¿En qué se basa este abismo -superior a la mitad del precio reconocido oficialmente- abierto entre el coste estimado por los responsables portuarios y el reclamado por las constructoras? La UTE Dique Torres asegura que a la hora de elaborar la liquidación no se hizo una correcta valoración económica del coste del material procedente de la cantera de Perecil (Carreño), ni se incluyó la partida correspondiente a los costes derivados de los temporales. Dice además que las mediciones de los materiales utilizados difieren entre una y otra parte, que hay unidades de obra que variaron de forma sustancial en el proyecto modificado con respecto al proyecto inicial pero que aún así no se les reconoció un precio nuevo, que hubo nuevos sobrecostes por causas ajenas a la UTE y que se hicieron obras adicionales que no estaban en el modificado.

El montante global que reclama la UTE asciende en concreto a 349.710.746,46 euros, de los que 301,4 millones corresponden a las «partidas no abonadas», otros 25 millones a la revisión de precios correspondiente a esas mismas partidas y los 23,2 millones restantes a los intereses de demora. En todo caso, en sus diferentes reclamaciones ha reiterado que el presupuesto de ejecución que se plasmó en la modificación del contrato era de 715,6 millones de euros, frente a los 623 reconocidos como «obra realmente ejecutada». A este respecto, aunque la UTE destaca, haciendo referencia a lo plasmado en el acta de recepción, que «los trabajos han sido concluidos a plena satisfacción de la Autoridad Portuaria», desde El Musel se insiste en todo momento en que «el contratista no adquirió el derecho a cobrar ese importe», sino la posibilidad de alcanzar ese tope, siempre de acuerdo con las mediciones y los precios establecidos para cada unidad de obra en el contrato.

 

La cantera de Perecil

La principal reclamación de la empresa, al menos en lo que se refiere a su cuantía, son los 163,9 millones de euros que entiende que debería recibir por el coste no reconocido por el puerto de parte del material utilizado para acometer el relleno de los fondos marinos, la escollera y la fabricación de los bloques de hormigón. En concreto la empresa supone impagados 157,9 millones de euros correspondientes al «sobrecoste» asumido en el transporte y explotación del pedraplén y la escollera procedente de la cantera de Tudela Veguín en Perecil, y 5,9 del «suplemento debido al transporte de áridos de hormigones procedentes de canteras comerciales».

 

Para entender la diferencia de posturas con respecto a esta reclamación, es necesario retrotraerse a la licitación de la obra. En los pliegos de prescripciones técnicas la Autoridad Portuaria señalaba que sería responsabilidad del contratista «la elección de las canteras» en las que obtendría el material necesario para acometer los trabajos, si bien señalaba la existencia de un convenio con Hidroeléctrica del Cantábrico «que posibilita la explotación de la cantera de Aboño». HC se reservaba la facultad de solicitar la paralización inmediata de esa explotación si necesitara los terrenos para cualquier otra finalidad. La UTE, por su parte, apuntaba que además de esa cantera de Aboño había otra próxima en Perecil, y que se había alcanzado un acuerdo para explotar parte de la misma para la obtención de escolleras y pedraplén. Finalmente, las necesidades de HC impidieron usar durante los dos primeros años de obra la cantera de Aboño y, para poder contar con el material suficiente para llevar adelante los trabajos, fue necesario recurrir a canteras situadas en la zona central de Asturias y en León.

 

Para compensar el sobrecoste que suponía recurrir a estas explotaciones más alejadas de El Musel, se establecieron nuevos precios para este material. Si inicialmente se había establecido un pago de 7,30 euros por cada metro cúbico de pedraplén y de 8,25 euros por cada metro cúbico de escollera que se usaran en la obra, en la revisión se señalaron para el material procedente de esas nuevas canteras unos nuevos precios de 26,34 euros y 29,30 euros por cada metro cuadrado, respectivamente.

 

El conflicto llega ahora al entender la constructora que esos mismos precios deberían regir para la cantera de Perecil, algo que el puerto descarta, con informes de la Abogacía del Estado, argumentando que esa explotación formaba parte de su oferta y que las operaciones de obtención, transporte y puesta en obra del material procedente de esa cantera estaban incluidos en el cuadro de precios original, por lo que no procede aplicar para ellas unos nuevos costes. «Resulta ilógico afirmar que la UTE voluntariamente decidió acudir a fuentes de suministro a las que no se le aplicaría la compensación del sobrecoste», se defiende la UTE, que recuerda que la cantera de Perecil era una explotación comercial, igual que las otras que usó, y no una cantera a plena disposición de la obra.

 

Previsión de temporales

Otro asunto que distancia al puerto y a la constructora es el referente a la partida reservada en el modificado del proyecto -el documento por el que la obra se encareció en 250 millones de euros- para hacer frente a los daños causados por los temporales. La UTE pide cobrar íntegros los 11,4 millones de euros que se contemplan en este capítulo, si bien desde El Musel se considera que «no ha demostrado que los temporales entren en la categoría de fuerza mayor (...) ni que sus efectos fueran catastróficos» y tampoco que la indemnización por estos daños no pueda ser asumida por una aseguradora.

 

En el capítulo de mediciones del material utilizado y los trabajos ejecutados, las diferentes valoraciones que hacen el puerto y la UTE llevan a esta última a reclamar 5,9 millones de euros más. Otros 17,3 millones de la cantidad total que demanda los atribuye a la necesidad de aplicar nuevos precios, diferentes a los reconocidos en el contrato, para parte de los materiales de cantera.

 

En concreto, basa su reclamación en que «la intensificación del uso de canteras para la aportación de relleno, obligó a obtener materiales que han presentado unas condiciones de arranque y excavación más difíciles.

 

Algo parecido ocurre con los dragados. En el contrato se marcaba un precio determinado para los trabajos de dragado en roca -cuando fuera necesario hacer voladuras o quebramientos para separar el material- y otro para el dragado en gravas y arenas. Sin embargo, se trabajó también en el dragado en bolos y escolleras, un material que según la empresa no se encuadra en ninguna de las categorías anteriores, que precisó para su extracción equipos especiales, y para el que, por lo tanto, debería haberse establecido un nuevo precio. Por estos dragados pide 3,3 millones de euros más.

 

Cambios en el proyecto

Un aspecto más que lleva a la UTE a reclamar pagos adicionales son las «unidades de obra» que al firmar el modificado variaron con respecto al proyecto original, pero aún así no se les reconoció un nuevo precio. Por ejemplo, destaca la «actualización» de los medios utilizados para fondear los grandes cajones que se utilizaron para construir el Dique Norte.

 

Desde el puerto se responde que la UTE fue quien propuso los medios y el procedimiento necesario para fondear los cajones y que antes de firmar el modificado llegó a colocar ya 19 de los 33 previstos, por lo que cuando se elaboró el nuevo documento ya sabía el coste que tenía esta operación. Aún así, en el documento se mantuvo el precio inicial, algo que la UTE ratificó con su firma. Ahora, sin embargo, reclama por este capítulo 42,7 millones de euros más.

 

La demanda de Dique Torres también se refiere a trabajos en los que surgieron cambios después de que se hubiera firmado el proyecto modificado. En total por este capítulo pide 17,8 millones, principalmente por el aumento de la superficie en la que fue necesario hacer un dragado en roca, entre otras cosas para la cimentación de los cajones. Pero se incluye también aquí la reclamación de casi 730.000 euros al entender que es el sobrecoste que supuso el acopio y el extendido en un lugar diferente al previsto -se usó como relleno en el puerto- de los 200.000 metros cúbicos de arena que estaba previsto destinar a la regeneración de San Lorenzo.

 

En otro apartado la UTE pide 12,2 millones por los sobrecostes sufridos en la ejecución de algunos trabajos por causas ajenas a la empresa. Destaca ahí el encarecimiento de la obra en 10 millones como consecuencia de la reprogramación de actuaciones y la movilización de equipos que tuvo que afrontar para poder entregar en la fecha marcada -octubre de 2009- la explanada donde se iba a construir la regasificadora. También pide nueve millones de euros por la ejecución de obras que, según asegura, no estaban contempladas en el contrato. Incluye en este capítulo el pantalán para la terminal de graneles líquidos y el acondicionamiento y las protecciones construidas en la explanada de Aboño para evitar los daños de los temporales en su planta de machaqueo, barreras que según El Musel la UTE construyó por su cuenta y riesgo.

 

De los capítulos restantes resulta curiosa la reclamación de un millón de euros por las escaleras de los espaldones. Según El Musel, es lógico que existan. Según la UTE no estaban en el proyecto y por tanto deben abonarse aparte. Los tribunales dirán quién tiene razón.

 

El Comercio