Se asiste, pues, a la redición, en España, de un escenario parecido al que se vivió en México a finales de la década antepasada –cuando se convirtieron los pasivos de los bancos en deuda pública a través del Fobaproa–, que representa una radiografía nítida de la indiferencia al drama social que se vive en diversas naciones del viejo continente –Grecia y España, de manera notoria– y del designio neoliberal de rescatar a toda costa a los capitales privados.

En efecto, mientras que el plan referido representa una bocanada de oxígeno para entidades bancarias que tuvieron una responsabilidad inocultable en la génesis de la crisis que azota actualmente al viejo continente –particularmente por sus préstamos alegres en el sector inmobiliario–, para la sociedad española, sometida a la inflexibilidad y la dureza de sus autoridades, representará cuotas adicionales de sufrimiento y sacrificio social y humano.

Menguado orgullo puede representar para España, por lo demás, la afirmación de su ministro de Economía, Luis Guindos, de que el rescate europeo no representa la más mínima cesión de soberanía, cuando las medidas exigidas por la troika europea a otras naciones en dificultades a cambio de ayuda han sido aplicadas de antemano y en forma unilateral por el gobierno español: cobijado en la amplia votación que su partido recibió en la elección de noviembre pasado, Mariano Rajoy ha comenzado a imponer desde hace meses una descarnada ortodoxia neoliberal que amenaza con destruir el estado de bienestar que España había venido construyendo desde el fin de la dictadura, que se afecta tanto a los asalariados y los jubilados –desprovistos de golpe de conquistas históricas–, como a desempleados y trabajadores migrantes indocumentados –privados de casi todos los servicios de salud– y que deja prácticamente sin futuro a los sectores juveniles.