Cierre Naval Gijón. Denuncia criminal de la CSI ante la Fiscalía de Asturias por presunto delito contra la libertad sindical de los responsables de Nagisa, Pymar, CCOO, UGT, Consejería Industria y Dirección de Trabajo

Corriente Sindical de Izquierda 

 

A LA FISCALIA


SAMUEL FERNANDEZ FERNANDEZ, con D.N.I. nº 10.569.622 H, Secretario General del Sindicato CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDA (C.S.I.), en nombre y representación del mismo, y con domicilio a efectos de notificaciones en GIJÓN, calle Sanz Crespo nº 3, bajo, ante esa fiscalía comparece y como mejor proceda en derecho DICE:

Que de acuerdo con los arts 259 y ss y 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal así como con el art. 5 de la ley 50/1981, de 30 de diciembre por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y en cumplimiento de lo previsto en los art. 264 de la primera ley citada, a medio del presente escrito formula la siguiente DENUNCIA respecto de los siguientes hechos por si los mismos pudieran ser constitutivos de algún ilícito penal.


HECHOS


Primero.- Que el sindicato al que represento tiene implantación en la empresa Naval Gijón SAU, a medio de tres representantes en el Comité de Empresa, junto con otros 3 pertenecientes a UGT y 3 a CCOO.

Segundo.- Desde al menos el año 2002, el sindicato al que represento ha sido excluido de todas las negociaciones sobre el futuro y viabilidad de la empresa NAVAL GIJON SAU, en una clara discriminación sindical, que atentaba gravemente a la libertad sindical constitucional y penalmente protegida.

En esas negociaciones siempre participaron la empresa NAVAL GIJON SAU, la empresa PYMAR (Pequeños y Medianos Astilleros en reconversión SA), por ser el mayor acreedor de la empresa y ser quién realmente dirige y gestiona la misma, así como las Federaciones Regionales del Metal de UGT y CCOO y en algún caso la propia CONSEJERÍA DE INDUSTRIA del Principado de Asturias.

A pesar de la implantación del sindicato denunciante en el ámbito de la empresa, nunca fueron llamados a tales negociaciones, lo que obligó al mismo a interponer las correspondientes demandas vía laboral sobre atentado a la libertad sindical, en su contenido adicional de derecho a la negociación colectiva, siendo resueltas las dos sentencias hasta ahora dictadas a favor de la CSI, declarándose la vulneración del derecho de libertad sindical.

Tercero.- De la primera de las sentencias dictadas conoció el Juzgado de lo Social nº 1 de Oviedo, autos 1273/2002, siendo recurrida por varios de los condenados, dictándose nueva sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, confirmatoria de la de primera instancia, recurso de suplicación 2415/2004 ( SE ACOMPAÑAN COMO DOCUMENTOS 1 Y 2).

Los hechos objeto del citado procedimiento vienen dados por una serie de reuniones de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo del Principado de Asturias, con la empresa NAVAL GIJON SAU y representantes de la Federación Regional del metal, Construcción y Afines de la UGT(Unión General de Trabajadores) y de la Federación Minerometalúrgica de CCOO(Comisiones Obreras), que culminó con un acuerdo de los mismos, en desarrollo del denominado programa de actuación para el periodo 1999-2003 presentado por la empresa, sobre prejubilaciones, constituyendo asimismo una comisión de seguimiento del acuerdo.

De tales reuniones y del acuerdo se excluyó a la CSI, e igualmente de la comisión de seguimiento.

Tanto por parte de la primera sentencia, como posteriormente, por la dictada por la Sala de lo Social del TSJ, se condena a los citados por atentado a la libertad sindical y entre otros argumentos que sirvieron de base para su condena podemos citar literalmente, lo reflejado en la sentencia del Tribunal Superior:

Si bien los recurrentes, en los motivos de censura jurídica que formulan con amparo en el art. 191 c) LPL ( RCL 1995, 1144, 1563) , niegan que su presencia en la reunión de octubre de 2002 y la falta de convocatoria a ella del sindicato actor tenga virtualidad para atentar contra el derecho a la libertad sindical del preterido, sustentan la defensa en una realidad distinta de la plasmada en la sentencia impugnada.

Por más que intenten desdibujar el contenido de la reunión, para limitarlo a cuestiones directamente relacionadas con el ajuste laboral aprobado y los compromisos sobre éste adquiridos por el Principado de Asturias y la empresa, lo cierto es que los temas tratados en ella fueron más amplios. En el encuentro se abordaron muy diversos problemas relativos al presente y al futuro de la empresa, tal y como deja constancia sucinta el hecho sexto de los declarados probados en la sentencia, que afectan directamente al porvenir de las relaciones laborales. No solo cumplió el acto una finalidad divulgativa o informativa sobre la marcha de la empresa, las previsiones de futuro y los obstáculos para el saneamiento económico de la actividad empresarial, sino también supuso un intercambio de opiniones, un planteamiento de sugerencias concretas e incluso, en alguna intervención de los sindicatos asistentes, una llamada de aviso sobre la respuesta sindical ante cualquier acto perjudicial para los derechos de los trabajadores. Tan plural contenido rebasó desde luego el ámbito del acuerdo sobre el ajuste laboral, alcanzado en el año 2000 con la autoexclusión del sindicado demandante, y lo hizo en el respecto de una empresa, Naval Gijón, SA, donde el sindicato accionante tiene una indiscutible representatividad.

Aun cuando el objeto inmediato de la reunión no fuera entablar de inmediato una proceso de negociación entre los partícipes sobre aquellas otras materias distintas del ajuste laboral promovido, la exclusión del sindicado CSI afectó negativa e injustificadamente su derecho al ejercicio de la actividad sindical, así como constituyó un acto idóneo para menoscabar su imagen en la empresa. En efecto, privado de una información importante, a diferencia de los sindicatos UGT y CCOO, y situado al margen en el tratamiento de temas con influencia sobre las relaciones laborales, su posición ante los trabajadores se ve disminuida por contraste con la de aquellos sindicatos y su capacidad material como interlocutor para la defensa de los derechos de los trabajadores experimenta igualmente una merma. La celebración del acto en su ausencia supone por eso un perjuicio para la libertad sindical del actor, sin justa causa, ante el cual resulta procedente la tutela judicial demandada y pronunciada –arts. 2.1 d) y 2 d) de la Ley Orgánica 11/1985 ( RCL 1985, 1980) , de libertad sindical, en relación con los arts. 12 y 15 del mismo texto legal, y los arts. 175.1 y 180.1 LPL.

Cuarto.- De la segunda de las sentencias dictadas conoció el Juzgado de lo Social nº 3 de Gijón, autos 590/2007, siendo recurrida por varios de los condenados y por el propio sindicato CSI, dictándose nueva sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ampliando la condena de la de primera instancia, recurso de suplicación 524/2008 ( SE ACOMPAÑAN COMO DOCUMENTOS 3 Y 4).

Los hechos objeto del citado procedimiento vienen dados por una serie de reuniones en septiembre de 2007 celebradas también entre NAVAL GIJON SAU y representantes de la Federación Regional del metal, Construcción y Afines de la UGT(Unión General de Trabajadores) y de la Federación Minerometalúrgica de CCOO(Comisiones Obreras) así como la empresa PYMAR (Pequeños y Medianos Astilleros en reconversión SA), por ser el mayor acreedor de la empresa y ser quién realmente dirige y gestiona la misma, sobre diversos temas entre ellos el inminente cese de la actividad de naval Gijón SAU, de las particularidades de las prejubilaciones a diseñar y de las posibles recolocaciones en Factorías Juliana.

De tales reuniones se excluyó, de nuevo, a la CSI, siendo condenados de nuevo los participantes por atentar a la libertad sindical.

Tanto por parte de la primera sentencia, como posteriormente, por la dictada por la Sala de lo Social del TSJ, se condena a los citados por atentado a la libertad sindical y entre otros argumentos que sirvieron de base para su condena podemos citar literalmente, lo reflejado en la sentencia del Tribunal Superior.

Tal argumentación olvida por completo que el Tribunal Constitucional ha señalado con reiteración que “en el derecho de libertad sindical está implícita la exigencia de igualdad entre los diferentes sindicatos” y que “es posible introducir diferencias entre los sindicatos, pero siempre que el criterio utilizado para diferenciar a unos de otros sea objetivo y la distinción establecida no pueda estimarse como arbitraria, por ser proporcionada y razonable a la finalidad constitucionalmente legítima perseguida (STC 228/92, con cita de las SSTC 39/86, 7/80 y 183/92). Siguiendo esa doctrina constitucional el Tribunal Supremo viene diciendo en numerosas sentencias que el derecho de libertad sindical incluye la prohibición de trato diferenciado entre los sindicatos que no responda a criterios objetivos y, por ello, el principio de igualdad está subsumido en tal derecho, de tal forma que la vulneración del primero conlleva la del segundo, cuando esa diferencia de trato no tiene una justificación razonable y objetiva.

Acreditado, en el caso, que a lo largo del mes de septiembre de 2007, la empresa recurrente, PYMAR y los sindicatos CCOO Y UGT celebraron tres reuniones en las que hablaron del cierre de la empresa, con intercambio de pareceres acerca de prejubilaciones y posibles recolocaciones sin llamar ni permitir la intervención del sindicato CSI, pese a la representatividad que ostenta y a que las materias tratadas son propias de la negociación colectiva , es patente la vulneración de su fundamental derecho de libertad sindical al carecer de la mas mínima justificación la marginación de que ha sido objeto en temas tan cruciales como los abordados en las reuniones, marginación que incide directamente en su derecho de acción sindical, esto es, en su derecho a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores afectados por el cierre. “

Quinto.- A pesar de lo relatado y de tales condenas, vuelven de nuevo esas partes, a vulnerar ese derecho fundamental y constitucionalmente prescrito, a la libertad sindical.

Con fecha 5 de noviembre de 2008 la empresa NAVAL GIJON SAU, comunica al Comité de empresa la solicitud de un EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO, en el que se recoge el cierre de la empresa con prejubilaciones de unos trabajadores y despidos de otros. Desde ese momento y por la falta de entrega de la documentación legalmente prescrita, el comité entiende que no pueden llevarse a cabo las negociaciones pertinentes, comunicándolo a la autoridad laboral competente ( SE ACOMPAÑA EL ULTIMO ESCRITO PRESENTADO CON FECHA 1/12/08 COMO DOCUMENTO 5), lo corrobora también el hecho de que el propio comité se reunió con el Director General de Trabajo para exigirle la citada documentación el día 2/12/08 (VER DOCUMENTOS 6 Y 7).

Sin embargo esta parte, tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación que al menos la empresa NAVAL GIJON SAU, PYMAR y las federaciones señaladas de UGT y CCOO, posiblemente la CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS y LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO SEGURIDAD LABORAL Y EMPLEO, mantuvieron diversas reuniones sobre tal Expediente de regulación, sin que de nuevo este sindicato, CSI, fuera convocado a participar en las mismas, conculcando de nuevo el derecho de libertad sindical, así entre otros hechos podemos citar los siguientes:

  1. Con fecha 3 de diciembre de 2008 se publicó en los periodicos LA NUEVA ESPAÑA Y COMERCIO lo siguiente:

  • En LA NUEVA ESPAÑA, y firmado por M. Castro, lo siguiente “Responsables de MCA-UGT y de la Federación Minerometalúrgica de CCOO cerraron el pasado lunes un preacuerdo con Pequeños y Medianos astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) para facilitar la salida del dique de naval Gijón del último buque portacontenedores que construye para el armador alemán Komrowski. El preacuerdo gira entorno a las condiciones económicas para indemnizar a los trabajadores de Naval Gijón que no se podrán prejubilar cuando cierre el astillero gijonés, a principios del próximo año. El pacto alcanzado será sometido mañana jueves a la consideración de la asamblea de trabajadores del astillero de Poniente, que decidirá si lo ratifica o lo rechaza” Luego continúa relatando las condiciones del preacuerdo(SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO 6).

  • En EL COMERCIO, y firmado por E. Arenas/E. Rodríguez, se añade un dato importante, después de relatar las condiciones del preacuerdo, “ Según fuentes de UGT, el Principado jugará un papel importante en esta solución, ya que “se ha comprometido a ayudar en la recolocación de los trabajadores en empresas del sector del metal” (SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO 7).

  1. Con sorpresa, pues como se indicó nada se había negociado por parte del Comité de empresa con la misma en relación al ERE presentado, NAVAL GIJON SAU presentó al comité una propuesta, el mismo día de la publicación en los periódicos pero téngase en cuenta que los mismos cierran la edición el día anterior, que indicaba era “ULTIMA Y DEFINITIVA”, que coincidía con la señalada por los periódicos reseñados y que indicaban era un preacuerdo de PYMAR, UGT ,CCOO, posiblemente la Consejería de Industria del Principado de Asturias y además la Dirección General de Trabajo Seguridad Laboral y Empleo. Es más enmascarando tal negociación, se indicaba en tal propuesta que algunos aspectos eran consecuencia de peticiones realizadas por los sindicatos reseñados (SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO 8).

Es evidente, por tanto, que de nuevo, todos los condenados en las sentencias referidas continuaron con sus acciones penalmente ilícitas de conculcación del derecho a la libertad sindical, al no citar de nuevo, para la negociación sobre el futuro de la empresa NAVAL GIJON SAU al sindicato denunciante, y ello a pesar de solicitar reiteradamente a PYMAR y a la empresa, tras la última sentencia citada, que fueran convocados en el supuesto de que hubiera algún tipo de reunión, al margen del comité de empresa, sobre los aspectos referidos.

Sexto.- Entendemos que los hechos descritos pueden ser constitutivos de un presunto delito de impedir o limitar el ejercicio de la libertad sindical, contemplado en el art. 315.1 del Código penal que dice literalmente

1. Serán castigados con la penal de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga”.

Téngase en cuenta la gravedad de los hechos relatados pues a pesar de dos sentencias condenatorias por vulneración del derecho de libertad sindical, y pedir a los condenados expresamente que se citara al sindicato denunciante para las negociaciones que en el futuro existieran, nunca fueron informados de las mismas ni citados para su participación, negando en todo momento la existencia de las mismas y llevándolas a cabo de manera totalmente clandestina para desconocimiento del denunciante.

También ha de tenerse en cuenta, respecto de la presunta autoría lo prescrito en el art. 318 que literalmente indica

Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.

Por todo lo expuesto,

SUPLICA AL MINISTERIO FISCAL que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo con los documentos y copias que se acompañan, por tener por formulada la presente denuncia criminal acordando la apertura de las diligencias informativas y práctica de las mismas que estimare oportunas para la persecución del delito descrito y los posibles responsables del mismo.

Como diligencias a practicar para la comprobación de los hechos descritos y posible autoría se proponen por esta parte, al margen de las que entienda pertinentes esa fiscalía, las siguientes:

1ª Testifical de los periodistas que dieron la información reseñada en el presente denuncia, para su ratificación:

  • Por parte de la NUEVA ESPAÑA, MANUEL CASTRO, que puede ser citado en la dirección del periódico, Gijón, calle Rodríguez San Pedro nº 5-1º.

  • Por parte del COMERCIO, ENRIQUE ARENAS Y ELENA RODRIGUEZ, que pueden ser citados en la dirección del periódico, Gijón, calle Diario El Comercio nº 1.

2ª Se tome declaración, en base a lo prescrito en el art. 318 del código penal, en cuanto responsables de las personas jurídicas denunciadas, sobre los hechos relatados:

  • Por parte de la empresa NAVAL GIJON SAU, PEDRO L GARCIA SANZ, Administrador único de la empresa, con domicilio en calle Mariano Pola nº 34. (Gijón)

  • Por parte de la empresa PYMAR, (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión), con domicilio en Avda. Cardenal Herrera Oria, 57 (Madrid)

  • Por parte de la Federación Minerometalúrgica de CCOO, MAXIMINO GARCIA SUAREZ, con domicilio en C/ Sanz Crespo nº 3 (Gijón)

  • Por parte de la Federación del Metal, Construcción y afines de U.G.T., EDUARDO DONAIRE YANEZ, con domicilio en Mariano More, nº 22 (Gijón)

  • Por parte de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, su consejero Don Graciano Torre González, con domicilio en Plaza España, 1 (Oviedo)

  • Por parte de la Dirección General de Trabajo Seguridad Laboral y Empleo, ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ , con domicilio en C/ San Francisco, 21- 3ª planta (Oviedo)



En Gijón a 23 de diciembre de 2008.

 


Fdo. Samuel Fernández Fernández

Secretario General de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI)

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