algunos derechos, sin que se ponga énfasis en que pueden hacerse las cosas de otra manera y de ir más lejos. Por de pronto, se menciona que los logros no son todo lo ambiciosos que se querían, pero debe advertirse que la ambición inicial con la que se abordó la negociación tampoco era tanta. Si no hay un ideario y propuestas que se defiendan que vayan más lejos, y una organización de la movilización social, el escenario político puede traducirse en una nueva subalternización, aspirante a un rincón en el gobierno, y lo que debería ser sólo un principio convertirse en el agotamiento de un ciclo progresivo.

 

Daniel Albarracín, sociólogo y economista, es miembro del Consejo Asesor de viento sur

https://vientosur.info/spip.php?article14268

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